Nicolás Martinelli, ministro del Interior

“Hace cuatro años que la cantidad de los delitos de hurto, rapiña y abigeato baja de modo sostenido y, por lo tanto, ya podemos hablar de una tendencia firme”, aseguró el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en parte del extenso informe de situación brindado ante empresarios, autoridades y dirigentes políticos y sindicales convocados por Somos Uruguay en un evento de la serie Desayunos Útiles.

Martinelli alertó, sin embargo, que el problema mayor que afronta la cartera a su cargo es la recurrencia de los homicidios y admitió que los datos indican que “hay una suerte de meseta”, más allá de que ha mermado en algo la incidencia de ese delito respecto de los niveles de 2018 y 2019. Por eso, dijo, es que se ha hecho foco allí y en este primer semestre se registró una caída de casi de 6 % respecto del mismo período del año pasado.

El combate más exitoso ha sido contra las rapiñas, “el delito que más preocupa a los uruguayos”, con guarismos que llega a una merma sustancial de 40 % desde 2019. ¡Es mucho!, exclamó el jerarca al momento de detallar algunas estadísticas, en el encuentro realizado el 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Aunque la seguridad pública sigue siendo el tema que más preocupa a los uruguayos, también es cierto que se han alcanzado logros, sostuvo, luego de afirmar que se pudo hacer porque contamos con “la policía más preparada y mejor equipada de América Latina e, incluso, del mundo”.

Antes de describir el funcionamiento actual de la fuerza de seguridad, el ministro comentó que eligió como título para la charla “Una mirada dual en la vanguardia de la seguridad pública” “porque quiero que se conozca el trabajo que realiza”, que está a la altura de “lo que se muestra en series de televisión”, utilizando, por ejemplo, la ciencia y la tecnología “para identificar un criminal a partir de un pequeño rastro de ADN”.

Aseguró más adelante que no existe ningún rincón del país que esté liberado al crimen organizado, que no hay ningún barrio donde no entre la policía.

Para lograr resultados positivos es que se apeló a un enfoque dual. “Estamos parados sobre dos pilares fundamentales: el de la represión y prevención del delito y el trabajo sobre sus causas, que son aquellas cuestiones que han llevado a determinadas personas a lo largo de su vida por el camino equivocado, como puede ser el alcoholismo y las drogas, o a tomar malas decisiones, entre otras cosas”, explicó.

Eso último muchas veces es lo que no se ve, la pata oculta de todo el trabajo que el Estado hace interinstitucionalmente para tratar de bajar los niveles delictivos que tiene el país, indicó.

Pero arribar a este esquema le costó al país pasar por dos experiencias bien diferentes, a juicio de Martinelli; una que va “de 1985, cuando salimos a la democracia, hasta 2004, con gobiernos a cargo de los partidos tradicionales, donde la seguridad pública se basó prácticamente en la represión policial, con escasos resultados que llevó a un crecimiento sostenido de los delitos, aunque no de modo exponencial”.

“Luego llegó el Frente Amplio (2005), que “dejó de lado la parte represiva por considerarla una mala palabra”, para encaminar las políticas de seguridad solamente “hacia las causas”, lo cual implicó un crecimiento “exponencial” del delito. “Las rapiñas, los homicidios y los hurtos crecieron 240 %, 108 % y casi 29 %, respectivamente, entre 2005 y 2019”, afirmó.

Por eso el jerarca entiende que se debe trabajar “con la misma energía en los dos enfoques, que debería seguir siendo una política de Estado con mirada a largo plazo”. “El despliegue de políticas sociales en los territorios evita la consolidación del delito, mientras que la represión contiene y hace disminuir su influencia”, sentenció.

Para llevar adelante esos dos objetivos, entiende que se debe hacer un enorme esfuerzo presupuestal, como lo ha hecho el gobierno actual, que, según afirmó, ha llegado a una inversión récord desde 2023, que se traduce en la “reapertura de un montón de destacamentos, comisarías, subcomisarías y dependencias a lo largo y ancho del país”.

“Cuando asumimos el ministerio en 2020 nos encontramos con un grave deterioro de muchas de esas comisarías y subcomisarías, había necesidades no cubiertas en el interior del país y reparticiones que habían sido cerradas tras una política centralizadora”, cuestionó, para luego repasar rápidamente algunas de las medidas tomadas para revertir esto, como la apertura de 154 destacamentos policiales, unos abiertos por primera vez y otros recuperados, y la incorporación de 1.250 vehículos con el 70 % de la flota patrullando las calles.

También se hizo una fuerte inversión en equipamiento policial, con la compra a Israel de unos 20.000 chalecos antibalas, mejores que los que había y con fecha de vencimiento más extensa, municiones, cascos de motocicletas, cananas, equipos de lluvia y de comunicación, uniformes y botas.

A ello se agregó la adquisición de armas no letales, porque las que existían podían llegar a ser letales si se utilizaban mal, de cuatro blindados, instrumento que hacía muchos años que no tenía la policía para trabajar en los barrios más complejos, y “36 caballos que siguen siendo un factor disuasivo tremendamente importante no solo para los espectáculos deportivos, sino también en los barrios”.

Rehabilitación e inserción social

En otro tramo de su pormenorizada exposición, que acompañó con registros audiovisuales, Martinelli se detuvo en medidas de carácter preventivo, como el trabajo con las personas privadas de libertad.

“Aspiramos a que, en lugar de construir más cárceles, tengamos que cerrar algunas”, reflexionó. “Primero se instrumentó el Plan de Dignidad Carcelaria, que nació en el período de Jorge Larrañaga e incluye la posibilidad de que los reclusos trabajen y perciban a cambio un salario que es depositado en una cuenta bancaria para destinar a los familiares y para reiniciar su vida social una vez recobrada su libertad. Está en funciones con muy buenos resultados”, apuntó.

Además, se tomó la medida política de pasar la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) de la órbita del Ministerio del Interior a la de Desarrollo Social (Mides), enfoque que ha dado “enormes resultados”.

“Por primera vez en la historia se inauguró una oficina del Mides dentro de un establecimiento penitenciario, se instaló en el Comcar (Unidad 4 Santiago Vázquez), para ayudar a las personas privadas de libertad que no tienen relaciones fuera de la cárcel a generar un vínculo con ese organismo y que puedan así evitar quedar en situación de calle al salir”, informó.

El ministro agregó que con esos reclusos se implementan planes piloto en el mismo ámbito, que incluyen entre otras cosas el trabajo en las cuatro chacras existentes hasta ahora con capacidad para unas 25 o 30 personas, al igual que alojamientos para quienes salen en libertad.

Luego tenemos el programa Espacio de Capacitación y Oportunidades Sociolaborales, inaugurado a fines del año pasado en la sede de la Dinali, dependiente del Mides, que brinda beneficios a las empresas privadas para contratar a recién liberados, como rebajas en los aportes patronales por un año.

Esta actividad se realiza por ahora en el ex Comcar, donde se le entrega una tarjeta del Mides con determinado dinero y una tarjeta con boletos a los reclusos que recuperan la libertad. “Estas son tareas centrales en cárceles para bajar la reincidencia, que según estudios indican que al cuarto año de quedar en libertad alrededor del 70 % de ellos vuelve a delinquir. Es una tasa relativamente alta y por tanto preocupante”, advirtió.

Otro programa general, no exclusivo para exreclusos, es el del Mides denominado Accesos, que se reestructuró del período anterior de gobierno y consiste en el desarrollo de prácticas socioeducativas laborales ofrecidas en convenio con instituciones públicas e intendencias departamentales y capacitaciones que contribuyen al fortalecimiento de habilidades. Es por un período de siete meses, y los participantes perciben una prestación social equivalente a un salario mínimo nacional.

“También tenemos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo un programa muy ambicioso, que comenzará en breve en el ex Comcar, y que apuntará a unos 200 privados de libertad con problemas de adicciones”, precisó.

La oferta educativa, comentó el ministro, tuvo un crecimiento sustantivo dentro de los centros de reclusión y de rehabilitación para cursar la enseñanza primaria y/o secundaria, además de inaugurar oficinas de la Universidad del Trabajo (UTU). Esos cursos les permiten a los reclusos, además, bajar años de la pena.

Por otra parte, hay convenios con la Universidad de la República y también con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, “con el que pasamos de brindar 200 cursos por año a 2.000, además de instalar salas de habilidades digitales que permiten a algunos reclusos poder trabajar de modo remoto”.

Martinelli recordó que los acuerdos multipartidarios sobre políticas de seguridad pública que se realizaron en anteriores gobiernos estaban enfocados en la represión y no lograron ser ratificados en el Parlamento, pero en este período sí se lograron consensuar con los sectores oficialistas 16 medidas vinculadas a las causas del delito. “Hemos tenido un gran avance y ya hay nueve de ellas que están encaminadas”, informó.

Homicidios, narcotráfico y tecnología

Con el fin de enfrentar con la mayor eficacia posible el problema de los homicidios y el crimen organizado, “una de las cosas importantes que hicimos fue crear el Departamento de Homicidios Unificado”, con lo cual se dejó atrás la fragmentación en que estaba dividido en cuatro reparticiones diferenciadas, con las consecuentes dificultades para compartir información y demás, explicó Martinelli al momento de repasar las medidas en torno a la represión del delito.

“También asignamos a cada uno de los fiscales de homicidios un equipo propio, lo cual rompió la lógica de falta de confianza y, consecuentemente, permitió mejorar las cifras de esclarecimiento de esos delitos graves, que ayudó a bajar la percepción de impunidad e incrementar la credibilidad de la justicia y de la policía. A ello se le agrega la incorporación de tecnología especializada”, indicó.

Otro de los elementos novedosos en busca de bajar la incidencia de estos delitos, dijo, fue la implementación de grupos multidisciplinarios, con psicólogos, trabajadores sociales y los llamados “interruptores de violencia”, que son personas altamente especializadas en estos temas.

“Se va a barrios donde hay un alto grado de violencia para mediar entre situaciones, como peleas entre vecinos, cuestiones de tráfico de drogas y otros hechos. Esas experiencias han sido muy exitosas en muchas ciudades violentas en América Central, África y Europa”, aseguró.

A esto se debe agregar los centros de emergencia que se han ubicado en barrios junto a buenos CTI, que permiten salvar muchas vidas. “El Cerro ya cuenta con uno y pensamos ubicar otro en la cuenca de Casavalle, para lo cual estamos conversando con la Administración de los Servicios de Salud del Estado”, indicó.

En cuanto a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, el ministro destacó la colaboración mutua entre Uruguay y las agencias internacionales y de otros países, en especial Argentina, Brasil y Paraguay.

En cuanto al microtráfico de sustancias ilegales, cuyo abordaje había sido olvidado en años anteriores, pasamos de hacerse unos 700 allanamientos por año y cerrar unas 300 bocas de expendio a concretar más de 2.000 intervenciones y clausurar más de 1.000 lugares de venta de pasta base especialmente. Esto se logró, puntualizó, a partir del restablecimiento de unidades especializadas de policía, en particular en Canelones y Montevideo.

El trabajo del ministerio se sustenta en especial por el avance en tecnología. Martinelli resaltó la incorporación de un escáner 3D que facilita a la fiscalía la revisión de escenas de crímenes, además del sistema de sensores para detectar disparos de arma de fuego en territorio, lo que permite incautar vainas y otros elementos como evidencia y, en algunos casos, salvar vidas.

“Se han comprado cuatro nuevos escáneres corporales para controlar el ingreso de drogas u otros elementos prohibidos a las cárceles, en funciones desde hace un par de meses; el área de videovigilancia creció desde 2020 de unas 5.000 cámaras en todo el país a 13.000, de las cuales 2.000 tendrán en poco tiempo la capacidad de realizar tareas analíticas con inteligencia artificial, para que el sistema alerte de conductas que pueden ser señales de la comisión de un delito”, describió.

Se incorporó además un novedoso sistema biométrico para la aplicación de medidas alternativas a la cárcel, un sistema creado por la propia policía nacional que nos permite hacer el seguimiento de personas con prisión domiciliaria, por ejemplo, a través de un teléfono móvil referenciado para saber si se encuentra en el lugar indicado por la Justicia. “Es tecnología 100 % al servicio de la policía nacional y de la sociedad”, aplaudió.

Martinelli añadió que la policía cuenta también ahora con drones y ha aumentado la cantidad de tobilleras electrónicas y otros elementos de prevención y combate contra el delito, así como tabletas digitales para recoger denuncias, por ejemplo, de rapiñas, que pasaron de 35 % a 37 % del total de lo denunciado entre 2019 y 2023.

Al finalizar su alocución, el ministro se refirió al problema habitacional de los policías, en particular al fondo respectivo que se nutre entre otras cosas del 1 % del salario de cada efectivo. Entre otras medidas de apoyo, en los últimos dos años, después de reestructurar el Fondo de Vivienda Policial, se lograron entregar unos 350 préstamos para ese fin, además de pedir al ministerio respectivo que priorice el acceso a su plan de relocalización de asentamientos irregulares de unos 500 policías que viven en asentamientos.