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En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Estado uruguayo presentó el primer informe nacional sobre la situación de la trata y explotación de personas, un documento que reúne las principales acciones desarrolladas entre marzo de 2025 y junio de 2026 para prevenir este delito, fortalecer la detección de casos y mejorar la atención a las víctimas.
El informe fue elaborado por el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas (CNTE) y expone los avances alcanzados por los organismos públicos que integran el sistema nacional de respuesta.
Durante la presentación, la presidenta del CNTE y directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, explicó que el documento constituye una instancia de rendición de cuentas sobre las políticas implementadas por el Estado para enfrentar la trata y explotación de personas.
Asimismo, recordó que la Ley N.º 19.643, aprobada en 2018, creó el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas, encargado de coordinar acciones de prevención, capacitación de operadores, atención especializada, asesoramiento jurídico, reparación a las víctimas y generación de información para el diseño de políticas públicas.
Entre los principales avances, el informe destaca que desde abril de 2025 el Estado retomó los servicios especializados de atención a víctimas mediante un sistema centralizado con alcance nacional.
Además, se informó que continúan los trabajos para reglamentar distintos artículos de la normativa vigente, con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales destinadas a prevenir, detectar y perseguir este delito.
El documento también señala que el CNTE desarrolla planes de acción interinstitucionales con el apoyo técnico y financiero de organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Nuevas herramientas para detectar posibles casos
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, informó que la cartera reforzó las estrategias para identificar de forma temprana posibles situaciones de trata de personas.
Entre las medidas implementadas mencionó campañas de sensibilización dirigidas a detectar señales de alerta, como la falta de documentación, el desconocimiento del lugar de residencia, el control ejercido por terceros o la imposibilidad de comunicarse libremente.
También indicó que se elaboraron guías específicas para la Dirección Nacional de Migración y la Dirección Nacional de Identificación Civil, con el propósito de mejorar la detección de situaciones de vulnerabilidad durante trámites migratorios, de residencia o documentación.
Según explicó, estos procedimientos se desarrollan procurando evitar estigmatizaciones vinculadas a la nacionalidad, la edad, la condición migratoria o la situación económica, preservando la privacidad de las personas involucradas.
Más asistencia y acceso a la Justicia
La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Manuela Reguera, explicó que el organismo brinda acompañamiento psicosocial a quienes deben atravesar un proceso judicial como víctimas de trata de personas.
La normativa vigente también asigna a la Fiscalía la responsabilidad de garantizar el acceso a la Justicia mediante mecanismos que protejan el anonimato de las denuncias y faciliten la participación de las víctimas, tanto en casos de trata interna como internacional.
De acuerdo con los datos presentados, durante 2024 fueron asistidas 37 víctimas de trata de personas con distintos fines, principalmente vinculados a la explotación laboral. En 2025 esa cifra aumentó a 53 personas, de las cuales 52 eran migrantes.
La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).