Sociedad

El Poder Ejecutivo definió las primeras reformas surgidas del Diálogo Social

por Maite Gallego 22-07-2026
Foto: Presidencia de la República

El Poder Ejecutivo culminó el análisis de las recomendaciones elaboradas en el marco del Diálogo Social y resolvió avanzar durante 2026 con un conjunto de reformas orientadas a fortalecer la protección social. Las medidas priorizan dos ejes centrales: el combate a la pobreza infantil y la mejora de las condiciones jubilatorias de la población.

Las iniciativas abarcan la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, la habilitación de una nueva causal de retiro anticipado a los 60 años dentro del régimen previsional y una serie de cambios en el pilar de ahorro individual, con el objetivo de mejorar las futuras jubilaciones y optimizar el funcionamiento del sistema.

Nueva Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia

El proyecto de Rendición de Cuentas 2025 incorpora la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, una prestación que busca contribuir a reducir la pobreza infantil y fortalecer la seguridad económica de los hogares con niños, niñas y adolescentes.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta iniciativa constituye la mayor transformación del sistema de transferencias destinadas a la infancia en las últimas dos décadas. La reforma unificará las prestaciones existentes, incrementará los montos de las transferencias y ampliará la cobertura, con el propósito de simplificar el sistema, evitar superposiciones y mejorar su eficiencia.

La implementación comenzará en 2027 con los niños y niñas de entre 0 y 2 años, alcanzando a más de 50.000 beneficiarios. La medida prioriza los primeros 1.000 días de vida, considerados una etapa clave para el desarrollo infantil, y prevé un aumento promedio del 84% en las transferencias para ese grupo.

Proyecto para habilitar la jubilación anticipada a los 60 años

En materia previsional, el Poder Ejecutivo anunció que en las próximas semanas remitirá al Parlamento un proyecto de ley para crear una nueva causal de jubilación anticipada.

La propuesta permitirá acceder a la jubilación a partir de los 60 años de edad con un mínimo de 30 años de aportes. Según explicó el Ejecutivo, el mecanismo fue concebido para brindar mayor flexibilidad frente a distintas contingencias laborales y atender las dificultades de empleabilidad que enfrentan muchas personas próximas a la edad de retiro, especialmente en un contexto de cambios tecnológicos y transformaciones del mercado de trabajo.

Asimismo, la iniciativa busca contemplar las desigualdades existentes entre distintos sectores laborales, considerando que los trabajadores más vulnerables suelen llegar a esa etapa con un mayor desgaste físico y con menores posibilidades de mantenerse activos hasta los 65 años.

El diseño mantiene la edad normal de retiro en 65 años e incorpora incentivos para quienes decidan postergar su jubilación. Desde el Gobierno indicaron que la propuesta procura proteger especialmente a las personas de ingresos bajos y medios-bajos que necesiten acceder a esta causal, al tiempo que preserva la sostenibilidad financiera del sistema previsional.

La nueva modalidad estará destinada exclusivamente a situaciones que dificulten la permanencia en el mercado laboral, por lo que no será compatible con el desempeño de actividades laborales ni con el cómputo de servicios bonificados.

Cambios en el ahorro individual para mejorar las jubilaciones

Como segundo eje de la reforma previsional, el Ejecutivo implementará una serie de modificaciones en el pilar de ahorro individual, algunas de las cuales requerirán cambios legislativos.

El objetivo es incrementar el monto de las futuras jubilaciones mediante una reducción de los costos asociados al sistema y una mejora en la rentabilidad de los fondos de ahorro previsional.

Las medidas previstas permitirán disminuir el costo del seguro colectivo y las comisiones cobradas por las AFAP, con una reducción estimada de entre un 5% y un 10% respecto de los valores actuales una vez que todas las reformas entren en funcionamiento.

Al mismo tiempo, se buscará mejorar la atención a los afiliados mediante una mayor integración entre los distintos componentes del sistema previsional.

Entre las principales acciones se encuentra el desarrollo de una ventanilla única para la jubilación, que concentrará los trámites en el Banco de Previsión Social (BPS) o en el organismo previsional correspondiente. También se flexibilizará el proceso de elección de administradora, permitiendo realizar ese trámite tanto en la AFAP como en el organismo previsional de amparo.

Además, se impulsará la creación de sistemas de información consolidados que integren los datos del régimen de reparto y del ahorro individual, con el propósito de brindar un asesoramiento previsional más completo y oportuno.

Mayor competencia entre las AFAP y nuevas reglas de inversión

El Ejecutivo también anunció ajustes en el marco regulatorio del sistema con el fin de promover una mayor eficiencia y competencia entre las administradoras.

En ese sentido, la asignación de nuevos afiliados se realizará mediante mecanismos que contemplen simultáneamente la mejor rentabilidad y las menores comisiones, manteniendo la libertad de elección de cada trabajador.

Asimismo, se prevé rediseñar el seguro colectivo y modificar la estructura de las comisiones de las AFAP, incorporando un componente variable vinculado al rendimiento de las inversiones.

Otra de las medidas apunta a incrementar la rentabilidad esperada de los fondos previsionales mediante una mayor diversificación de las inversiones. Para ello se ampliará gradualmente el universo de activos elegibles en el exterior, manteniendo los actuales criterios de regulación y supervisión, así como la protección del financiamiento destinado a las inversiones productivas nacionales.

Reformas basadas en las recomendaciones del Diálogo Social

El Poder Ejecutivo señaló que este conjunto de medidas reafirma el valor de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social como insumo para el diseño de las políticas públicas en materia de protección y seguridad social.