Hacia una política nacional de riego

Frente a las circunstancias climáticas extremas actuales con creciente déficit hídrico desde hace tres años, y que se reitera cada vez con mayor asiduidad desde más de tres décadas, la cuestión del riego en la producción agropecuaria uruguaya y cómo incrementar su uso pasaron al primer plano de las conversaciones de operadores, expertos y el propio gobierno.

Las sequías que han afectado el consumo humano y muy especialmente a la agropecuaria en las zafras 1988-1989, 1998-1999, 2005, 2008-2009, 2010-2011, 2018 y en la actual dañaron la economía y pueden expulsar a productores de pequeña escala, con todo lo que ello conlleva. Y los pronósticos y estudios científicos aseguran que las crisis, seguidas de lluvias desmedidas, se sucederán con más asiduidad.

En los últimos tiempos ha crecido la cantidad de predios con esta herramienta, pero aún se está demasiado lejos, como admitió el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos. Solo 2 % de los 16,5 millones de hectáreas productivas del país cuentan con diferentes sistemas de riego instalados y “eso es muy poco aún y tal vez lo podríamos llevar al 10 %, es decir que hablamos de alrededor de 1,5 millones de hectáreas”, consideró.

 Mattos entiende que “quizás la próxima política de Estado deba centrarse en el riego”, como ocurre con la actividad forestal, en la que hay una política nacional con los sectores público y privado “muy involucrados”.

Con esa línea de análisis coincide un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que concluye que en Uruguay se podrían regar 1,7 millones de hectáreas, pero para lograrlo se necesita la presencia y fuerza del Estado en razón de las inversiones que se requieren, según se indica.

“Si hay una política pública específica esto se puede hacer”, asegura Daniel Rubio, productor agrícola-ganadero e integrante de la organización civil Regadores Unidos del Uruguay. Afirma que un aumento del área regada de 80.000 a 500.000 hectáreas haría crecer 7 % el producto interno bruto; “es un impacto enorme con una inversión que no es tan alta”. “Estamos hablando de 4.000 dólares por hectárea”, precisó. 

“Asistimos en 2022 a un gran crecimiento de la economía, del 5 %, pero todos sabemos que vamos a volver al 2-3 %, muy bajos, y con esos niveles es muy difícil sacar gente de la pobreza, que es muy importante en Uruguay (…), por eso creo que el riego es una alternativa para cambiar significativamente esa performance del PIB en su conjunto y del agro en particular”, señaló en entrevista en febrero con el programa Agronegocios Sarandí.

También es beneficioso para el negocio de la energía eléctrica, cuando parece haber una buena producción excedente, pues el proyecto estudiado por la organización de llegar con riego a 500.000 hectáreas implicaría casi 40 millones de dólares más de facturación para UTE, abundó.

Como ejemplo positivo de la propuesta, el productor se refirió, igual que Mattos, al Plan Forestal, que contribuyó “a dinamizar la economía”. “Esta probabilidad está al alcance en la medida en que se establezca algún proyecto en el cual todo Uruguay se embarque, una política de Estado”, comentó.

“Nuestros suelos, en el mejor de los casos, pueden acumular el 25 % del agua que consume el cultivo; el resto o viene del riego, de la lluvia o del acumulado de los dos. Entonces es muy claro el beneficio general que tendría para el país tener una estrategia de riego”, apuntó Rubio.

A esa baja capacidad de almacenamiento de agua de los suelos se agregan la variabilidad de las precipitaciones con un promedio de 1.200 milímetros por año, y muy mal distribuidos, y campos agrícolas mayoritariamente en pendientes, todo lo cual provoca que una parte significativa de las precipitaciones escurra hacia los cursos superficiales, explicó el ingeniero agrónomo Luis Giménez, experto en riego y director de la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni de la Facultad de Agronomía.

Estas características no modificables por el manejo provocan que la disponibilidad hídrica sea la limitante ambiental principal de la agricultura y de las pasturas de verano en el país, afirmó.

Ante esa realidad estructural, el experto dijo al diario El Telégrafo que las acciones para reducir los efectos de las sequías son promover la irrigación multipredial con represas compartidas, créditos blandos para sistemas de riego y soluciones para abastecimiento de agua en establecimientos pequeños y medianos, además de alentar las buenas prácticas de manejo de pastizales ante sequías, como regulación de la altura del forraje, bajar la carga animal, división de potreros, sombra, abrevaderos y demás.

Aunque Uruguay no tiene desiertos y tierras semiáridas, el proceso de desertificación y degradación de suelos se puede producir en cualquier ecosistema terrestre, alerta un informe publicado en marzo en el portal de la oficina nacional de la FAO.

Agrega que 6,8 % del territorio sufre erosión de intensidad moderada y 2 % de intensidad severa. “Más de 1.800 personas que viven de la actividad rural para su subsistencia se encuentran afectadas en la actualidad por procesos de degradación de tierras y erosión severa”, aseguró Aelita Moreira, consultora nacional del organismo del foro mundial.