El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) avanza en la reglamentación de la Ley de Empleo Integral y en el desarrollo de la nueva plataforma digital Integra Empleo, herramientas que se prevé estén operativas durante el último trimestre de 2026.
La Ley de Empleo Integral, promulgada el pasado 26 de junio, busca promover la formalización y la estabilidad laboral en el sector privado mediante un sistema que combina incentivos económicos para las empresas, capacitación y acompañamiento para los trabajadores.
Según informó la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, la normativa está orientada a facilitar el acceso al trabajo digno y decente para colectivos que enfrentan mayores dificultades de inserción en el mercado laboral.
Entre los grupos priorizados se encuentran las personas jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad y padres, madres o tutores de niños y adolescentes en esa condición. La cobertura también incluye a la población afrodescendiente, personas trans, mujeres jefas de hogares monoparentales y personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad o recientemente liberadas del sistema penitenciario.
Nueva plataforma de empleo
El director nacional de Empleo, Federico Araya, explicó que el MTSS trabaja en el diseño de la plataforma Integra Empleo, que sustituirá al sistema Vía Trabajo y centralizará todas las postulaciones vinculadas a la nueva normativa.
La proyección de la cartera es que tanto el decreto reglamentario como la plataforma digital estén finalizados durante el último trimestre del año, momento en el que las empresas privadas podrán comenzar a realizar contrataciones en el marco de la ley.
Para acceder a los beneficios, las empresas deberán estar al día con sus obligaciones ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI). Por su parte, las personas beneficiarias deberán contar con cédula de identidad uruguaya para registrarse y acceder a las prestaciones correspondientes.
Subsidios y apoyo a las empresas
La implementación de la ley contará con una partida anual de 407 millones de pesos, recursos que serán transferidos desde Rentas Generales al Fondo de Reconversión Laboral.
Los subsidios destinados a las empresas privadas oscilarán entre el 25% y el 80% del salario de los trabajadores contratados. El subsidio máximo será de 3,7 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a unos 25.400 pesos.
Los porcentajes más altos de apoyo económico estarán dirigidos a la contratación de personas con discapacidad, personas trans y ciudadanos liberados del sistema penitenciario.
Asimismo, se destinarán 75 millones de pesos en coordinación con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) para impulsar el trabajo independiente. La iniciativa prevé una exoneración del 50% de los aportes patronales por un plazo de hasta 12 meses para emprendimientos liderados por personas pertenecientes a los colectivos priorizados.
En el caso de las micro y pequeñas empresas, aquellas que cuenten con menos de 20 trabajadores podrán acceder a una extensión del subsidio de hasta 18 meses, un plazo superior al régimen general, que se ubica entre seis y doce meses.
Metas de contratación y capacitación
La Dirección Nacional de Empleo se fijó como meta alcanzar un mínimo de 4.000 contrataciones anuales y aumentar la permanencia de los trabajadores en sus puestos, teniendo en cuenta que actualmente cerca del 30% no supera los tres meses de actividad.
La normativa también incorpora un componente de acompañamiento técnico y formación continua. Las personas contratadas podrán acceder a cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), a procesos de certificación de competencias mediante el programa Uruguay Certifica y a capacitaciones en gestión empresarial desarrolladas junto a la ANDE y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop).
Además, la ley incorpora por primera vez al programa Yo Estudio y Trabajo con rango legal y amplía su alcance etario, pasando de la franja de 16 a 20 años a una cobertura de jóvenes de entre 15 y 24 años, con el objetivo de facilitar el acceso a la primera experiencia laboral formal.