En el marco de la Expo Sostenible, realizada en el Antel Arena, el holding uruguayo CSI-Ciemsa y la compañía especializada en economía circular RLG organizaron una charla en la que la empresa internacional presentó un resumen de su experiencia en Latinoamérica con su plan de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

La exposición estuvo a cargo de Daniel Ott, gerente para Latinoamérica de RLG, quien destacó el recorrido de la empresa, que comenzó en Europa y fue expandiéndose por el resto del mundo en respuesta a las nuevas normativas y obligaciones que enfrentan los productores, quienes buscan un prestador que los acompañe en el cumplimiento de estas exigencias, ya sea en planes de gestión de RAEE, baterías, envases o empaques.

El prestador de servicios en el mundo de la economía circular llegó a la región en 2012, cuando comenzaron a surgir las primeras legislaciones orientadas a los productores. Actualmente, la empresa está presente en nueve países de Latinoamérica.

En Uruguay, el consorcio Ciemsa-CSI-RLG trabaja desde hace más de un año junto a Plan Vale en el diseño del Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso (SDDR) de envases de bebida de un solo uso, y ahora se prepara para implementar un plan de RAEE en el país, tras la aprobación del decreto 292 en 2024.

Durante su presentación, Ott remarcó la magnitud del problema. Se estima que en el mundo existen alrededor de 50 millones de toneladas de RAEE. “Es difícil calcular con precisión la cifra exacta. Intentamos estimarlo y llegamos a la conclusión de que, si ponemos en fila computadoras de escritorio desechadas, le daríamos la vuelta a la Tierra seis veces. Y solo con los desechos anuales”, explicó.

Además, subrayó que “solo el 20% de los RAEE son gestionados correctamente a nivel global”. Agregó que “en Latinoamérica la situación es aún más crítica. Sabemos que apenas se gestiona entre el 5% y el 10% de estos residuos”.

Ott también presentó el informe Global E-Waste Monitor 2024, que analiza el desequilibrio económico vinculado a la gestión de los RAEE, considerados “minas urbanas”. Según el estudio, su correcta recuperación podría generar 28 mil millones de dólares en ganancias y evitar gastos de 23 mil millones de dólares para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para alcanzar estos beneficios, se estima que sería necesaria una inversión de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, la tendencia actual no acompaña, ya que las pérdidas y los costos externalizados asociados a la salud humana y al medio ambiente se calculan en casi 78 mil millones de dólares, lo que representa un déficit global de 37 mil millones.

El plan recomendado por RLG para revertir esta situación es el sistema de economía circular y destaca la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) como un factor clave para lograrlo. “Uruguay es un país con una trayectoria muy importante en materia de REP y ha desarrollado trabajos muy significativos gracias al trabajo de sus productores”, afirmó Ott.

El proceso comienza con la venta de aparatos eléctricos y electrónicos, que una vez utilizados deben ser transportados a puntos de recolección o centros de acopio y consolidación. En estos lugares, los dispositivos se reciclan o reacondicionan para volver a su productor original o distribuidor, quien puede comercializarlos nuevamente.

Este modelo, según Ott, promueve el ecodiseño, el uso eficiente de materiales y recursos, y facilita el desmontaje, además de fomentar la eliminación de materiales tóxicos. “La experiencia global muestra que este es el camino”, señaló.

El sistema está conformado por distintas partes, entre ellas, la generación de residuos, el marco legal, la concientización, la recolección, la participación de Organizaciones Responsables de Productores (ORP), los mecanismos de financiación, las infraestructuras de reciclaje y el seguimiento y control. “El sistema solo funciona cuando todos los puntos son atendidos”, enfatizó el gerente de RLG.

Ott también subrayó la importancia de establecer un sistema regulado y controlado, que garantice condiciones justas y equitativas para todos los productores, sin importar su tamaño. Además, hizo hincapié en el rol de los gobiernos locales, que deben comprender sus responsabilidades dentro del esquema y evitar trasladarlas a los productores o a los gestores del plan.

Entre los mecanismos de recolección que recomienda RLG, cuya implementación varía según cada normativa nacional, se encuentran la instalación de puntos o campañas de recolección para acercarse al consumidor final, la educación a los productores para desarrollar programas internos de reciclaje o reúso, y el incentivo a las empresas para que ofrezcan beneficios a sus clientes por la devolución de productos obsoletos.

“Los aportes de RLG en la región han mostrado resultados positivos”, indicó, especialmente en países como Perú y Colombia, que fueron de los primeros en crear normativas medioambientales en Latinoamérica y que actualmente recolectan miles de toneladas de residuos al año.

“Toda la experiencia que tenemos en RLG la queremos aportar en Uruguay. Por eso estamos trabajando junto a CSI y CIEMSA en la implementación de un sistema de gestión de residuos que nos permita concretar nuestras ideas. Creo que lo que se viene será muy interesante”, concluyó.