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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que a partir del 1° de mayo se extenderán a la zona de frontera con Argentina una serie de medidas que ya se aplican desde 2025 en la frontera con Brasil, con el objetivo de fortalecer el comercio local, preservar el empleo y mitigar el impacto de las asimetrías económicas en los departamentos limítrofes.
El anuncio fue realizado en Mercedes por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, tras una reunión con comerciantes e industriales de la zona. En ese marco, las autoridades presentaron un conjunto de herramientas orientadas a atender la situación económica y comercial de la frontera oeste, en un contexto regional signado por la volatilidad.
Durante la actividad, Oddone remarcó que la política de frontera ocupa un lugar relevante dentro de la estrategia económica del actual gobierno. "Este gobierno entiende que la política de frontera es necesaria en su política económica", afirmó el jerarca, al tiempo que sostuvo que el Ejecutivo sigue de cerca la evolución de la economía internacional, aunque mantiene confianza en la capacidad de Uruguay para enfrentar escenarios adversos.
Medidas que comenzarán a regir desde mayo
Entre las disposiciones anunciadas, se encuentra la extensión al litoral del régimen simplificado de importación, una herramienta ya vigente en la frontera con Brasil y que busca facilitar el acceso regulado a determinados productos en zonas afectadas por la diferencia de precios con los países vecinos.
Según se informó, además de su aplicación en la frontera con Argentina, el Gobierno evalúa una ampliación de los topes máximos de compra permitidos bajo este régimen, así como una posible revisión de la lista de productos incluidos en la canasta autorizada. Esa ampliación se encuentra actualmente en estudio.
También se prevé la posibilidad de aplicar un régimen simplificado para comercios de mayor tamaño y para algunos sectores que hasta ahora no estaban contemplados dentro del esquema vigente, aunque este punto continúa bajo análisis.
En materia laboral, el Ejecutivo resolvió implementar una exoneración del 75% de los aportes patronales por cada nuevo trabajador contratado, durante un período de 12 meses. La medida apunta a estimular la generación de empleo formal en los departamentos de frontera y aliviar la carga de las empresas locales en un escenario de fuerte competencia comercial.
Ampliación del beneficio al combustible
Otro de los anuncios relevantes refiere al Impuesto Específico Interno (Imesi) aplicado a los combustibles. A partir de mayo, se extenderá el beneficio ya existente en las zonas más próximas a la frontera para alcanzar también a estaciones de servicio ubicadas en una franja más amplia.
En concreto, se aplicará un descuento equivalente al 50% del beneficio vigente en la zona de hasta 20 kilómetros de la frontera para aquellas estaciones de servicio que se encuentren entre los 20 y los 60 kilómetros de la línea limítrofe.
La medida busca atender una situación que desde hace tiempo afecta a los expendios de combustibles del litoral, donde la diferencia de precios con Argentina impacta tanto en la actividad comercial como en la movilidad cotidiana de los habitantes de la región.
Seguimiento y evaluación de impacto
Tras la presentación de las medidas, el subsecretario Martín Vallcorba confirmó además la puesta en funcionamiento del Observatorio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), un ámbito que tendrá como cometido monitorear el impacto de las políticas aplicadas en la frontera y generar insumos para evaluar nuevas acciones.
El Observatorio estará encargado de analizar el alcance territorial de las medidas, seguir la evolución de la problemática fronteriza y estudiar posibles cambios en función de la dinámica económica regional. También se prevé que funcione como espacio de articulación entre el Gobierno y diversos actores institucionales y sociales con presencia en la zona.
La primera reunión de este ámbito fue fijada para el 15 de abril y contará con representación de las cámaras empresariales, los centros comerciales, la Universidad de la República, universidades privadas con presencia en la frontera, el PIT-CNT, la OPP y el propio Ministerio de Economía y Finanzas.