Gobierno presentó proyecto de ley de competitividad e innovación
El Gobierno presentó una agenda de reformas microeconómicas orientada a mejorar la competitividad y el clima de negocios en Uruguay, que incluye un proyecto de ley de competitividad e innovación y un paquete de medidas para reducir costos, digitalizar trámites y facilitar las operaciones de comercio exterior.
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quienes señalaron que la iniciativa apunta a avanzar en mayor agilidad, menores costos operativos y controles más eficientes.
El presidente informó que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento, antes del 31 de mayo, un proyecto de ley que buscará transformarse en norma y que estará estructurado en cuatro capítulos: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites.
"Queremos que se transforme en ley", afirmó Orsi, quien remarcó la necesidad de avanzar en medidas que contribuyan a mejorar los ingresos de la población a partir de una mayor competitividad e innovación.
Por su parte, Oddone explicó que el proyecto ya fue presentado ante representantes de cámaras empresariales, universidades y analistas, y que el intercambio continuará con consultoras y sindicatos.
Además, el Gobierno abrió un período para recibir consultas y aportes del sector privado hasta el 24 de abril, con la intención de enriquecer el texto antes de su envío al Legislativo.
Ahorro estimado de US$ 20 millones al año
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el conjunto de medidas previstas generará un ahorro aproximado de 20 millones de dólares anuales para el comercio exterior.
Oddone subrayó que la estrategia oficial para mejorar la competitividad no pasa por la política macroeconómica ni por una corrección del tipo de cambio.
"El tipo de cambio no es la variable", afirmó el ministro, al señalar que ese camino sería inefectivo y tendría impacto sobre la inflación y el poder de compra de las personas.
En cambio, indicó que el enfoque está puesto en corregir ineficiencias, reducir costos y atender distorsiones en distintos sectores donde se forman precios o se generan trabas operativas.
Las principales medidas para facilitar el comercio exterior
Entre las acciones anunciadas, el Gobierno planteó una serie de cambios administrativos y aduaneros para simplificar procedimientos y reducir costos logísticos.
Declaraciones en lugar de certificaciones
Una de las medidas centrales es la sustitución de certificados por declaraciones tanto en importaciones como en exportaciones.
En el caso de las importaciones, la información vinculada a exoneraciones y al pago de tributos como Imesi e Imeba pasará a integrarse en la declaración aduanera, quedando sujeta a controles posteriores por parte de la DGI.
Según el MEF, esta modificación impactará en 25.000 trámites, equivalentes a cerca del 15% del comercio exterior anual.
Para las exportaciones que retornan, el control tributario también se realizará de forma posterior, con el objetivo de evitar costos logísticos imprevistos.
Digitalización total de la documentación
Otra de las medidas es la eliminación del uso de documentación en papel en la tramitación de operaciones de comercio exterior.
La Dirección Nacional de Aduanas gestionará la documentación complementaria del Documento Único Aduanero (DUA) únicamente en formato electrónico, y además dejará de exigirse el archivo físico de los documentos.
El cambio abarcará unas 400.000 operaciones aduaneras al año y, según el Gobierno, permitirá reducir costos asociados al almacenamiento y a la gestión de documentación física.
Diferimiento de pagos dentro del mismo mes
Como parte de la adopción de buenas prácticas internacionales, se permitirá diferir el pago de obligaciones dentro del mismo mes del despacho, mediante la constitución de garantías.
De acuerdo con el Ejecutivo, esta modificación reducirá la necesidad de financiamiento inmediato por parte de las empresas y generará un ahorro financiero.
Canal rojo solo por criterios de riesgo
El Gobierno también anunció que el denominado canal rojo en las operaciones aduaneras —que implica verificación física y documental— se aplicará únicamente en función de criterios de riesgo.
La medida busca reducir inspecciones innecesarias, acortar tiempos de despacho y disminuir costos para los importadores.
Beneficios para operadores económicos calificados
En el caso de los Operadores Económicos Calificados (OEC), se prevén beneficios específicos.
Por un lado, dejará de exigirse el uso de precinto electrónico en tránsitos correspondientes a cadenas certificadas. Por otro lado, los exportadores que cuenten con esta certificación podrán acceder a la devolución de tributos 30 días después de completar el despacho.
Según el Gobierno, estos cambios apuntan a reducir costos en operaciones de tránsito y exportación para empresas que ya cumplen con estándares de seguridad en el manejo de cargas.
Simplificación para el transporte ferroviario
Finalmente, el Ejecutivo informó que se implementarán mecanismos de control aduanero simplificados para el transporte ferroviario, con el objetivo de reducir costos operativos para las empresas logísticas que utilicen ese modo.