La Dirección General de Impositiva recaudó en mayo 55.023 millones de pesos, lo que significa un incremento en su recaudación del 2.7% en comparación con mayo de 2022. 

El incremento se da luego de tres caídas consecutivas, aunque si se considera la recaudación neta, descontando la devolución de impuestos, se registró una caída real del 2.5% en su comparación interanual. 

En el acumulado del año se registró un incremento del 1.7% en términos corrientes, mientras que si se descuenta el efecto inflacionario se registra una caída del 0.3%, comparando los primeros cinco meses de 2023 con el mismo período de 2022.

El Impuesto al Valor Agregado volvió a ser el impuesto con mayor aporte con un 46,1% del total, con  25.347 millones de pesos, lo que representa una suba real de 4,1% en su comparación interanual. El IVA sufrió una caída de 1.4% en términos reales si se comparan los primeros cinco meses de este año con el mismo período del año pasado.

El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) recaudó 10.796 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 10,9% en términos reales frente al mismo mes del año pasado y en lo que va del año aumentó 3.5%, en comparación con el período enero-mayo de 2022.

A 100 años de la aprobación de la primera Ley de Zonas Francas en Uruguay el sector  genera un retorno seis veces mayor por cada dólar exonerado y ocupa a unas 30 mil personas entre puestos directos e indirectos.

El 20 de junio de 1923 se aprobó la primera Ley de Zonas Francas que fue sustituida por otras hasta llegar a la normativa actual, que rige desde 1987. Las primeras zonas francas habilitadas fueron en las áreas portuarias de Colonia y Nueva Palmira y otra en Bella Unión.

Las propuestas originales para establecer un régimen de zonas francas en el país surgieron durante la primera presidencia de Jose Batlle y Ordoñez (1903-1907), cuando se enviaron dos misiones técnicas a Europa y Estados Unidos, con la finalidad de estudiar el régimen portuario. 

A partir de ese análisis se originaron iniciativas dirigidas al establecimiento de zonas francas en Montevideo, Colonia, y Nueva Palmira, con el objetivo de fomentar el establecimiento de empresas comerciales e industriales sobre la base de la extraterritorialidad aduanera y de la exoneración a los usuarios de todo tipo de tributos. 

La última normativa, que llegó con la aprobación de la ley N° 15.921 en diciembre de 1987, innovó y facilitó la inversión, creó las zonas francas privadas y el régimen contractual para los usuarios, superando ampliamente los resultados logrados con la legislación anterior.

Bajo la ley N° 15.921, que tuvo algunas modificaciones en 2017, se multiplicaron las zonas francas industriales, comerciales y de servicios en Uruguay, contando actualmente con 15 autorizadas en diversas regiones, entre las que se destaca la planta de celulosa UPM II, considerada la mayor inversión privada del país.

En 2022 comenzó la construcción de la primera zona franca exclusiva de servicios en Punta del Este, y este año se aprobó la instalación de un proyecto con similares características en Colonia.

Un informe realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) en base a datos extraídos del último censo de zonas francas de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta ese año había más de 1.000 empresas habilitadas para operar en territorio franco, que ocupaban directamente a más de 15.000 personas, con una remuneración promedio que duplica a la de los trabajadores extra régimen.  A su vez, de forma indirecta se generaron casi 14.000 puestos adicionales, alcanzando los 29.000 empleos, el 2% del total de ocupados en el territorio nacional.

Las exoneraciones tributarias otorgadas a territorios francos totalizaron en promedio los US$ 280 millones entre los años 2014 y 2019. El beneficio generado por las empresas alcanzó cerca de US$ 1.600 millones anuales.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocará la semana que viene al Consejo Superior Tripartito, donde presentará las pautas salariales que marcarán la próxima ronda de Consejo de Salarios entre empresarios y trabajadores.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, adelantó que los lineamientos que presentará el gobierno para la negociación en el sector privado “reflejará el compromiso de completar la recuperación del poder adquisitivo del salario”, un punto que fue marcado como prioritario durante su presentación ante la Organización Internacional del Trabajo.

Las pautas llegarán a pocos días del vencimiento de unos 280 convenios que, según informó El País, estarían venciendo el próximo 1ª de julio. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) es uno de los grupos que llegarán a la negociación con el convenio vencido.

Desde el PIT-CNT estiman que la pérdida del salario real alcanza, en los salarios más sumergidos, el 8% desde la emergencia sanitaria, por lo que esperan pautas acordes a esa reducción. Si bien el gobierno en 2021 planteó que la recuperación total se daría en 2025, no se descarta que pueda extenderse un año.

Según el Instituto Cuesta Duarte hay unos 549.000 ocupados con ingresos por debajo de los 25 mil pesos lìquidos por 40 horas semanales, casi 100.000 más que los registrados en 2019.

El próximo 17 y 18 de julio Uruguay firmará un acuerdo de entendimiento con la Unión Europea para impulsar proyectos vinculados con el hidrógeno verde. La firma se realizará en el marco de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realizará en Bruselas.

Con la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea, se espera un impulso en el vínculo con la región, en momentos en que Uruguay pone en marcha una de las inversiones más grandes de su historia, con cuatro mil millones de dòlares que serán destinados a la planta de hidrógeno verde en Paysandù y otros proyectos vinculados a energías renovables.

Si bien el acuerdo no implicará inversión directa, significará el respaldo del bloque europeo sobre las condiciones de inversión generadas en Uruguay y ofrecerá fondos de garantía para las inversiones.

El acuerdo se firmarà en el marco de la nueva estrategia europea denominada “Global Gateway”, que promueve conexiones sostenibles y fiables útiles para las personas y contribuye a la lucha contra el cambio climático hasta la mejora de los sistemas sanitarios y el impulso de la competitividad y la seguridad de las cadenas de suministro global.

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)  concretó la donación de computadoras a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que serán utilizadas en escuelas técnicas de la Dirección General de Educación Técnico Profesional.

François Borit, representante de CAF en Uruguay, señaló que esta acción representa “un motivo de gran satisfacción por poder seguir construyendo una relación sólida con ANEP, que redunda en una mejora de las condiciones necesarias para llevar adelante la noble tarea de educar a niños, niñas y jóvenes de Uruguay al poner solo un granito de arena, como es a través de la entrega de equipos de computación para el uso y el beneficio esta institución”.

Según Borit, el organismo multilateral identificó la oportunidad de apoyar a esta institución educativa a través de la entrega de 36 equipos de computación completos de la marca HP, “que serán de gran utilidad para los estudiantes de UTU” y que buscan promover las tecnologías de la información. 

El presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, Robert Silva, agradeció esta iniciativa de CAF, que simboliza “el afianzamiento y el fortalecimiento de nuestros vínculos en lo que tiene que ver con la política educativa que estamos llevando adelante y que para nosotros es muy importante porque nos permite seguir avanzando. En este caso, estamos recibiendo una colaboración que va a impactar en los servicios educativos donde sea asignada”.