El régimen de zonas francas aporta gran valor a la economía uruguaya, contribuyendo con un 6% al Producto Interno Bruto (PBI) y en torno al 8% de la inversión total del país, generando más de 20.000 empleos calificados directos en promedio en la última década, con una participación del 37% en las exportaciones de Uruguay. En este contexto, la aplicación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) plantea desafíos para la competitividad del régimen y para la capacidad de Uruguay de atraer nuevas inversiones.
Estos temas se abordaron en una conferencia organizada por la Universidad de Montevideo (UM) y King's College London, con el apoyo de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY). La actividad reunió a especialistas en tributación internacional para analizar las implicancias de la implementación local del acuerdo impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, que busca garantizar una tributación mínima efectiva del 15% para determinados grupos multinacionales.
La conferencia contó con la participación de Eliana Sartori, directora del Área de Servicios Tributarios, Legales y Contables de PwC Uruguay y asesora de la CZFUY; Catalina Camejo, docente del Postgrado en Tributación Internacional de la UM y funcionaria de la Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva (DGI); y Leopoldo Parada, profesor de Derecho Tributario de King's College London y asesor en materia de política fiscal de gobiernos y organizaciones internacionales. La instancia fue moderada por Carlos Loaiza, director del Postgrado en Tributación Internacional de la UM.
En su intervención, Sartori comenzó detallando la contribución del régimen a la economía uruguaya. Además de la contribución directa del régimen al país (estimada en USD 3.800 millones), destacó los efectos indirectos de la actividad de las empresas instaladas en zonas francas sobre el resto de la economía. Según los datos presentados, el régimen genera un efecto derrame (por la demanda de bienes y servicios producidos fuera de ellas) de otros US$ 2.000 millones.
En materia de empleo, resaltó tanto la cantidad de puestos de trabajo como su calidad. El 59% de los trabajadores vinculados al régimen cuenta con formación terciaria y las remuneraciones se ubican, en promedio, en torno a tres veces el salario promedio de la economía. A su vez, destacó el peso de los servicios, que representan el 63% de las exportaciones realizadas desde zonas francas.
"Los servicios son el sector que más rápido se desarma si hay cambios en los regímenes, es el más móvil", advirtió Sartori al referirse a la sensibilidad de estas actividades ante modificaciones en las condiciones tributarias. En esa línea, sostuvo que Uruguay "debe evaluar cuidadosamente sus decisiones sobre incentivos fiscales, teniendo en cuenta el aporte de las zonas francas a la generación de empleo calificado y a la captación de inversiones".
Al analizar la implementación del IMCD, explicó que su impacto no es homogéneo para todas las empresas. Para los grupos multinacionales cuyas casas matrices se encuentran en jurisdicciones que aplican las Reglas GloBE y en tanto el IMCD uruguayo sea calificado, el efecto puede resultar neutro.
Sin embargo, esa situación no es igual en todos los casos, por lo que la procedencia de las inversiones y las reglas aplicables en cada jurisdicción pasan a ser factores relevantes para la competitividad del país.
Sartori planteó que Uruguay enfrenta el desafío de adaptar sus instrumentos de promoción de inversiones a un contexto internacional en transformación. Si bien el IMCD puede reducir el margen para competir mediante exoneraciones sobre la renta, existen otras herramientas que pueden contribuir a mantener el atractivo del país.
Como ejemplo, mencionó los incentivos para la industria audiovisual incluidos en la Ley de Presupuesto, que prevén la devolución de un porcentaje de la inversión realizada. "Tenemos margen para seguir incentivando las inversiones, porque tenemos atractivos que nos permiten crecer y mantener el diferencial respecto a otros países", apuntó.
Respecto a la compatibilidad entre el impuesto mínimo y las garantías de estabilidad tributaria del régimen, Parada sostuvo que la incorporación del IMCD tiene un impacto en la competitividad de las zonas francas y advirtió sobre las consecuencias jurídicas y económicas que pueden generar la modificación de las condiciones bajo las cuales las empresas decidieron invertir en Uruguay.
"La inversión extranjera que viene a Uruguay viene en gran parte por el régimen de zonas francas. La previsibilidad de las reglas constituye un elemento relevante para la confianza de los inversores y los cambios pueden generar incertidumbre sobre las condiciones futuras", destacó.
Por su parte, Camejo reconoció la contribución de las zonas francas a la inversión, la innovación y el empleo de calidad, y recordó que Uruguay ha realizado esfuerzos para preservar la compatibilidad del régimen con los estándares internacionales.
En relación con las garantías de estabilidad tributaria, explicó que el marco normativo contempla mecanismos de compensación para determinados usuarios que cuenten con cláusulas de estabilidad fiscal y se vean afectados por incrementos impositivos derivados de nuevas reglas.
"Estas disposiciones buscan contemplar los compromisos asumidos por el Estado y brindar previsibilidad a las empresas que invirtieron bajo determinadas condiciones. El principal desafío se encuentra en las nuevas inversiones", apuntó.
Sartori sostuvo que el escenario internacional continuará evolucionando y que Uruguay "deberá seguir de cerca los cambios en el escenario tributario internacional, y ajustarse para continuar atrayendo inversión al país".