El periplo por tierras americanas de la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, confirmó las severas dificultades que afrontan las longevas negociaciones por el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a la vez que fue visto por analistas como una necesaria movida europea en busca de minerales imprescindibles para su proyecto de energía verde, y de marcar presencia para contrarrestar el cada vez mayor involucramiento de China en el bloque y en el resto de América Latina.

Von der Leyen tuvo su primer tropiezo ya en la escala inicial, el 12 de junio en Brasil, en su intención expresada de cerrar antes de finalizar este año el acuerdo con el Mercosur, para unir los destinos económicos y comerciales de 14 % de la población mundial, que aportan alrededor de un cuarto del producto interno global.

“La premisa que debe existir entre asociados estratégicos es la confianza mutua y no la desconfianza y las sanciones”, le dijo el presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, a la visitante, en referencia a las nuevas exigencias al Mercosur por parte de la UE derivadas de su Pacto Verde, un conjunto de normas tendientes a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Las nuevas leyes “tienen efectos extraterritoriales que cambian el equilibrio del acuerdo y, por tanto, representan restricciones potenciales a las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil”, advirtió.

Al día siguiente en Buenos Aires, Von der Leyen recibió la misma posición de parte del presidente de Argentina, Alberto Fernández. “Ahora aparecieron nuevos problemas, que tienen que ver con el proteccionismo de algunos países de Europa a la producción agrícola y ganadera, y un segundo problema, que es el Pacto Verde, que firma Europa para mejorar las condiciones de desarrollo más limpio, pero que indefectiblemente afectan el acuerdo", reclamó.

En cambio, sí le fue bien en Santiago, donde acordó con el presidente Gabriel Boric avanzar en una alianza estratégica sobre el litio, fundamental para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y del cual Chile posee 36 % de las reservas del planeta en un triángulo que sumado a Bolivia y Argentina totaliza el 60 %. Este país produce el 34 % de ese mineral en el mundo y en abril introdujo por ley la presencia del Estado en su cadena de valor.

Posteriormente Von der Leyen cerró su gira en México, con el que la UE también negocia un tratado de libre comercio, sin recalar en Uruguay ni en Paraguay, los dos socios menores del Mercosur. El quinto componente, Venezuela, permanece suspendido por tiempo indefinido.

El Acuerdo de Asociación firmado a mediados de 2019, con fuerte componente comercial y político, aparece sumido en la incertidumbre, sin fecha de ratificación por el Parlamento Europeo, paso necesario para que lo hagan los legislativos de sus 27 estados miembros, por nuevos requisitos ambientales que parecen ocultar las resistencias de sectores agropecuarios, liderados por Francia, mientras los grandes del Mercosur vuelven sobres las falencias de origen para el bloque.

Ya no están Mauricio Macri en el gobierno de Argentina ni Jair Bolsonaro en Brasil, los más entusiastas y firmantes del acuerdo, y sus respectivos sucesores, Fernández y Lula, hacen hincapié en los perjuicios que pueden acarrear, principalmente, la liberación de aranceles para productos industriales que ambos fabrican, así como la liberación de compras gubernamentales que hoy alimentan especialmente la permanencia y desarrollo de sus pequeñas y medianas empresas locales.

Puja Europa-China

En el marco de este combo de necesidades particulares de países está el reacomodo en proceso del mapa geopolítico global, con Estados Unidos y sus aliados del mundo occidental temerosos del avance de Pekín en América Latina, y, tras el estallido de la guerra en Ucrania, con la UE particularmente necesitada de limitar su dependencia del gas y petróleo rusos, así como, entre otras cosas, del comercio del litio, magnesio y paneles solares de China.

Argentina y Brasil se recuestan cada vez más a China, no solo porque desde hace tiempo ha pasado a ser su principal socio comercial (como también lo es de Uruguay y que por eso aboga por un tratado bilateral), sino que además la coyuntura actual empuja a Buenos Aires a concretar sus transacciones con el gigante asiático en yuanes ante la falta de dólares en sus reservas internacionales, y a Brasilia a potenciar su intercambio para desarrollar lo que Lula llama “nueva industrialización del país”.

A la par de que se diluía el comienzo de negociaciones sino-uruguayas por un tratado bilateral de comercio, rechazado por sus socios y abandonado por China para encarar uno similar pero con todo el Mercosur, Brasil apuraba convenios comerciales, financieros, tecnológicos y demás con el gigante asiático tras el viaje de Lula en abril, y Argentina enviaba en junio una delegación de alto nivel a Pekín para ratificar y ampliar un swap de monedas por un equivalente a 18.300 millones de dólares que se suma al acuerdo de pago de las importaciones argentinas en yuanes.

China ya sumó a su Nueva Ruta de la Seda, de expansión comercial, a casi todos los países de América Latina, y la inversión directa acumulada llegó a 250.000 millones de dólares en el período 2021-2022 y es el segundo socio comercial de la región, detrás de Estados Unidos, con 485.700 millones de dólares en 2022, según datos publicados por el Monitor Latinoamericano del diario CapitalMadrid. Las proyecciones indican que ese comercio llegará a más de 700.000 millones de dólares en 2035.

El 83 % de las inversiones chinas en la región se concentran, en orden de mayor a menor, en Brasil, que representa casi la mitad del total en América del Sur, Perú, Chile, México y Argentina. Von der Leyen visitó esta vez cuatro de esos cinco países, marcando la importancia que le da la UE a esta puja. Es que las inversiones chinas compiten directamente con los intereses europeos y estadounidenses en la región, como son la minería y el litio en especial en Argentina, Chile, Bolivia y Brasil, la energía y las infraestructuras portuarias, ferrocarrileras y camineras en general.

En Argentina, además, China prevé incrementar el flujo de capital hacia la reflotada construcción de dos megacentrales hidroeléctricas, la Néstor Kirchner y la Jorge Cepernic, en la sureña provincia de Santa Cruz, suspendidas por el gobierno anterior y que requieren una inversión de 5.000 millones de dólares.

En tanto, Brasil tiene acordado con Pekín compromisos de inversión en sectores estratégicos, como la industria, la economía digital, energía renovable, infraestructura verde, gestión forestal sostenible, tecnología e innovación. También para ayudar a Brasil en el desarrollo de la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial que engloba la inteligencia artificial, la robótica, internet y la computación en nube (modelo donde el almacenamiento, los servidores, las aplicaciones y otros elementos se entregan en línea).

Por su parte, la Unión Europea pone su atención en la presencia china en los yacimientos de litio de Argentina y Chile y contraataca con la iniciativa Global Gateway, un plan de inversiones en el exterior para infraestructura y energía sustentable. Ante ello, el presidente Fernández le pidió a Von der Leyen que participe en la producción de litio, cobre e hidrógeno verde en su territorio.

La UE sigue siendo el mayor inversor en América Latina y el Caribe, y de Argentina en particular, con alrededor de 40 % del total, según datos de la Comisión Europea. Como muestra de esa disputa, la presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, dijo en Brasil que “Europa ha vuelto a América Latina”, y como “socio natural es momento de llevar a un segundo nivel” ese relacionamiento. Como muestra de sus dichos, la jerarca anunció inversiones en la región por 10.000 millones de euros (unos 11.000 millones de dólares), 2.000 millones de los cuales serán para la producción de hidrógeno verde en Brasil.

Añadió la donación de 20 millones de euros para el Fondo Amazonia, de lucha contra la deforestación, y aseguró que, una vez que se confirme el acuerdo Mercosur-UE, fluirán más fondos de inversión para el desarrollo.

Recelos sureños

A pesar de las advertencias, Lula mantiene la posición de activar negociaciones por un acuerdo de libre comercio con Pekín una vez que se destrabe y se cierre el tratado con la UE tras más de dos décadas de tratativas, como lo afirmó en su visita de enero a Uruguay. Brasil apuesta a ambos con la anuencia y las necesidades convergentes de Argentina y Uruguay, aunque con la reticencia de Paraguay por su persistencia en mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, lo que es rechazado de plano por China.

 Una instancia decisiva para el bloque de los 4 y la UE podría estarse produciendo al cierre de esta edición, al converger el 17 y 18 de julio en Bruselas en la cumbre de la Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Para abonar la cancha, Lula viajó a Europa el 20 de junio para tratar de convencer a su par de Francia, Emmanuel Macron, de morigerar las nuevas exigencias, en una gira que también incluyó una visita al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y al papa Francisco.

“La UE no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no se tienen que hacer amenazas, nos tenemos que ayudar”, reiteró el mandatario brasileño previo al viaje.

Parece, sin embargo, poco probable que la UE se avenga a los reclamos de Argentina y Brasil, que van más allá de las nuevas exigencias ambientales, y que consiga que Francia, Austria, Irlanda y otros convenzan a sus productores agropecuarios de que no se verán afectados por el ingreso masivo de carnes y otros alimentos del Mercosur.

“El acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE no será firmado sin ajustes a la propuesta”, enfatizó Lula ante Von der Leyen, según publica la gubernamental Agencia Brasil. “¿Qué quieren los europeos en el acuerdo? Que Brasil abra las puertas a las compras gubernamentales, es decir que quieren que el gobierno compre cosas extranjeras en lugar de brasileñas. Y si no aceptan la posición de Brasil, no hay acuerdo. No podemos abdicar de las compras gubernamentales, que son la oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas sobrevivan en este país”, añadió el mandatario en un discurso a los empleados y directores de la empresa fabricante de autobuses Eletra.

 De este modo, Lula amplió sus cuestionamientos a la letra del acuerdo en discusión en varios aspectos, no solo a partir del llamado instrumento adicional presentado en marzo por la UE con exigencias principales referidas al ambiente, el cual amplía las obligaciones de Brasil y lo somete a sanciones en caso de incumplimiento.

Sin embargo, el presidente brasileño no se amilana ante este nuevo tropiezo e insiste en la importancia del tratado porque la UE es el segundo mayor socio comercial de Brasil, con un flujo que este año puede superar los 100.000 millones de dólares, además de ser el principal aportante de inversiones extranjeras directas en América Latina, concentradas en la industria, la infraestructura digital y los servicios.

La reanudación de las relaciones presenciales ayuda, señalan expertos, a superar las dificultades, por más importantes que sean. Lula entiende que es necesario formar alianzas para el desarrollo sostenible. 

“Se adoptaron programas de subsidios multimillonarios en los países desarrollados a favor de la reindustrialización, y Brasil, que ha sufrido un serio proceso de desindustrialización (durante el gobierno de Bolsonaro), tiene ambiciones similares. Por eso, el país conservará la facultad de conducir políticas de desarrollo industrial a través del instrumento de las compras públicas. Aunar capacidades en materia de investigación, conocimiento e innovación es igualmente determinante como respuesta al desafío de generar empleo y distribuir ingresos”, sentenció.

 También Argentina pone reparos a las nuevas exigencias, en las desventajas en que quedará la industria local frente a la europea y en otros aspectos contenidos en el texto suscrito en 2019. “Queremos un acuerdo con la UE que balancee las economías de cada una de las regiones y que tenga en cuenta las asimetrías que existen objetivamente para preservar el desarrollo propio de nuestra región”, dijo el presidente Fernández ante la visitante europea en conferencia conjunta posterior a la reunión, según publicó la cancillería de ese país.

La crónica añade que el mandatario argentino sostuvo que el acuerdo Mercosur-UE es deseable, pero debe tener en cuenta los aspectos que perjudican a las partes. Indicó que es posible concretarlo antes de fin de año, como pretende la UE, “una vez que se hayan resuelto las asimetrías mencionadas y las nuevas normas que en materia ambiental ha dictado el bloque europeo y que afectan al acuerdo inicial”.

Rebelión en su granja

Pese a los cruces con Lula y Fernández, Von der Leyen mantuvo su optimismo respecto a la pronta resolución de las negociaciones porque, según sostuvo, traerá ventajas para ambas partes, creará condiciones para el flujo de inversiones, apoyará la reindustrialización de Brasil, integrará cadenas productivas y aumentará la competitividad de la industria. “No se trata solo de un acuerdo comercial, sino de una plataforma para el diálogo y el compromiso a largo plazo”, apuntó.

Como respuesta a las advertencias, la jerarca de la UE anunció la transferencia de más de 400 millones de euros, en el marco del plan Global Gateway de la UE, a acciones para combatir la deforestación y el uso inadecuado del suelo en la Amazonia, “una maravilla de la naturaleza que es un aliado fundamental contra el calentamiento global”, dijo la presidenta de la comisión, según recoge la Agencia Brasil.

“Creo que tendríamos que fijarnos un objetivo ambicioso, por ejemplo, que se concluya antes de que venza el año. Concluir quiere decir el acuerdo político, luego habrá trabajo técnico que hacer”, explicó Von der Leyen tras reunirse con Fernández. Agregó que hay una “ventana de oportunidades” para formalizar el pacto y, “si se cierra, sería una pena porque hay mucho potencial que se podrá desencadenar”.

Pero ese entusiasmo choca de frente con una decisión adoptada en sus propias filas como es la resolución aprobada el 13 de junio por la Asamblea Nacional (diputados) de Francia de rechazo al acuerdo UE-Mercosur por 281 votos contra 58, con el argumento de que los productores agropecuarios de ese país serán perjudicados porque los productos importados no estarán, dicen, obligados a cumplir los mismos requisitos sanitarios y ambientales que se exigen en el bloque europeo.

Marie Pochon, diputada ecologista de la coalición de izquierda Nupes, entiende que el acuerdo “fragiliza la agricultura francesa, fragiliza el planeta, no es bueno para nadie”.

Mientras que su colega alemana Anna Cavazzini, del Partido Verdes, amplió el reclamo agrícola europeo al enfocar la eliminación parcial de aranceles bilaterales en el sector, en particular, según dijo, la producción cárnica de vacunos y aves, que se verán afectados.

“De hecho, algunas exportaciones agrícolas del Mercosur aumentarán y esto supone una amenaza para esa actividad en Europa, que ya está sometida a mucha presión. Muchos de estos acuerdos deben analizarse sector por sector, y debemos equilibrar los distintos intereses. Tenemos que diseñar mejor los acuerdos comerciales, para que beneficien al mayor número posible de grupos”, declaró a varios medios de comunicación.

También las centrales de trabajadores se han puesto en alerta. La Coordinadora del Cono Sur y la Confederación Europea cuestionaron en conjunto la no inclusión en el tratado de garantías de protección ambiental y el respeto de los derechos humanos y laborales, la exclusión de los sindicatos en el monitoreo y garantía de los compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales”, y la falta de un foro que supervise la implementación de la dimensión laboral.

Los sindicatos, reunidos de modo virtual en marzo, advirtieron que en el texto del tratado Mercosur-UE no se han tomado en cuenta las sensibilidades y asimetrías de los dos bloques que ponen en debilidad tanto a las industrias del Mercosur como a la agropecuaria europea, además de la inexistencia de promociones para las pequeñas y medianas empresas y de una exención general para los servicios públicos en lo que respecta a liberalización de servicios.