La industria de la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, y necesita un flujo constante de inversiones para mantener su funcionamiento. En diálogo con Somos Uruguay Revista, el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O’Neill, se mostró satisfecho por la rápida reactivación de las obras tras el impacto inicial de la pandemia, y reclamó que la inversión pública no se detenga

Diego O´Neill es ingeniero y preside la Cámara de la Construcción desde el 2018. Este año le tocó enfrentar las consecuencias de la pandemia. El sector movió las piezas rápido y logró reactivarse en 15 días.

La Cámara de la Construcción se fundó por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 22 de octubre de 1930, a partir de lo que hasta ese momento se llamaba Centro de Empresarios de Obras.

¿De qué manera impactó el COVID-19 a la construcción?

Nosotros tuvimos una licencia autoimpuesta, que es algo que decidimos en el sector, entre empresarios y trabajadores, junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fueron casi dos semanas antes de semana santa, que se unieron después a la licencia ordinaria.

Así completamos casi tres semanas de paralización, las que ayudaron, indudablemente, al contexto general del buen manejo de la pandemia.

Volvimos el 13 de abril con la nueva normalidad, con el protocolo de cuidados para evitar el contagio, que funcionó muy bien y nos permitió seguir hasta ahora nuestra actividad con una cuasinormalidad, similar a la que teníamos previo a la pandemia. Hay, sin dudas, afectación por todas las medidas.

¿En qué medida afecta?

Más que nada, nos afecta que en el transcurso de la jornada hay alguna reducción de tiempo laboral por las medidas de cuidado e higiene.

¿Esas demoras impactan en los plazos de finalización y entrega de las obras?

No llegan a tener ese impacto en lo diario como para alterar plazos; hemos vuelto a trabajar con normalidad. No obstante, la ocupación ha caído un poco, ha habido entre un 7 y 8 por ciento menos de trabajadores en los meses de abril y mayo.

Esperamos ir revirtiendo eso hacia adelante, pero entendemos que ha habido un poco de afectación, sobre todo en proyectos que estaban por iniciarse y no se iniciaron, o se han enlentecido, principalmente en Punta del Este.

Hay también otros proyectos cuya finalización se ha postergado por decisión de los inversores. Pero, salvo esas cosas, la actividad está desarrollándose bien.

Se ven en las calles de Montevideo numerosas obras que cambian el movimiento de la ciudad por un tiempo, principalmente muchas obras públicas. ¿Cómo evalúa su avance la Cámara?

Son obras que dependen del Estado, mayormente de la Intendencia. Eran obras necesarias, sin dudas. Las calles de Montevideo necesitaban esta inversión. Además, hay obras nuevas como el viaducto de avenida Italia o el de la rambla portuaria. La simultaneidad de obras tan grandes impacta en la circulación, en las paradas del transporte colectivo.

Pero todas las obras generan molestias, es inevitable, no hay ninguna obra que no lo haga. Uno hace una reforma en su casa y le genera molestias. Son cosas que vienen junto con la obra; pero creemos que la inversión que se está haciendo es importante y es positiva.

Hay formas de hacer las cosas con menos molestias para los usuarios y más rápido, pero también son más costosas. Por ejemplo, trabajar de noche tiene un sobrecosto por el lado de los jornales que se pagan. Ese es un caso.

Creo que esto es más un resorte de las autoridades, de cómo planifican las obras. Se podría trabajar de otra manera, se podría trabajar de noche. Tiene otros costos y no se ha vuelto habitual todavía, salvo en casos excepcionales, como en el viaducto del puerto. Por lo general se opta por trabajar en régimen más económico para el Estado.

Asumió recientemente un nuevo gobierno, luego de 15 años de gestión de un mismo partido. ¿Qué balance hace para el sector de ese período?

La Cámara tiene 100 años y le ha tocado trabajar con todos los gobiernos, y tendrá que seguir haciéndolo con el que le toque. Los primeros 10 años de la gestión anterior fueron de crecimiento sostenido. En ese período la industria trabajó muy bien.

Está la discusión en torno a la existencia o no de viento de cola, y todas esas cosas; pero más allá de las causas, lo cierto es que hubo crecimiento sostenido, que para nuestra industria fue hasta el 2014.

A partir del 2015, en el último período, empezó la caída de la actividad del sector. Cinco años de caída, no muy grande, pero caída al fin, que acumuló un 20 por ciento.

No obstante, en el último quinquenio se mantuvo de manera importante la inversión pública, de forma razonable.

Este era el año para revertir la tendencia negativa, pero el COVID-19 cambió todo. Se pensaba volver a crecer debido a varios proyectos, como el de UPM2. Pero no se dio, y hay que seguir proyectando para lograr dar vuelta la situación. También afecta la limitación —que el nuevo gobierno dispuso— de recortar en un 15 por ciento las inversiones públicas.

Se necesita fuerte inversión

O’Neill maneja estudios actuales respecto al rumbo que deben tener las inversiones.

“Acaba de salir un informe del Centro de Estudios de la Construcción sobre la sostenibilidad vial, que hace referencia a todas las obras que vienen de arrastre y las obras que es necesario realizar, y que este nuevo gobierno ha definido como de interés. Surge la necesidad de inversión en el orden de los 2.400 millones de dólares para los próximos cuatro años”, comenta O’Neill.

La Cámara sabe que se necesita el impulso inversor para mantener la estabilidad actual en el sector. “Lo que estaría cubierto de esos 2.400 millones son 1.600 millones. Hay un gasto de 800 millones que no está financiado. Son decisiones que están a nivel del Poder Ejecutivo, pero que el sector entiende que son necesarias para el desarrollo. Si no hay inversión en infraestructura, se hipoteca el desarrollo; y el desarrollo es la calidad de vida de la gente”, concluyó.

Convenio colectivo

A fines de julio, y tras muchos días de negociación, la construcción firmó un nuevo convenio colectivo. Comprende a más de 40.000 trabajadores y rige hasta el 2023.

El sector se asegura así un período prolongado de paz laboral. Los ajustes comienzan con retroactividad al mes de mayo, y se establecen parámetros futuros relacionados con el número de cotizantes en la industria.

Antes del arreglo, el Consejo Directivo del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) había validado por unanimidad el preacuerdo salarial alcanzado con las cámaras de la construcción durante el fin de semana anterior.

El acuerdo se firmó en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, la Liga del Este, la Liga de la Construcción, el gobierno y el Sunca.

El convenio tiene vigencia desde el 1° de mayo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2023. Por el mes de mayo hubo un ajuste correctivo que vino del convenio anterior, que fue de 3,71 por ciento.

El convenio otorgó también una partida extraordinaria por única vez equivalente a 12 tiques de alimentación a todo trabajador que revistaba en planilla de la empresa en el mes de mayo y se encontrase dentro del ámbito de aplicación del acuerdo del Consejo de Salarios, que se pagó conjuntamente con el mes de julio.

A partir del 1° de junio del 2021 los sueldos deben aumentar 4,20 por ciento. Para los aumentos a futuro entra a jugar el número de cotizantes de la industria.

Además, el convenio tiene componentes de solidaridad con personal sin trabajo, y avances en las comisiones de discapacidad y género.

El acuerdo contempla asimismo otros beneficios extras. Se creó un fondo de contingencia para quienes se encuentren en situación crítica alimenticia o de vivienda, además de comisiones de salud y seguridad ocupacional, de género y discapacidad. Finalmente, se estableció que las empresas deben hacerse cargo de la ropa de invierno.