La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) firmaron un convenio para asegurar el mantenimiento de la base de datos institucional desarrollada por IMPO, una herramienta orientada a facilitar la gestión, actualización y acceso a normativa vinculada a los derechos humanos.
El acuerdo fue suscrito este miércoles 22 de abril por el director general de IMPO, Miguel Lorenzoni, y la presidenta del Consejo Directivo de la INDDHH, Mariana Mota. La instancia contó con la presencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.
Previo a la firma, Mota destacó que el convenio permite garantizar el mantenimiento de la plataforma y subrayó que la ciudadanía puede acceder de forma sencilla a la información del organismo. Por su parte, Lorenzoni señaló que el acuerdo profundiza el vínculo institucional entre ambas entidades y contribuye a avanzar en los procesos de digitalización de la información pública.
En ese marco, indicó que IMPO incorporó al archivo digital más de 1.300 resoluciones de la Defensoría del Pueblo, así como actas y resoluciones de carácter internacional. Asimismo, remarcó que este tipo de herramientas también se implementa en coordinación con gobiernos departamentales, con el objetivo de reducir brechas en el acceso a la información entre Montevideo y el interior del país.
La base de datos institucional funciona como un sistema de gestión documental que permite almacenar y consultar actos administrativos de manera ágil. En abril de 2025, la INDDHH presentó esta plataforma con el objetivo de facilitar el acceso público a resoluciones, informes y normativa relevante.
El sistema centraliza en un único espacio digital documentos como leyes nacionales e internacionales sobre derechos humanos, resoluciones de la Defensoría del Pueblo, informes anuales del organismo y del Mecanismo Nacional de Prevención, así como contratos y convenios suscritos por la institución.
La herramienta fue desarrollada a partir de un trabajo conjunto con IMPO, organismo encargado de la difusión de la información jurídica en Uruguay, y forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la accesibilidad y transparencia de la información pública para la ciudadanía.