A 100 años de la aprobación de la primera Ley de Zonas Francas en Uruguay el sector  genera un retorno seis veces mayor por cada dólar exonerado y ocupa a unas 30 mil personas entre puestos directos e indirectos.

El 20 de junio de 1923 se aprobó la primera Ley de Zonas Francas que fue sustituida por otras hasta llegar a la normativa actual, que rige desde 1987. Las primeras zonas francas habilitadas fueron en las áreas portuarias de Colonia y Nueva Palmira y otra en Bella Unión.

Las propuestas originales para establecer un régimen de zonas francas en el país surgieron durante la primera presidencia de Jose Batlle y Ordoñez (1903-1907), cuando se enviaron dos misiones técnicas a Europa y Estados Unidos, con la finalidad de estudiar el régimen portuario. 

A partir de ese análisis se originaron iniciativas dirigidas al establecimiento de zonas francas en Montevideo, Colonia, y Nueva Palmira, con el objetivo de fomentar el establecimiento de empresas comerciales e industriales sobre la base de la extraterritorialidad aduanera y de la exoneración a los usuarios de todo tipo de tributos. 

La última normativa, que llegó con la aprobación de la ley N° 15.921 en diciembre de 1987, innovó y facilitó la inversión, creó las zonas francas privadas y el régimen contractual para los usuarios, superando ampliamente los resultados logrados con la legislación anterior.

Bajo la ley N° 15.921, que tuvo algunas modificaciones en 2017, se multiplicaron las zonas francas industriales, comerciales y de servicios en Uruguay, contando actualmente con 15 autorizadas en diversas regiones, entre las que se destaca la planta de celulosa UPM II, considerada la mayor inversión privada del país.

En 2022 comenzó la construcción de la primera zona franca exclusiva de servicios en Punta del Este, y este año se aprobó la instalación de un proyecto con similares características en Colonia.

Un informe realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) en base a datos extraídos del último censo de zonas francas de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta ese año había más de 1.000 empresas habilitadas para operar en territorio franco, que ocupaban directamente a más de 15.000 personas, con una remuneración promedio que duplica a la de los trabajadores extra régimen.  A su vez, de forma indirecta se generaron casi 14.000 puestos adicionales, alcanzando los 29.000 empleos, el 2% del total de ocupados en el territorio nacional.

Las exoneraciones tributarias otorgadas a territorios francos totalizaron en promedio los US$ 280 millones entre los años 2014 y 2019. El beneficio generado por las empresas alcanzó cerca de US$ 1.600 millones anuales.