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Los principales organismos internacionales pronostican un duro revés para la economía a nivel global y regional por los efectos del COVID-19.

Según un informe del Banco Mundial, la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá este año un 7 %, y los mercados emergentes y las economías en desarrollo lo harán un 2,5 %, su primera contracción como grupo en al menos 60 años. Será la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Los ingresos per cápita caerán un 3,6 %, lo que empujará a millones de personas a la pobreza extrema.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó, por su parte, en un 6 % la caída de la producción mundial, que podría llegar al 7,6 % si se produjera un segundo brote de la pandemia.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, afirmó que se necesita un nuevo paradigma que no solo apunte al crecimiento, sino también al cierre de la brecha social con un enfoque de derechos, respetando los límites del planeta

Banco Mundial: recesión y pobreza

A juicio del organismo multilateral, “el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá un 5,2 % este año. De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita”.

“A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7 % en 2020. Se espera que los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se contraigan un 2,5 % este año, su primera contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución prevista en los ingresos per cápita, de un 3,6 %, empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año.

Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones variará en función de la región, todos los MEED acusan vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis externas. Asimismo, la suspensión de las clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de salud probablemente tengan repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano.

“Las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales”, señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo Banco Mundial. “Nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y el desempleo”.

Según las previsiones de referencia —de conformidad con las cuales la remisión de la pandemia permitirá levantar las medidas nacionales de mitigación a mediados de año en las economías avanzadas y un poco más tarde en los MEED, las repercusiones negativas a nivel mundial perderán intensidad durante la segunda mitad del año y las perturbaciones a los mercados financieros no se prolongarán en el tiempo—, el crecimiento mundial repuntaría un 4,2 % en el 2021, a saber, un 3,9 % para las economías avanzadas y un 4,6 % para los MEED. Sin embargo, las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de que la situación empeore; por ejemplo, la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo, de que ocurran agitaciones financieras o de que se produzca un repliegue del comercio internacional y las relaciones de suministro. En esa hipótesis, la economía mundial podría contraerse hasta un 8 % este año, para recuperarse apenas por encima de un 1 % en el 2021, en tanto que el producto de los MEED disminuiría casi un 5 % este año.

Se prevé que la economía de los Estados Unidos se contraerá un 6,1 % este año a raíz de las perturbaciones vinculadas con las medidas para controlar la pandemia. En cuanto a la zona del euro, se estima que el producto caerá un 9,1 % en el 2020 debido a las graves repercusiones que los brotes generalizados tuvieron sobre la actividad. Además, se pronostica una retracción del 6,1 % en la economía de Japón, cuya actividad económica se ha desacelerado a raíz de las medidas de prevención.

La recesión ocasionada por la COVID-19 es singular en varios aspectos, y es probable que sea la más profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial y la primera contracción del producto en las economías emergentes y en desarrollo en al menos los últimos seis decenios”, dijo Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. “No existen registros de correcciones a la baja tan súbitas y drásticas de los pronósticos de crecimiento mundial como las que se han visto en la época actual. Si el pasado sirve como referencia, los pronósticos podrían empeorar aún más, lo que implica que los encargados de formular políticas deben prepararse para la posibilidad de tener que adoptar medidas adicionales para apoyar la actividad”.

“[…] La pandemia pone de relieve la necesidad acuciante de impulsar medidas de política en los ámbitos sanitario y económico, incluidas iniciativas de cooperación internacional, a fin de mitigar sus efectos, proteger a las poblaciones vulnerables y fortalecer la capacidad de los países de prevenir situaciones similares en el futuro y enfrentarse a ellas. En vista de su particular vulnerabilidad, es fundamental que los MEED fortalezcan sus sistemas públicos de salud, que enfrenten los desafíos que entrañan la informalidad y las carencias en las redes de seguridad y que impulsen reformas que promuevan un crecimiento firme y sostenible tras la crisis.

Los MEED que cuenten con capacidad de maniobra fiscal y que puedan acceder a condiciones de financiamiento asequibles podrían considerar la posibilidad de valerse de estímulos adicionales si los efectos de la pandemia se prolongan en el tiempo. Dicha estrategia debería ir acompañada de medidas que ayuden a restaurar de manera creíble la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, incluidas aquellas dirigidas a fortalecer los marcos fiscales, aumentar la movilización de los ingresos internos y la eficiencia del gasto y mejorar la transparencia fiscal y de la deuda. La transparencia de todos los compromisos financieros, de los instrumentos de deuda análogos y de las inversiones gubernamentales es un factor clave para crear un entorno propicio para la inversión; este año podrían lograrse sustanciales progresos en ese sentido.

Perspectivas regionales

Asia oriental y el Pacífico: se prevé que la región crecerá apenas un 0,5 % en el 2020, el índice más bajo desde 1967 y un reflejo de los trastornos originados por la pandemia.

Europa y Asia central: se estima que la economía de la región se contraerá un 4,7 % y que prácticamente todos los países entrarán en recesión.

América Latina y el Caribe: las perturbaciones originadas por la pandemia harán que la actividad económica se desplome un 7,2 % en el 2020.

Oriente Medio y Norte de África: se pronostica que la actividad económica en Oriente Medio y Norte de África se contraerá un 4,2 % a raíz de la pandemia y sus efectos sobre el mercado del petróleo.

Asia meridional: se estima que en el 2020 la actividad económica en la región se contraerá un 2,7 % a raíz de los efectos negativos de las medidas de mitigación de la pandemia sobre el consumo y la actividad de servicios y de la incertidumbre sobre el curso de la enfermedad, que desalentará la inversión privada.

África al sur del Sahara: la actividad económica en la región está camino a contraerse un 2,8 % en el 2020, la desaceleración más profunda de la que existe registro.

El Grupo Banco Mundial frente a la COVID-19

“El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance para ayudar a esos países a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Con tal objetivo, respalda intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y colabora con el sector privado para continuar sus operaciones y mantener el empleo. Destinará hasta USD 160 000 millones en un plazo de 15 meses como apoyo financiero para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, apoyar a las empresas e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye USD 50 000 millones correspondientes a nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que se ofrecerán mediante donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias” (Fuente: Grupo Banco Mundial).

OCDE: la economía en la cuerda floja

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo de cooperación compuesto por 38 estados,​ entre los que se cuentan las mayores potencias, alertó en sus más recientes “Perspectivas Económicas” sobre la gravedad de la crisis causada por el nuevo coronavirus y la eventualidad de una segunda ola de contagios que dificultaría aún más la recuperación económica global.

“La pandemia de COVID-19 ha provocado la recesión económica más grave registrada en casi un siglo y está causando daños enormes en la salud, el empleo y el bienestar de la población”, señala.

“Conforme se van levantando las restricciones, el avance hacia la recuperación económica sigue siendo incierto y vulnerable a una segunda oleada de contagios”. Según la OCDE, será fundamental fortalecer los sistemas de salud y ayudar a las personas y las empresas a adaptarse al mundo posterior al COVID-19.

Las medidas de contención adoptadas por la mayor parte de los gobiernos han sido necesarias para frenar la propagación del virus y reducir el número de fallecidos, pero también han paralizado la actividad en muchos sectores y causado dificultades económicas generalizadas.

Los responsables de las políticas han adoptado una extensa gama de medidas excepcionales para apoyar a los sistemas de salud, los ingresos de los ciudadanos, así como para ayudar a las empresas y estabilizar los mercados financieros. 

 

Dado que hay pocas perspectivas de que una vacuna sea ampliamente accesible este año, y ante una incertidumbre sin precedentes, la OCDE ha adoptado una medida poco habitual, que consiste en presentar dos escenarios igualmente probables: un escenario en el que el virus se controla y otro en el que se produce un segundo brote mundial antes de finalizar el 2020.

En caso de que ese segundo brote provocara nuevas medidas de confinamiento, se prevé que la producción económica mundial se desplomaría un 7,6 % este año, antes de remontar un 2,8 % en el 2021. En sus niveles máximos, la tasa de desempleo de las economías de la OCDE sería más del doble de la tasa anterior a la pandemia, con una escasa recuperación del empleo el próximo año.

En caso de que se evitara un segundo brote de contagios, se prevé que la actividad económica mundial caería un 6 % en el 2020 y el desempleo aumentaría en la OCDE hasta el 9,2 % desde el 5,4 % registrado en el 2019.

La repercusión económica de los confinamientos estrictos y relativamente prolongados impuestos en Europa será especialmente dura. Si se desencadena un segundo brote, se prevé que el producto interno bruto (PIB) de la zona euro se desplome un 11,5 % este año, y más del 9 % aun evitándose un segundo brote; mientras que el PIB de Estados Unidos caería un 8,5 % y un 7,3 %, respectivamente, y el de Japón un 7,3 % y un 6 %.

Entretanto, las economías emergentes como Brasil, Rusia y Sudáfrica se enfrentan a desafíos especialmente complicados, debido a sus sistemas de salud sometidos a una fuerte presión y las dificultades provocadas por la caída de los precios de las materias primas.

Sus economías se hundirían un 9,1 %, 10 % y 8,2 %, respectivamente, en caso de un escenario con un segundo brote, y un 7,4 %, 8 % y 7,5 % en caso de un solo brote. El PIB de China y el de la India se verán relativamente menos afectados, con una disminución del 3,7 % y el 7,3%, respectivamente, en caso de un segundo brote, y del 2,6 % y el 3,7 % en caso de un solo brote.

En ambos escenarios, la actividad económica, después de una rápida reanudación inicial, tomará tiempo en volver a los niveles de antes de la pandemia. La crisis dejará cicatrices duraderas: una caída en los niveles de vida, un alto desempleo y una inversión débil. La pérdida de puestos de trabajo en los sectores más afectados, como el turismo, la hostelería y el entretenimiento, afectará especialmente a los trabajadores poco cualificados, informales y jóvenes.

Las Perspectivas indican que las ayudas públicas dirigidas a las personas y empresas de los sectores más afectados tendrán que evolucionar, pero deberán seguir siendo sustanciales.

En declaraciones previas a la mesa redonda ministerial especial de la OCDE, presidida por Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía y Transformación Digital del Gobierno de España, para debatir la adopción de políticas como respuesta a la pandemia, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha afirmado: “La incertidumbre es claramente extrema en el contexto actual, pero las implicaciones en materia de políticas macroeconómicas no son simétricas. Los encargados de la formulación de políticas tenían razón al no demorarse en introducir medidas de emergencia, y ahora deben evitar ser demasiado rápidos en retirarlas”.

“La forma en que los gobiernos actúen hoy determinará el mundo posterior al COVID en los años venideros”, ha añadido. “Esto es cierto no solo en el plano nacional, donde las políticas adecuadas pueden fomentar una recuperación resiliente, inclusiva y sostenible, sino también en la forma en que los países cooperan para hacer frente juntos a los desafíos mundiales. La cooperación internacional, que hasta ahora ha sido un punto débil de la respuesta política, puede generar confianza y tener importantes efectos indirectos positivos”.

Durante la presentación de las Perspectivas, Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, ha indicado: “Será necesario adoptar políticas extraordinarias para caminar por la cuerda floja que nos conducirá a la recuperación. Reiniciar la actividad económica al tiempo que se evita un segundo brote requiere una adopción de políticas ágil y flexible”. Asimismo ha afirmado que las redes de seguridad y el apoyo proporcionados en la actualidad a los sectores más afectados tendrán que adaptarse para facilitar a las empresas y a los trabajadores la transición hacia nuevas actividades.

“Es inevitable que aumente la deuda pública, pero el gasto financiado con dicha deuda deberá estar claramente dirigido a respaldar a la población más vulnerable y a proporcionar la inversión necesaria para lograr una transición a una economía más resiliente y sostenible”, ha apuntado.

“Los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad para construir una economía más justa, consiguiendo una competencia y una regulación más inteligentes, modernizando los impuestos, el gasto público y la protección social”, ha añadido. “La prosperidad proviene del diálogo y la cooperación, a escala nacional como internacional”.

Las Perspectivas instan a que se adopte una mayor cooperación internacional para ayudar a poner fin a la pandemia con más rapidez, acelerando la recuperación económica y evitando que se perjudique el proceso de convergencia de las economías de mercado emergentes y de los países en desarrollo. Asimismo el informe defiende el impulso de unas cadenas de suministro más resilientes, con mayores reservas de existencias y una mayor diversificación de los puntos de origen tanto a escala local como internacional. (Fuente: OCDE).

 

Cepal: un nuevo paradigma de desarrollo

“El viejo paradigma del desarrollo es insuficiente y está obsoleto. No alcanza con crecer, necesitamos un nuevo paradigma que no solo apunte a la convergencia de ingresos, sino también al cierre de la brecha social con un enfoque de derechos, y que respete los límites del planeta”, afirmó hoy Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el evento Revolución Sostenible: diálogos para la recuperación, la resiliencia y la equidad, organizado por la sede en México del Instituto de Recursos Mundiales (WRI México, por su sigla en inglés), en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Iniciativa Climática de México y la Cepal.

Bárcena expuso en el panel de alto nivel “Revolución Sostenible: el reto global para la atención de la crisis económica, social y ambiental”, junto a Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México; Manish Bapna, vicepresidente ejecutivo del WRI, y Graham Watkins, jefe de la División de Cambio Climático del BID. Como moderadora participó Adriana Lobo, directora ejecutiva del WRI México.

Durante su intervención, la secretaria ejecutiva de la Cepal afirmó que si la destrucción del ambiente es la principal amenaza física a la continuidad del desarrollo, la desigualdad es su principal obstáculo o amenaza política.

Destacó que un nuevo modelo de desarrollo debe tener en su centro a los tres equilibrios: económico, social y ambiental, y advirtió que es urgente la transformación para una recuperación mejor con economías resilientes, inclusivas y sostenibles.

La máxima representante de la Cepal recordó que el mundo cuenta con la Agenda 2030, una hoja de ruta “histórica, transformadora, que posee metas universales, integrales e indivisibles, que es participativa y tiene una visión de futuro con la igualdad y la sostenibilidad en el centro”, subrayó.

Añadió que la recuperación económica pospandemia debe centrarse en los sectores de bajo carbono y que generen al mismo tiempo empleos y resiliencia ambiental. Para ello, los países deben priorizar sectores para avanzar hacia el gran impulso para la sostenibilidad que defiende la Cepal, un enfoque basado en la coordinación de políticas para movilizar y acelerar inversiones sostenibles, que promuevan un nuevo ciclo virtuoso de crecimiento económico, con generación de empleos e ingresos y reducción de desigualdades y brechas estructurales, mientras se mantiene y regenera la base de recursos naturales de la que depende el desarrollo.

Bárcena recordó que el COVID-19 visibilizó los problemas estructurales del modelo económico, por lo que es urgente replantear la seguridad social y el bienestar (sistemas de protección social) y asegurar servicios sociales de calidad para todos. En la región, un 48 % de personas no tiene salud ni protección social y existe una informalidad laboral del 54 %, advirtió.

Asimismo, América Latina y el Caribe deben reducir las brechas tecnológicas y la heterogeneidad productiva con políticas industriales activas y aumentar la productividad, así como redirigir la inversión para fomentar la transformación ecológica y garantizar la resiliencia de los países ante eventos ambientales extremos.

“La región también debe mejorar la calidad del sistema institucional. Debemos abordar la corrupción e incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Tenemos que poner fin a la cultura de los privilegios. El Acuerdo De Escazú, el primer tratado en el mundo entero que protege los derechos humanos de los activistas ambientales, va en esa dirección”, afirmó.

La alta funcionaria llamó a concretar pactos para la recuperación más sostenible o verde a través de una nueva ecuación producción-sociedad-ambiente, un estado del bienestar más fuerte con protección social universal y con ingresos ciudadanos con vocación de universalidad, y una mejor gobernanza internacional que incluya la dimensión económica en el marco multilateral y métricas para calcular la calidad del desarrollo, y no solo dinamismo económico.

“Lo que queremos es un new green deal [nuevo pacto verde], pero yo no le quiero llamar verde, porque debería ser un pacto multicolor que incluya a las mujeres y también al financiamiento”, subrayó. (Fuente: Cepal).

Es una larga trayectoria que comenzó en el año 1990 con un emprendimiento de barraca que llevaba el mismo nombre.

La necesidad de competir, generó la inquietud de comenzar a realizar algunas importaciones que rápidamente trascendieron más allá de ese local comercial.

Antes del segundo año, hubo que incorporar un depósito nuevo y en un corto período se consolidaba la distribución para varias empresas relacionadas con la construcción de todo el país.

Paralelamente, la marca comienza a abrir locales comerciales dirigidos al consumidor final, ubicados en puntos estratégicos de Montevideo y del Interior del país.

Actualmente Castro, afianza su presencia en todo el territorio nacional,reconvirtiendo toda la red de locales; siendo la opción con mayor variedad, stock y el mejor precio de plaza.

Su Centro Logístico se ubica en Ruta 8, en Barros Blancos, con 8.900 m2 construidos y 30.000 m2 de superficie total.

A lo largo de los años Castro fue incorporando nuevos rubros, convirtiéndose así en proveedor de casi todos los aspectos relacionados a la construcción y renovación del hogar:

Equipamiento para baños y cocinas, cerámicas y porcelanatos, grifería, loza sanitaria, hidromasajes y cabinas, techos, accesorios, materiales de construcción, herramientas, pinturas, electrodomésticos, muebles, y más.

Buscando nuevos desafíos, actualmente Castro incorporó la nueva unidad de negocios de Venta de Viviendas con Contendores.

 

Nuestra misión es satisfacer la demanda de nuestros productos en el mercado de manera eficiente y con la rentabilidad indispensable para asegurar ser una empresa competitiva, mantener el crecimiento sostenido y promocionar el desarrollo de nuestros empleados.

Buscamos ser reconocidos por nuestros clientes en el mercado gracias a la calidad de nuestros productos, el valor agregado de nuestros servicios y una atención personalizada y profesional.

CASTRO, CERÁMICAS Y EQUIPAMIENTOS

Hay un Castro cerca de tu casa.

Por Víctor Manuel Barceló R.

Agradezco a la afamada Somos Uruguay Revista la oportunidad de explayarme respecto a la relación de amistad entre nuestros países, México y Uruguay, que proviene desde principios del siglo XIX (1832) y se viene prolongando, fortalecida hasta nuestros días.

Este contacto de países hermanos se vigoriza con la relación económica, destacando la comercial a partir del surgimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (1960), la que adquiere vigor en la inversión, con la prolongación definida en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980), ambas felizmente instaladas en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.

Las relaciones entre México y Uruguay

Poco después de la independencia (tercera década del siglo XIX), las dos naciones instalaron firmemente sus relaciones diplomáticas, el 22 de febrero de 1831. Para 1882, Uruguay estableció un consulado en Ciudad de México, en tanto México mantuvo su presencia a través de su representación en Buenos Aires. En 1941, México eleva su misión diplomática en Montevideo a una embajada con Uruguay; dos años más tarde, en 1943, ocurre lo mismo con Uruguay en la capital mexicana. Desde entonces, y con eventos estelares en que los dos países dieron muestras de respeto a los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y a la no intervención, es invariable la relación de amistad.

Muestra de su constante concordancia en ámbitos multilaterales son sus participaciones en la Organización de las Naciones Unidas, así como su integración a organismos regionales como la ALADI, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de los Estados Americanos.

El instrumento que está impulsando las relaciones económicas es el tratado de libre comercio entre México y Uruguay, en vigor desde el 2004. Sus mecanismos llevan a un sustancial fomento del intercambio comercial bilateral, mismo que se fortalece en las Expo ALADI, que desde hace seis años se realizan en países de la Asociación, en que se potencian oportunidades de las empresas para crecer y aumentar su participación en el mercado regional —en particular las mipymes—, colaborando a la propagación de la oferta exportable y a un mejor y mayor aprovechamiento de las oportunidades comerciales, originando más comercio, conocimiento y mayor integración regional.

El intercambio hasta ahora es favorable a Uruguay. Las exportaciones de México a esta nación hermana son principalmente productos manufactureros de tecnología media y alta, mientras que Uruguay nos provee materias primas y manufacturas basadas en bienes primarios y de tecnología media.

La asociación estratégica entre nuestras naciones se inicia el 14 de agosto del 2009, con cuyas acciones se impulsó el acuerdo de libre comercio del 2004.​ También existen acuerdos relativos a las conexiones aéreas, la investigación científica sobre la Antártida, la educación, la evasión fiscal y la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes culturales robados o comercializados ilícitamente.

Por esas fechas México atendió un tema de exportación muy sensible para Uruguay: la carne de vacuno, que enfrentaba dificultades para su importación a México, abriendo un espacio comercial sólido para este producto.

 

Acuerdos bilaterales

El Acuerdo sobre Intercambios Culturales; el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica; Acuerdo de Cooperación Turística; el Convenio para la Prevención del Uso Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales; un tratado de extradición; el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones; el Tratado de Cooperación en Asistencia Legal Mutua en Materia Penal; un acuerdo sobre transporte aéreo; Convenio para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio; y Convenio para la Cooperación en Materia de Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes Culturales y los que conforman el Patrimonio Natural que hayan sido Materia de Robo o Tráfico Ilícito. Todos ellos muestran sus bondades en cada oportunidad en que es necesaria su aplicación.

Incremento del comercio

 

Puede señalarse, como ejemplo del incremento comercial, el hecho de que en el 2018 el comercio entre las dos naciones ascendió a 560 millones de dólares. Las exportaciones mexicanas a Uruguay incluyen: vehículos, televisores y tractores. Las exportaciones uruguayas a México comprenden: lácteos y productos alimenticios. México es el cuarto mayor socio comercial de Uruguay, mientras que Uruguay es el decimoquinto socio comercial de México en todo el mundo. La inversión extranjera directa de México a Uruguay ascendió a 200 millones de dólares en el 2011. En el año 2019, la inversión directa uruguaya en México ascendió a 396 millones de dólares. Las empresas multinacionales mexicanas como América Móvil, Binbit, Gruma, Grupo Bimbo y Grupo Omnilife, entre otras, operan en Uruguay y se incorporan al desarrollo de esta querida nación.

En el contexto complejo que nos impuso la pandemia provocada por el COVID-19, nuestros países han tenido acciones colaborativas de la mayor importancia. Las que resaltan por su impacto social son: el retorno de 38 uruguayos a su país y de 32 mexicanos a Ciudad de México, repatriación recíproca dentro de la operación Todos en Casa, que coordina la Cancillería de México con un equipo de funcionarios de primer nivel que se empataron con otro equipo de la misma categoría de su par en Uruguay. Este operativo se realizó con la colaboración de las fuerzas armadas, a través de la Fuerza Aérea uruguaya, que voló a Ezeiza, Buenos Aires, en donde un avión de la Fuerza Aérea mexicana llegó con 386 nacionales de Argentina, Chile y Uruguay, para llevar a mexicanos de los tres países a su destino patrio. Esta gestión aún no culmina, estamos esperando nuevas oportunidades para seguir acercando a nuestros connacionales a sus respectivas familias.

En lo bilateral, en el marco de las 14 actividades que se acordaron en México durante la reunión de trabajo de Coordinadores Nacionales de la CELAC, cuya presidencia pro tempore se encuentra a cargo de mi país, la delegación uruguaya fue parte importante de los contactos bilaterales en el marco del Encuentro sobre la cooperación regional de la Unión Europea con América Latina, que tuvo lugar los días 5 y 6 de marzo pasado, en la Cancillería mexicana.

De igual manera, Uruguay formó parte de la declaración por la conmemoración del 53.o aniversario de la adopción del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) el 14 de febrero del 2020, así como del Taller Regional del Atlántico Tropical Occidental celebrado de manera virtual el 28 y 29 de abril de este año.

Ante el advenimiento de la propagación del COVID-19 y las acciones mundiales para contenerlo, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay, Carolina Ache Batlle, y el director general de Salud, doctor Miguel Asqueta, participaron en la Reunión Virtual en Materia de Salud para la Atención y Seguimiento de la Pandemia del COVID-19 de la CELAC, celebrada el 26 de marzo.

Asimismo, el día 16 de abril, el doctor Henry Albornoz, de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, participó en la III Reunión de la Red de Expertos en Agentes Infecciosos y Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la CELAC (antes Red de Virólogos). Por último, es significativa la invitación del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, a su homólogo uruguayo, el economista Ernesto Talvi, para sumarse a la Coalición para la Preparación y la Innovación Epidémica.

El futuro de las relaciones bilaterales y multilaterales entre nuestras naciones será más intenso y promisorio, dada la similitud de visiones del mundo y en particular del futuro de nuestros pueblos, aparentemente lejanos en distancia, pero muy cercanos en sus anhelos de libertad, soberanía y paz.

El gerente de Recursos Humanos del Grupo Ta-Ta, Enrique Herrera, conversó con Somos Uruguay Revista sobre el impacto de la llegada del COVID-19 y las medidas que tomó la empresa para enfrentarlo. Herrera destacó el trabajo previo realizado en cultura organizacional, que permitió una reacción armoniosa y basada en la confianza. Además, destacó que Tata se consolida como el mejor lugar para trabajar y el mejor lugar para comprar[Dana1]

¿Cómo reaccionó la empresa ante la llegada del COVID-19?

Hace tres años venimos trabajando en un modelo de cultura organizacional, y creo que esa inversión en tiempo y recursos que hicimos en nuestra labor con los líderes, en lo que es la gestión del cambio emocional, nos permitió tener una reacción ágil y humana en esta situación. Es algo que veníamos trabajando, sin imaginarnos, claro, que esto iba a pasar, y ante un hecho de impacto tan inmediato nos permitió tener una reacción muy positiva.

¿Cómo fue la tarea que realizaron para enfrentar la situación?

En líneas generales, trabajamos en tres dimensiones: seguridad y salud laboral, beneficios para los trabajadores y la parte emocional. En la parte sanitaria hemos implementado un montón de medidas, pero lo primero y fundamental ha sido seguir el protocolo de los ministerios de Salud Pública y de Trabajo, y el protocolo nuestro como empresa, para tener el marco legal y actuar siempre pegados a lo que dice la norma. Después, como medida extraordinaria, fuimos el primer supermercado que instrumentó el uso de las mamparas en las cajas.

También tenemos una app que nos permite realizar videoconsultas con médicos en vivo en cada uno de los locales. Hay un celular en el local y cada colaborador tiene la posibilidad, en forma gratuita, de hacer una consulta con un médico en vivo, y eso facilita mucho porque se evita tener que ir a la mutualista. En las primeras semanas se trataba de prevenir las aglomeraciones en las mutualistas

En una primera instancia estaba la discusión entre guante, sí o no, entre barbijo, sí o no. Primero liberamos el uso de guantes y barbijo, y cuando se hizo obligatorio lo implementamos. Desde un principio establecimos esos mecanismos de seguridad para el colaborador; también el uso de alcohol en gel, el sistema de rotación para el lavado de manos, la desinfección de los lugares de trabajo.

La comunicación interna con cada uno de los colaboradores a través de los grupos de WhatsApp, de la red social interna, de las carteleras, fue fundamental para poder estar bien sincronizados en las medidas que sugería la empresa y lo que hacían los colaboradores. No hubo discusión.

A nivel sindical también nos encontramos con un actor que entendía que las medidas que estaba tomando la empresa eran las correctas, y el sindicato contribuyó en hablar con sus afiliados para la implementación. Todo eso generó una armonía entre los interlocutores, entre los que teníamos la responsabilidad de llevar adelante esta gestión, de una manera muy sana, muy empática, con mucha afinidad.

 

Muchas veces se plantea como una dicotomía el cuidar la salud o cuidar la economía. ¿Cómo lo vivieron ustedes?

En la empresa no se dio así, porque también trabajamos mucho de acuerdo al sentido común. Desde un principio, a todos los colaboradores que eran población de riesgo los invitamos a que fueran a sus casas sin pérdida de salario, para que estuvieran tranquilos y sus familias también estuvieran tranquilas.

Un 70 % del personal de la empresa son mujeres y un 65 % ocupan cargos de jefatura, y muchas de ellas son jefas de hogar, con hijos a cargo, y este es el único ingreso, por eso hicimos un sistema con flexibilidad horaria para que se pudieran adaptar según la realidad que estaban viviendo en sus casas.

Resultaron todas medidas que fuimos tomando de forma ágil, y ello nos permitió no entrar en esa discusión de si la compañía vela más por la economía que por la salud de los trabajadores. Todo eso nos permitió llevar una gestión muy sana, con el sindicato como un interlocutor que en las bipartitas de seguridad y salud siempre trabajó en conjunto con la empresa. Si vos tenés una situación conflictiva, esta situación se puede aprovechar, y en nuestro caso no fue así.

¿Por qué cree que se logró eso?

Hace tres años que venimos trabajando en un modelo de cultura organizacional basado en valores, comportamientos, hábitos que ya han tenido su bajada, su implementación y su corrección, y en los que toda la compañía participa. Tenemos reuniones en las que los colaboradores participan, y una reunión de resultados por la cual la información viaja a todos los colaboradores de la compañía.

Todos los meses la compañía presenta los resultados a todos, y toda esa política de transparencia y confianza, de afrontar conversaciones difíciles, de no dejar ningún tema como tabú, dio resultados. Hicimos un proceso de gestión del cambio emocional con más de 300 líderes, lo que nos permitió romper esa rigidez que había en la relación y no tener miedo a que cualquier colaborador pueda plantear cualquier situación — que si no está la respuesta, se le dirá que no se sabe—, para perderle el miedo a la democratización de la información y la participación.

Todo la inversión de tiempo que hicimos nos permitió que las medidas de la compañía ante la crisis fueran recibidas por los colaboradores como las mejores medidas, y no se generara desconfianza, como pudo haber pasado en otras empresas.

Hicimos una encuesta de clima ahora, en pleno COVID-19, para saber cómo los colaboradores estaban percibiendo las medidas que había tomado la compañía, y tuvimos un 86 % de satisfacción, y en la pregunta de si elegirías a Ta-Ta como el mejor lugar para trabajar tuvimos un 83 % de respuestas afirmativas.

Hicimos la encuesta de clima, preguntamos de manera anónima y preferencial; y más allá del porcentaje, que es anecdótico, es una práctica más en la cual la compañía tiene transparencia y puertas abiertas y en la que no esquivamos los temas, sino que los ponemos arriba de la mesa, los trabajamos, los gestionamos, y si nos equivocamos los corregimos y volvemos a trabajarlos. Creo que eso es importante, las medidas rápidas, contundentes.

En muchas otras empresas se vio que no se controlaban las aglomeraciones de los clientes porque tenían que vender, y nosotros las controlamos, y con eso los colaboradores sintieron que no pretendíamos vender a cualquier costo, que no íbamos a vender poniendo en riesgo la salud de los clientes y de los colaboradores; entonces vos generás esa confianza respecto de que estás tomando las mejores medidas para la situación en la que estás, en cada momento.

De hecho, nosotros no tuvimos situaciones complicadas con los clientes, porque cuando el cliente ingresaba al local ya ingresaba en ese microclima de respeto y orden y entraba en la misma sintonía. Si vos tenías un local caótico donde la empresa decía “A” y los colaboradores decían “B”, el cliente también se mareaba y entraba en ese descontrol. En el caso nuestro, funcionó de forma muy sincronizada y de manera muy empática.

Una dimensión fundamental es la emocional. Tenemos reuniones en los turnos; el gerente hace una reunión diaria, el supervisor hace una reunión con el turno y conversamos sobre cómo estamos, sobre situaciones que le pueden estar pasando a uno en la casa, donde quizás la mujer, el marido, los hijos o los abuelos son población de riesgo, les damos tips a nuestros colaboradores sobre cómo convivir con alguien que es población de riesgo. Aumentamos los beneficios para todos ellos para que puedan mejorar su nivel de compra, tanto en cuanto a productos alimenticios como en productos de limpieza.

Eso va logrando una visión integral. No es que me preocupo por vos solo en el lugar de trabajo, sino que me preocupo desde el punto de vista integral; el colaborador en el trabajo, en su casa, en su calle. Recibimos mucho feedback de que los tips que nosotros dábamos de cómo cuidarse en la calle o en la casa fueron muy valorados por las familias también.

Atendimos situaciones particulares que han vivido nuestros colaboradores desde el área social. La parte emocional pesa mucho, y esto es algo que nos impactó a todos de un día para el otro; hace que nosotros tengamos que poner mucha atención, sabemos que la persona no va a rendir igual si la pareja está en seguro de paro, si los hijos no pueden ir a estudiar; no es la misma persona que se había ido en la vieja normalidad. Eso tiene un impacto emocional y un impacto en el rendimiento. No se trata de bajar la exigencia, sino de entender que estamos pasando un momento difícil y eso va a llevar a que capaz que la persona no esté rindiendo en un 100 %.

Todas estas medidas generan un compromiso mucho mayor entre la compañía y los colaboradores, porque si vos en un momento difícil los apoyaste, trabajaste, generaste beneficios, se sintieron seguros desde el punto de vista sanitario, el compromiso que genera eso es mucho mayor

Quizás hoy no estamos tan estrictos, pero ese hecho nos va a generar que el día de mañana el colaborador, ante la posibilidad de que lo llamen de otra empresa, diga: “Se me hace difícil irme, porque en un momento complicado la compañía estuvo presente”. Ese ida y vuelta nos viene resultando positivo.

La circunstancia de compra ha cambiado mucho y, a medida que va pasando el tiempo, los clientes se van adaptando a las nuevas maneras de comprar ¿Cómo viene encarando eso la empresa?

Esa es una realidad que estamos descubriendo día a día; no es algo lineal, ni tampoco tenemos un histórico que nos permita saber cómo va a ser el nuevo comportamiento. Hay una realidad económica que genera una concientización y una racionalidad de la compra mayor, eso lo esperábamos. Creo que el cliente valora que la empresa no haya sido oportunista —es una palabra dura, pero aplica—, que la empresa haya mantenido su objetivo de bajar el costo de vida de Uruguay. Y, de hecho, las informaciones que han salido en la prensa muestran que Tat-Ta es el lugar más barato para comprar.

Si vos sumás todas las medidas sanitarias para los colaboradores y los clientes, el público percibe que el colaborador trabaja de una forma tranquila y segura. Y si los clientes encuentran los mismos precios que antes, o mejorando aún más las ofertas, concluyen que Ta-Ta es el mejor lugar para comprar.


 [Dana1]Habría que redactarlo de otra forma para que no repita el texto el título. Ver.

Hugo Odizzio, presidente del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), habló en entrevista sobre los desafíos que implica la reforma del sistema de seguridad social y su impacto en las cuentas públicas y la presión fiscal. Afirmó que a su juicio la edad de retiro no será el eje de la discusión, y recordó que actualmente los uruguayos se retiran en promedio a los 64 años. Abogó por un nuevo modelo de proximidad en el que el BPS brinde toda la información para que las personas puedan tomar sus decisiones con la mayor libertad.

El gobierno y todos los sectores políticos coinciden en la necesidad de reformar el sistema de seguridad social. ¿Cuál será el rol del BPS en ese proceso?

El BPS tendrá una importancia singular en el análisis previo y en el resultado. Lo tendrá en la preparación de la información para que se puedan evaluar los resultados y efectos de cualquier diseño que se pretenda hacer; y luego de que la reforma adquiera forma de ley, se apruebe, se promulgue y vuelva al BPS, lo tendrá en la transformación de la ley en derecho positivo para los ciudadanos.

Estamos en la primera etapa, comenzaron a llegar algunos pedidos de información, y más adelante, durante el trabajo de la comisión de expertos, nuestro trabajo va a seguir creciendo.

Siempre se habla de la necesidad de un consenso social sobre este tema, pero ¿quién quiere trabajar cinco o diez años más?

En el libro de Rodolfo Saldain La era de los nuevos viejos se analizan los cambios en la composición de la sociedad, que van más allá de la expectativa de vida, de que la gente vive más años. También está cambiando la composición de la sociedad porque cada vez las familias tienen menos hijos, las parejas los tienen cuando ya están más avanzadas en edad; incluso algunos atribuyen esto a los efectos de ciertas políticas contra el embarazo no deseado, que bajó la tasa de natalidad, que era más alta en los sectores de menores ingresos.

Hay cambios en muchos planos, y a mí en particular no me queda tan claro que la gente quiera trabajar menos, creo que la gente quiere vivir mejor. Yo tengo 62 años y me podría jubilar mañana, pero mi vocación es seguir trabajando porque me siento bien, tengo una forma más activa de encarar la existencia. Habrá gente que se querrá retirar antes, pero hoy ya ni siquiera se retiran a los 60 años pudiendo hacerlo; se retiran, en promedio, a los 64.

Si además se generan algunos estímulos para que la gente siga disfrutando el trabajo, disfrutando la vida y disfrutando el descanso, creo que es razonable pensar que la edad de retiro no va a ser el eje de discusión de la reforma.           

Quizás muchas personas quieren mantenerse en actividad, más allá de que no estén conformes con las condiciones en las que trabajan.

No tenemos estadísticas; pero esos que estaban contentos, aunque asustados también, porque por la pandemia se fueron para la casa y no tenían que trabajar, creo que ya al mes tenían una sensación diferente, y algunos deben haber regresado contentos cuando los volvieron a convocar.

La inactividad se vive de acuerdo a cómo cada persona vive su existencia. El envejecimiento activo, como se le llama ahora, puede ser marcado por el empleo; pero si la persona trabajó toda su vida y pudo ahorrar, puede dedicarse a otras cosas, aunque siempre teniendo actividad. Eso de “me retiro y le voy a dar de comer a las palomas” no corre más.

Hace algunos años llegamos a tener en el BPS una publicidad en la que había un señor dándole de comer a las palomas. Mientras yo esté acá no creo que volvamos a ver esa publicidad, porque la gente tiene derecho a descansar, pero también tiene derecho a vivir una vida adulta, sana, con la mejor salud que el sistema le pueda asegurar, pero disfrutándola.

¿Cuál es la relación entre población activa y pasiva, y cómo pesa en el diseño de la reforma?

Ahí está uno de los desafíos de la reforma, analizar las variables de la economía y el empleo y de los niveles de las prestaciones para armonizarlas y hacer que el sistema sea sustentable en el transcurso del tiempo.

El hecho de que hay menos puestos de trabajo cotizantes, por la automatización de procedimientos y la evolución de la tecnología, significa que un sistema de protección social basado en las contribuciones de los trabajadores en su vida activa, que financian parcialmente las prestaciones de los que ya están retirados, es un modelo que cada vez es más difícil de sostener en forma autónoma.

En Uruguay hay ya muchos impuestos que se destinan a mantener ese sistema, y el escenario que se nos presenta en el mediano y largo plazo puede ser aún más desafiante.

Por eso se habla mucho de la importancia que tiene la educación —y de la hipoteca que significa sobre nuestro futuro como país—, de los niveles y resultados que hay de capacitación de los alumnos y egresos; porque es razonable pensar que los trabajos vinculados a procesos que puedan ser sustituidos por un automatismo, en el mediano y largo o muy largo plazo, van a tender a desaparecer, y todo lo asociado al conocimiento va a aumentar su valor.

La falta de un sistema educativo que genere ese conocimiento en los jóvenes uruguayos afecta increíblemente la sustentabilidad de la sociedad como entidad armónica, capaz de hacer la transferencia entre los que son capaces de contribuir y los que están precisando el apoyo.

Todo eso es un sistema bastante complejo que va a haber que ir armonizando, y la reforma deberá tener algunos instrumentos para autorregular esas fluctuaciones. Las reformas antes se hacían a 20 o 30 años, ahora es muy difícil saber qué va a pasar en ese tiempo.

¿La reforma tendrá como objetivo el equilibrio fiscal?

La reforma, al igual que en 1996, tiene como objetivo bajar la presión fiscal, atenuar el impacto sobre las finanzas públicas que provoca la seguridad social.

Si miramos la reforma del 96, tal cual lo planificado, hubo inicialmente un aumento del gasto para financiar el período de transición e ir haciendo el pasaje al nuevo sistema sin pérdida de derechos. Luego empezó a tenerse el efecto esperado, que fue una reducción de la asistencia del Estado, y en el 2007, 2008 se llegó a que prácticamente no hubo asistencia de Rentas Generales.

Después, con la reforma del 2008, volvimos a este escenario en el que estamos por arriba de los 600 millones de dólares de asistencia, y este año van a ser más aún.

La reforma será una reiteración de aquel modelo porque buscará proyectar escenarios en el mediano plazo que balanceen las cuentas de la seguridad social de manera que la sociedad en su conjunto tenga que transferir menos recursos para financiar el déficit.

No es una solución de un día para el otro, la apuesta es siempre a mejorar el desempeño del sistema para bajar los requerimientos que se hacen a Rentas Generales, que somos todos. A veces parece que Rentas Generales es algo mágico, que alguien llena de noche de dinero para que al otro día alguien lo pueda sacar.

Muchas veces se habla del costo político de hacer una reforma de este tipo y la necesidad de concretarla en el primer año de gobierno.

Ningún partido cuestionó la necesidad de la reforma, todos hablaron de la necesidad de revisar el sistema; había posiciones divergentes sobre si estamos en un escenario más o menos crítico, pero no hubo discusión en torno a la necesidad de procesar una reforma.

No creo que la urgencia que se plantea vaya de la mano de que después no vamos a tener los apoyos. Obviamente, cuanto más lejos de una instancia electoral se tratan estos temas, mayor es la posibilidad de darles una solución con más componente técnico y menores valoraciones políticas.

De todas formas, ese no es el sentido de la urgencia. La urgencia se debe a que esto recae en las espaldas de los contribuyentes y está hipotecando a las futuras generaciones; y cuanto antes tomemos las mejores decisiones, mejor perspectiva tendremos de lograr una reforma de calidad.

Si procesamos la reforma rápidamente, tendremos mejor perspectiva de atender como debemos a los adultos mayores y a las nuevas generaciones, para que puedan tener un buen nivel de vida sin una carga excesiva de impuestos, y que las empresas sean competitivas porque los aportes a la seguridad social no son altos.

Cuanto más pronto lleguen las soluciones, más pronto se verán los resultados, que no son para dentro de tres años; pero estimo que, para el clima de inversiones y la valoración del país en su calificación como deudor, un proceso tomado con seriedad da una indicación positiva.

Si Uruguay hace las reformas estructurales que debe hacer, podrá desempeñarse mejor tanto a nivel de la seguridad social como en la educación, o en aspectos fiscales o energéticos.

Y si todo ese conjunto de medidas —entre las cuales la seguridad social es parte importante— se lleva adelante con un sentido de responsabilidad y urgencia, estaremos dando una buena señal para quienes ven al país como destino de sus inversiones y también para las calificadoras de riesgo, que son en definitiva las que con su nota están determinando los intereses que paga el país por su deuda.

La urgencia es también una característica de esta Administración, para poder hacer la mayor cantidad de cosas dentro del período de gobierno; y en el caso de la reforma también ayuda a favorecer ese clima de negocios.

En otro ámbito totalmente diferente, los resultados que se han tenido hasta hoy en el combate a la pandemia llevan a que el país dé una señal de madurez política.

Creemos que hay muchas ideas sensatas en torno al tema de la reforma de la seguridad social, y esperemos que el panorama sea parecido, que la mayor parte de las decisiones tengan un gran consenso en el sistema político, con algunos matices, como lo hay en todo.

El Frente Amplio (FA) no votó la ley del año 96, y durante los 15 años de gobierno del FA esta fue ajustada, pero el sistema de ahorro individual que administran las AFAP no se derogó. Hay, por lo tanto, una política de Estado en materia de seguridad social.

El país, cuando las cosas son serias, las toma en serio. La matriz energética es otro ejemplo. Esperamos que haya otros temas en la agenda pública en los que también se proponga un enfoque serio y se pueda llevar adelante una visión colectiva, pensando en que somos un país chico y debemos buscar más las coincidencias que las diferencias.

¿La reforma abarcará a todas las cajas, serán todas convocadas e incluidas?

Incluidas es un término que en seguridad social implica muchas cosas. No me voy a expedir sobre la inclusión o no, sí en lo que hace a la consulta; porque con posterioridad a la reforma se creó un sistema de acumulación, entre diferentes entidades de seguridad social, que permite que yo acumule años de servicio como bancario, como policía y otros en el BPS, para obtener una jubilación, y que cada una de esas cajas me pague una parte.

Hoy todos los sistemas están conectados. Hay unos vasos comunicantes que no existían en el pasado, lo que lleva por lo menos a que podamos analizar las variables en su conjunto.

Después, aunque no sé cuáles son los escenarios que se analizan, se puede plantear una progresiva integración o convergencia, y puede haber otros mecanismos que —sin ir a esa convergencia y respetando las autonomías de las distintas instituciones de la seguridad social— vayan generando algún tipo de solución más coordinada que la actual.

¿Cuáles son las metas principales que se propondrá alcanzar durante su gestión?

Ahora justamente estamos construyendo esa visión, tenemos alguna idea que todavía puede ser más personal, pero que tiene que transformarse en una visión más institucional.

Si a mí me dijeran cómo querría yo ver al BPS dentro de uno años, querría que seamos capaces de transmitirle a la gente que tiene que cuidar su vínculo con la seguridad social.

Hoy hay una cantidad de gente, podemos discutir si son 250.000 o 400.000, que no ven en la inclusión en el sistema de seguridad social una solución a los problemas que tienen actualmente.

Eso es en parte porque el sistema no les resulta lo suficientemente atractivo, y en parte puede ser porque no les hemos dado a esas personas todos los instrumentos para comprender la importancia que tendría su inclusión en el sistema.

Es cierto que tener las herramientas para comprenderlo no quiere decir que después lo vayan a lograr, porque no es tan fácil formalizarse en algunas actividades.

Para avanzar mucho en ese sentido, me imagino un concepto de proximidad; porque el BPS pasó de ser un lugar donde se hacían colas y se llenaban formularios a un lugar al que se puede llamar por teléfono —aunque estamos demorando un poco con la atención, algo que nos tiene bastante preocupados—, un lugar en el que se dan muchas soluciones sin necesidad de venir al BPS, como las jubilaciones.

Antes había colas para cobrar en el BPS y hoy pagamos por banco, pagamos por redes de cobros y pago. Ya no ocurre que todo el mundo tiene que venir al BPS, las empresas casi no vienen. Procesamos 190.000 seguros de desempleo, y no hubo cuadras y cuadras de cola, sino que fue hecho a distancia.

Esa es la primera etapa del cambio. Nos alejamos de la gente, en cierta forma, al ofrecerles el servicio allí donde se encuentren o la posibilidad de ir a un lugar cerca de su casa, como puede ser un local de pagos.

Ahora tenemos que empezar en un camino inverso: acortar esa distancia que hicimos para evitar que todo el mundo viniera, y que el BPS empiece a ser el que vaya a las personas a las que les dijo que no hace falta que vengan.

¿Cómo decirlo? Avisándole en el teléfono que tiene para cobrar tal beneficio, con tal importe. Si nosotros liberamos un pago y le avisamos que ya puede cobrar, si habilita el GPS le podemos decir dónde lo puede cobrar en ese momento. Eso ya está, aunque no se hace por un tema operativo. Si se dio de alta por primera vez, avisarle que tiene la posibilidad de afiliarse a un prestador de salud; y si en ese momento hay una puntuación de satisfacción de los usuarios, decirle también que los usuarios valoran de tal forma a los prestadores de salud a los que tiene derecho por su lugar de residencia.

Es decir, darle a cada persona información que le agregue valor a las decisiones que toma en su vida cotidiana.

También tenemos la idea de generar más comunidad en torno a esta cuarta edad, este envejecimiento activo; creemos que hay instrumentos como el plan Ibirapitá y algunas asociaciones que son de gente mayor pero que tienen el espíritu del joven que llevan dentro, y queremos tratar de ayudar a que mejoren su calidad de vida.

Ese tiene que ser el BPS, y va en la línea de lo que dice el presidente de la República, de darles más libertad a las personas para elegir y tomar sus decisiones.

 

El embajador de China en Uruguay, Wang Gang, aseguró que existe una enorme potencialidad de crecimiento en las relaciones económico-comerciales entre ambos países. Destacó las exportaciones de bienes, en particular los agropecuarios, que colocan actualmente a China como el principal socio comercial de Uruguay, y enfatizó sus expectativas de un fuerte crecimiento en el área de las inversiones y el turismo, en colaboración con países vecinos. Dijo a Somos Uruguay Revista que la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que Uruguay adhirió en el 2018, es un camino idóneo para un gran incremento del intercambio en todas las áreas. Reiteró que China está disponible a avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, o con Uruguay en forma bilateral

¿Cómo evalúa China el estado de las relaciones diplomáticas y económico-comerciales con Uruguay?

Ambos países establecimos relaciones diplomáticas en 1988. En el 2016, en ocasión de la visita del presidente Tabaré Vázquez a China, establecimos una asociación estratégica, y en el 2018 Uruguay se convirtió en el primer país del Mercosur en firmar un memorándum de entendimiento con la parte china para adherir a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Durante muchos años China se ha mantenido como el mayor socio comercial y el mayor mercado, y también el mayor cooperante de Uruguay. De acuerdo con las estadísticas chinas, el comercio bilateral en el 2019 fue de unos 5.000 millones de dólares, 40 veces más que en 1988. Uruguay gozó de un superávit de 1.000 millones. Esto obedece principalmente a la colocación de los productos agropecuarios uruguayos, en especial la carne bovina.

China es un gran país agropecuario, y Uruguay es también una potencia, tanto en producción como en exportaciones, por lo que estamos convencidos de que en este rubro todavía tenemos grandes potencialidades y amplias perspectivas. Por ejemplo, hace poco más de un mes se embarcaron desde aquí 7.000 terneras y vaquillonas Holando en pie, un negocio que no se hacía desde hacía cinco años.

El pasado 26 de marzo tuve la oportunidad de reunirme con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, e intercambiamos opiniones sobre el mayor desarrollo de nuestras relaciones agropecuarias, porque estas constituyen una parte importante de nuestra cooperación económico-comercial y han logrado un gran desarrollo en los últimos años.

Por ejemplo, en los últimos cinco años todos los ministros de Ganadería de Uruguay visitaron China cada año, y esto es un hecho sin precedentes tanto para el Ministerio de Ganadería uruguayo como un caso único para los titulares de las diferentes carteras, lo cual da muestra de la importancia de la cooperación agropecuaria en nuestras relaciones bilaterales y el interés que les atribuye la parte uruguaya. Por nuestra parte hubo dos viceministros de Agricultura que visitaron Uruguay en el 2018 y 2019.

En octubre del 2016, durante la visita presidencial, ambas parte firmamos un plan quinquenal de cooperación agropecuaria, que es una orientación, un norte para estas relaciones bilaterales.

En segundo lugar, también cabe destacar el avance de nuestra cooperación tecnológica en el área de la soja. En el año 2006 la Academia de Ciencias Agrarias de China firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, y a partir de allí hemos logrado un gran desarrollo y cooperación, por ejemplo, en la mejora genética de la soja, el intercambio de recursos de germoplasma de soja, la construcción de un laboratorio conjunto, así como en la capacitación de personal profesional al respecto, aspectos que lograron grandes resultados.

En marzo del 2019, durante la visita a Uruguay de nuestro vice primer ministro, Hu Chunhua, firmamos un referéndum de cooperación tecnológica de recursos de germoplasma de soja para consumo humano, especificando la orientación y las prioridades al respecto.

En el año 2019 Uruguay exportó a China 1,37 millones de toneladas de soja, que significaron un 85,6 por ciento de las exportaciones totales de la soja uruguaya.

China sigue siendo el principal mercado de los productos agropecuarios uruguayos. En el 2019 importó 2.150 millones de dólares en productos agropecuarios uruguayos, significando un incremento de 21,9 por ciento en comparación con el año 2015. De estas importaciones, 1.310 millones de dólares fueron por productos ganaderos y 817 millones fueron por la soja, y 18,73 millones de dólares fueron para los productos acuáticos, pescado, camarones, etcétera.

¿Percibe usted que hay condiciones para una profundización de esta cooperación en el rubro agropecuario, para un mayor desarrollo del intercambio?

En cuanto a la futura cooperación agropecuaria creemos que tiene grandes potencialidades, porque nuestras economías son muy complementarias, y estamos dispuestos a unir nuestros esfuerzos junto a los de Uruguay para lograr un desarrollo más profundo.

En primer lugar, hay que consolidar aún más nuestros mecanismos de cooperación, porque entre ambos países tenemos varios; el más importante es el Comité Conjunto de Cooperación Agrícola, a nivel ministerial; y propusimos a Uruguay —cuando me reuní con el ministro— que se celebre este año, cuando pase la pandemia, o el año próximo, en China, la tercera reunión de este comité, a la cual estará invitado el ministro Uriarte, que todavía no conoce el país. Existen además otros mecanismos como el comité conjunto en materia de granos, el grupo de trabajo conjunto sobre cooperación forestal, el Comité de Cooperación en Recursos Hídricos, el comité consultivo en temas sanitarios, fitosanitarios e inocuidad de los alimentos, etcétera.

El plan quinquenal firmado en el 2016 está por terminar, y estamos dispuestos a conversar con la parte uruguaya para preparar el próximo plan quinquenal.

Debemos profundizar aún más nuestra cooperación agropecuaria, porque China es desde hace años la segunda economía del mundo, representa un 18 por ciento del producto mundial y posee el mayor número de personas de renta media, unos 400 millones de personas, cuyo nivel de vida y de consumo se eleva constantemente; y los productos agropecuarios uruguayos, naturales, de alta calidad, con mucha seguridad y trazabilidad, gozan de buena fama en el mercado chino.

Tomemos como ejemplo la carne uruguaya, que es uno de los principales productos de exportación; China es el mayor mercado a nivel mundial de consumo y de importación de la carne, y durante los últimos años hemos adoptado una política alentando más importaciones de la carne, acelerando además los trámites de acceso al mercado chino. Actualmente unas 1.623 empresas de 40 países están compitiendo en el mercado chino de la carne.

En el año 2019 China importó 5,5 millones de toneladas de carne, significando un incremento del 50 por ciento, y ocupando 20 por ciento del comercio cárnico a nivel global. Las importaciones de carne bovina fueron de 1,7 millones de toneladas, un incremento del 59 por ciento, entre las cuales se importaron 312.000 toneladas de Uruguay, ocupando un 18,35 por ciento del total de las importaciones de carne bovina de China, y también un 66,38 por ciento de la totalidad de las exportaciones de carne bovina de Uruguay el año pasado; o sea, unas 476.000 toneladas.

Como la demanda y el consumo de la carne bovina en China es muy fuerte, y existen muchos proveedores que quieren entrar en el mercado chino, y hay mucha competencia, creemos que Uruguay ya está en una posición muy ventajosa; y gozando de una fama creciente en el mercado chino, estamos convencidos de que la exportación de la carne uruguaya, especialmente la bovina, tiene una gran potencialidad en el mercado chino y un gran futuro.

Ya llevo dos años en Uruguay, y he podido contemplar que este país realmente goza de un ambiente natural y de recursos naturales privilegiados. Todo el país es una llanura suavemente ondulada, no existen ni desiertos ni volcanes, tampoco hay tsunamis o huracanes; o sea, condiciones muy buenas para el ganado. También las condiciones climáticas son excelentes; aunque hay sequías, no se pueden comparar con las de otros países, como China.

Dicen que Uruguay tiene capacidad para producir alimentos para una población 10 veces mayor a la que tiene, para entre 35 y 50 millones de personas. Esto quiere decir que la producción agropecuaria uruguaya tiene todavía grandes potencialidades que no han sido explotadas.

Muchas empresas chinas, incluso muchas privadas, tienen mucho interés en invertir en Uruguay en ganado, en frigoríficos, en tambos, en viñedos, en bodegas, etcétera, y esperamos que Uruguay pueda tener con el nuevo gobierno nuevas políticas, mayores políticas, que promuevan estas inversiones, para captar inversiones chinas en proyectos agropecuarios, para expandir la capacidad productiva y aumentar las exportaciones a China.

Como se sabe, China es el país con mayor población del mundo, con 1.400 millones de habitantes, o sea que es un mercado prácticamente infinito, y Uruguay no tendría problemas para exportar a China; cuanto más, mejor. También podemos desarrollar proyectos de inversión de ganar-ganar, tanto en cultivo de plantaciones agrícolas como en producción ganadera o en agroindustrias.

También quiero poner énfasis en el tema de los lácteos. En el 2019 los lácteos experimentaron un gran avance en sus exportaciones a China, porque antes no eran muchos. China superó ese año a Brasil, convirtiéndose en el tercer mercado de Conaprole, y creemos que tiene todavía grandes potencialidades.

China es el mayor país a nivel global en comercio de bienes; sin embargo, el comercio bilateral con Uruguay apenas ocupaba una parte ínfima, 1/900 del comercio chino a nivel mundial. A pesar de que somos el primer socio comercial y el mayor mercado, creemos que todavía hay grandes potencialidades.

China es el principal socio comercial; Uruguay exporta hacia ese destino gran parte de su producción, en particular en el terreno agropecuario. No hay, sin embargo, hasta el momento un gran desarrollo de las inversiones chinas en nuestro país, al menos no en la dimensión que están teniendo en otros países de mediano o bajo desarrollo. ¿Ve posible un impulso de las inversiones en un futuro próximo?

En cuanto a inversiones, es un tema muy importante en las relaciones bilaterales, y un punto débil en nuestras relaciones, porque China es hoy por hoy el principal inversor del mundo; y sin embargo, las inversiones en Uruguay, sobre todo en comparación con otros países de la región, son muy pocas.

En el 2018 firmamos un acuerdo de cooperación por el cual Uruguay se adhirió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y creemos que en este marco, con el nuevo gobierno uruguayo, podríamos explorar la posibilidad de atraer mayores inversiones chinas en Uruguay, porque —como todos saben— inversión es sinónimo de empleo, y el empleo trae bienestar social.

Cabe destacar que las inversiones foráneas jugaron un papel importantísimo en el desarrollo de la economía china, sobre todo después de nuestra reforma y apertura; generaron mucho empleo, trajeron mucha tecnología y ayudaron mucho al despegue de la economía china.

El nuevo gobierno uruguayo está asignando mucha importancia a la captación de inversiones extranjeras para generar empleo y lograr un mayor bienestar del pueblo uruguayo. Como nuestras relaciones han entrado en una nueva era con el nuevo gobierno, esperamos que las inversiones chinas puedan jugar un papel más importante en el ulterior desarrollo de nuestras relaciones económico-comerciales.

Uruguay es un país pequeño comparativamente, con poca población, y un mercado también relativamente pequeño. Estos son factores que no son muy buenos para captar inversiones. Sin embargo, siempre hay oportunidades.

Por ejemplo, hay una empresa privada china, Shandong Baoma, que durante los últimos años ha estado tratando de invertir en Uruguay, en un proyecto pesquero. Su dueño ha venido muchas veces a estudiar el proyecto, es una inversión de 210 millones de dólares, bastante grande en relación con lo que tenemos actualmente entre ambos países, un proyecto que prevé construir un espigón, un muelle, algunos frigoríficos, un mercado de productos pesqueros.

Sin embargo, este proyecto ha tropezado con muchos obstáculos, mucha oposición. Hubo un invierno —no recuerdo si el año pasado o en el 2018— en que un importante diario local sacaba un artículo por semana durante casi dos meses, oponiéndose férreamente a este proyecto.

Uruguay tiene un medioambiente privilegiado y el pueblo uruguayo le atribuye mucha importancia a su protección, y lo comprendemos. Todo proyecto industrial necesita un estudio de impacto ambiental. Uruguay ha tenido otros proyectos de inversión industrial extranjeros mucho mayores que este, por lo que esperamos que con el nuevo gobierno se pueda retomar el proyecto y podamos fortalecer aún más nuestro intercambio de opiniones, y esperamos que la parte uruguaya nos pueda brindar facilidades en el usufructo de terrenos, en tributación y en las políticas de financiamiento y de inversiones.

A pesar de los tropiezos en sus inversiones en Uruguay, este grupo de Shandong abriga un gran sentimiento de amistad hacia el pueblo uruguayo. Últimamente hizo una donación de insumos médicos para ayudar al pueblo uruguayo a combatir la pandemia.

¿Qué perspectivas tiene el turismo desde China?

China es actualmente el mayor emisor de turistas a nivel global. El año pasado llegaron a 155 millones los chinos que salieron del país como turistas, y su consumo per cápita es también el número uno del mundo. Sin embargo, a Uruguay han venido muy pocos; el año pasado apenas fueron algunos miles. La mayoría entró por Colonia, vino de Buenos Aires. Creemos que es un gran mercado, y el turismo es un rubro muy importante —también para Uruguay— de inversiones para captar divisas para la economía.

Creemos que promover a Uruguay solo es difícil, sobre todo en cuanto a las conexiones aéreas; tienen que venir por Argentina, por Brasil, por Chile; no hay muchos vuelos directos a Uruguay. En el mercado del turismo hay que jugar juntos, con Brasil, con Argentina y con Chile por la Antártida. Si se formara un paquete conjunto para atraer a los turistas chinos, creo que valdría la pena explorarlo, porque es realmente un gran mercado.

Uruguay podría, junto con Chile, lanzar un paquete para promover la Antártida, porque este turismo de alta gama actualmente en China es un mercado, aunque incipiente, pero con gran futuro; está viniendo mucha gente.

Uruguay lanzó algunas medidas para favorecer el turismo chino, como, por ejemplo, desde el 2017 Uruguay ha venido implementando una política de exención de visas a los ciudadanos chinos que tengan visa de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. En julio del 2018 entró en vigor un acuerdo de visas con múltiples entradas, con vigencia por 10 años, para hombres de negocios de ambos países.

Las hipótesis de un mayor desarrollo en las relaciones económico-comerciales están muy relacionadas al tema arancelario, y esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de avanzar en la firma de un tratado de libre comercio. ¿Ve posibilidades reales? ¿China mantiene su disponibilidad?

El tratado de libre comercio (TLC) fue una iniciativa del presidente Vázquez durante su visita de Estado a China, en octubre del 2016, que China acogió con buenos ojos, porque —como es sabido— estamos a favor del libre comercio, del multilateralismo, y de que todo TLC es ventajoso, es propicio para acuerdos de mutuo beneficio, de ganar-ganar entre los países.

Hemos firmado TLC con muchos países, como con los competidores de Uruguay: Australia, Nueva Zelanda; y luego de la firma todos incrementaron notablemente sus exportaciones a China, sobre todo los países que venden materias primas, productos agropecuarios como carne y lácteos, que es el caso de Nueva Zelanda y Australia, que son importantes proveedores de estos productos a China.

A Uruguay, que es también un gran proveedor de estos productos, le favorecería mucho un TLC, porque China es un gran mercado, un gran importador. Con un eventual TLC Uruguay podría vender mucho más a China sin arancel o con arancel mucho más bajo.

En diciembre pasado pude visitar Paysandú, y una planta que está exportando naranjas y arándanos. Según nos comentaron, tienen arándanos de gran calidad en comparación con otros países de la región, como Chile y Perú. Sin embargo, como no hay un TLC, tienen que pagar aranceles bastante altos y no pueden competir con otros países que sí lo tienen y entran al mercado chino sin arancel.

Actualmente Uruguay no puede competir con Nueva Zelanda y Australia; estos están mucho más cerca, por lo que pagan menos flete, y con el TLC entran libremente al mercado chino.

China vería con buenos ojos tanto un TLC bilateral con Uruguay como un TLC con el Mercosur. Sin embargo, como Uruguay es parte del Mercosur y este tiene sus restricciones a firmar TLC con otros países, entendemos que no es un tema bilateral entre China y Uruguay. Por nuestra parte lo vemos con buenos ojos, y creemos que la pelota está en la cancha de Uruguay y del Mercosur.

¿Qué oportunidades le crea a Uruguay su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta[Dana1]?

Uruguay adhirió en el 2018 a la iniciativa, y creemos que es una gran oportunidad, porque China es uno de los mayores inversores en el mundo y también tiene una gran capacidad tanto en construcción de infraestructura como en financiamiento.

Últimamente Uruguay se incorporó al Banco de Inversiones e Infraestructuras de Asia, un importante banco que tiene su sede en Pekín. Uruguay fue el segundo país de América Latina en incorporarse oficialmente, después de Ecuador.

En el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta hay más políticas privilegiadas, hay más políticas de inversión, y también hay muchos proyectos que podrán acceder a facilidades de financiamiento. Unas empresas chinas bastante importantes, estatales también, se presentaron en las licitaciones para el Ferrocarril Central; sin embargo, ninguna fue elegida; en realidad, por culpa de las empresas chinas, porque no pudieron terminar con sus procedimientos, trámites internos. Pero todavía hay oportunidades, inclusive hay proyectos dentro del proyecto del ferrocarril en los cuales se puede trabajar aún más, y las empresas chinas seguramente estarán interesadas.

Estaba también hace algunos años el proyecto de puerto de aguas profundas. Parece que alguna gente aún está interesada en impulsarlo. Y en carreteras, en telecomunicaciones, en ferrocarriles, puertos, o en las inversiones que mencionaba en frigoríficos, en inversiones agropecuarias, en tambos, todo esto se podría incluir en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Es un marco que alienta y promueve la interconectividad, tanto material como en internet; por ejemplo, Huawei, 5G; todo esto está incluido en la iniciativa, es una canasta de la que todos podemos sacar ventaja.

China está recuperando el ritmo habitual de funcionamiento de su sociedad y su economía tras haber sufrido un fuerte impacto por la pandemia del COVID-19. ¿Cree usted que la economía y el intercambio comercial chino tendrán un impacto significativo?

En cuanto a la pandemia y sus impactos a la economía china, queremos destacar que China es el mayor productor manufacturero del mundo, la llaman “la fábrica del mundo” y es un importante eslabón en las cadenas de producción y de abastecimiento a nivel global. Los impactos de la pandemia a la economía china deben ser parciales y temporales, pasajeros.

La economía china es muy resiliente y su característica y su inercia de consumo es enorme, no va a sufrir grandes cambios, por lo que creemos que esto no va a impactar mucho en las exportaciones uruguayas, en particular en las agropecuarias. De hecho, ya en el primer trimestre se ha experimentado un gran repunte en las exportaciones de carne a China, que sufrieron algún revés a finales del año pasado.

¿Puede ser un obstáculo la situación internacional, la pandemia y los enfrentamientos políticos entre los mayores países, para el desarrollo de las relaciones económico-comerciales entre Uruguay y China?

La pandemia va a pasar, y debemos fortalecer el multilateralismo, la cooperación; no deberían intervenir los enfrentamientos políticos en las relaciones económico-comerciales. Creemos que no va a influir en el desarrollo de las relaciones económico-comerciales, principalmente luego de que el gobierno uruguayo diera mucha importancia a las inversiones, sobre todo a las inversiones chinas, y especialmente en el proyecto pesquero del que hablamos.

Parece que el nuevo gobierno ha retomado el interés en el desarrollo de este proyecto, y esperamos que ambas partes podamos tener una comunicación más fluida, más constructiva, para explorar esta posibilidad. Porque para Uruguay es una inversión grande, y para China tampoco es una inversión pequeña; y esta inversión no es del Estado chino, es privada. El gobierno lo que hace en este caso es alentar a que se pueda desarrollar, y garantizar el marco jurídico y económico a nivel de gobierno. Creemos que es un proyecto que se puede retomar y una posibilidad que ambas partes podemos estudiar, porque generará bastante empleo, que para Uruguay es también muy importante. El tema ambiental, el usufructo del terreno, todo se puede estudiar.

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Llevo dos años acá, y muchos amigos uruguayos me dicen que Uruguay tiene dos embajadores en China; uno es Fernando Lugris, que está en Pekín, y el otro en Montevideo; porque estamos ambos enfrascados en promover las inversiones chinas en Uruguay y las exportaciones uruguayas a China, y también en fomentar el turismo chino a Uruguay.

Doctor Pablo Durán Maurele

Abogado. Especialista en Derecho Laboral. Integrante del Consejo Superior Tripartito. Delegado Empresarial en varios grupos (ocho) de Consejos de Salarios. Integrante de la Comisión Nacional Tripartita de Seguridad Laboral de la Industria Química. Ex subinspector general de Trabajo.

El mundo no estaba preparado para enfrentar los efectos devastadores del

COVID-19. Al día 17 de junio del 2020 hay 8.449.983 casos confirmados y 452.465 muertes.[1]

Esta pandemia constituye un gigantesco problema con impredecibles consecuencias en lo sanitario, social, económico y laboral para los países.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el COVID-19 afectará la cantidad de empleo, tanto en lo que hace al desempleo o subempleo, la calidad del trabajo; lo que vislumbra que las novaciones y modificaciones de los contratos de trabajo hacia la precarización de condiciones en lo que hace al salario y protección social serán una realidad.

Así, la OIT en su página web ha expresado: “El mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus. Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. La OIT y sus mandantes —gobiernos, trabajadores y empleadores— tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo”.[2]

Asimismo consta en dicha página que, con fecha 8 de abril del 2020, la OIT incorpora una publicación titulada: “OIT: El COVID-19 destruye el equivalente a 14 millones de empleos y desafía a buscar medidas para enfrentar la crisis en América Latina y el Caribe”, que contiene una recopilación de datos que se tomaron para un nuevo informe de la OIT lanzado el martes 7 de abril del 2020, en Ginebra, del que destacamos:

“‘Estamos ante una destrucción masiva de empleos, y esto plantea un desafío de magnitudes sin precedentes en los mercados laborales de América Latina y el Caribe’, dijo el Director Regional de la OIT, Vinícius Pinheiro. ‘Desde ahora sabemos que al mismo tiempo que se supera la emergencia sanitaria deberemos enfrentar una verdadera reconstrucción de nuestros mercados de trabajo’. En todo el mundo, la pérdida de horas de trabajo fue de 6,7 %, equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo en el segundo trimestre de 2020. El documento de la OIT habla de la peor crisis desde la II Guerra Mundial, que al final podría dejar un saldo de desempleo y precariedad en el trabajo. El informe además estima enormes pérdidas en los distintos grupos de ingresos, y advierte que los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas. En América Latina y el Caribe más de 50 % de todos los trabajadores se desempeñan justamente en los sectores más expuestos a una crisis como son los de comercio y servicios, según datos el último informe Panorama Laboral de la región, presentado en enero justamente antes que se iniciara el contagio global del COVID-19. Pinheiro destacó que existe particular preocupación por el empleo de las mujeres, que podrían resultar más afectadas porque están sobrerrepresentadas en los sectores de salud, turismo y servicios. También explicó que los impactos de la crisis sobre el turismo tendrán un impacto mayor sobre la región del Caribe, que es altamente dependiente de los empleos e ingresos generados por este sector. El nuevo informe de OIT destaca que en estos sectores muchas personas están empleadas en trabajos mal remunerados, de baja calificación, donde una pérdida imprevista de ingreso tiene consecuencias devastadoras. Dice que los países con niveles de informalidad alta enfrentan desafíos adicionales, tanto sanitarios como económicos, incluyendo la falta de cobertura en seguridad social. De acuerdo con estimaciones de OIT en América Latina y el Caribe la tasa de informalidad es de 53 %, lo cual afecta a más de 140 millones de hombres y mujeres en el trabajo.”[3]

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en dicha línea, ha expresado: “La pandemia impacta las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción de la actividad económica que la región haya sufrido desde que se iniciaron los registros en 1900”.[4]

El Banco Mundial prevé que los efectos de la crisis global por el COVID-19 sumirá a Latinoamérica en una recesión, con una contracción del producto interno bruto (PIB) DE 4,6 % en el 2020.

En promedio, las proyecciones para los Estados Unidos prevén una caída de la actividad del casi 4 % frente a un crecimiento pronosticado del 1,9 % en diciembre del 2019.

 

Uruguay no escapa a esa realidad.

El informe reseñado elaborado por el Banco Mundial anticipa una caída del PIB del 2,7 % para nuestro país, expresando: “La crisis es generalizada y golpea a países que tenían un crecimiento sólido en años anteriores como Panamá, que se contraerá el 2%, y también a economías como la de Uruguay, que el año pasado tuvo un crecimiento levemente por encima de cero y que en 2020 tendrá una caída del PIB de 2,7 %”.[5]

El Ministerio de Economía y Finanzas estima una caída del PIB en torno al 3 %.[6]

A la fecha, existen en Uruguay 200.000 personas en seguro de desempleo en las modalidades seguro de paro tradicional (decreto ley n.° 15.180 de 20/08/1981, publicado en el Diario Oficial el 07/09/1981, y su modificativa n.° 18.339 de 24/10/08) y seguro de paro flexible (resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social n.° 143 de fecha 18 de marzo del 2020 y sus modificativas: n.° 163/20 de 20/03/20; n.° 526720 de 08/05/20):[7]

Se debe tener presente que al 10 de enero del 2020 —fecha anterior a que se declarara la emergencia sanitaria— existían en seguro de desempleo 48.000 trabajadores.[8]

Durante la crisis del año 2002, en el mes de mayor cantidad de trabajadores enviados al seguro de desempleo (agosto del 2002), dicho número fue de 11.541.[9]

Todos estos datos demuestran incontrovertiblemente que no existe precedente que se compare con los efectos devastadores de esta pandemia, que ha atravesado transversalmente a todos los sectores de la sociedad, economía, empresas y trabajadores sin distinción.

Hubo sectores de la actividad nacional que intempestivamente vieron cesada total y absolutamente su actividad comercial: hoteles, agencias de viajes, cines, comercios gastronómicos, los cuales tardarán mucho tiempo en restablecer los niveles de actividad anteriores a marzo del 2020, que ya eran complejos, recesivos y con altos grados de desocupación (10,5 % de desocupación,[10] el guarismo más alto de los últimos diecisiete años).

Con fecha 13 de marzo del 2020, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, actuando en Consejo de Ministros, declaró el estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19.[11]

Todo esto determinó que, a partir de tal declaración, se aprobaran por el Estado diversas normas cuya finalidad fue atenuar el impacto de la crisis sanitaria en las relaciones de trabajo:

  1. 1.Decreto del presidente actuando en Consejo de Ministros n.° 94/20 de 16/03/20: como elemento novedoso, exhorta e impulsa a los empleadores a instrumentar y promover el [12]
  2. 2.Seguro de paro especial (I): resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) n.° 143/20 de fecha 18/03/20: crea un régimen de subsidio por desempleo especial para trabajadores dependientes en el ámbito subjetivo del decreto ley n.° 15.180 de 20/08/81, sus modificativas y concordantes, con remuneración mensual fija o variable, pertenecientes a los sectores de comercio en general, comercio minorista de la alimentación, hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viaje.

Quedarán comprendidos los trabajadores en suspensión parcial por reducción del número de días de trabajo mensual, con un mínimo de seis jornales en el mes, o por la reducción del total de las horas de su horario habitual en un porcentaje de un 50 % o más del legal o habitual en épocas normales, y que reúnan los demás requisitos exigidos por el decreto ley n.° 15.180 de 20/08/81 en la redacción dada por la ley n.° 18.399 de 24/10/08.

El monto del subsidio será el equivalente al 25 % del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, calculado en forma proporcional al período amparado por dicho subsidio.

Veremos que esta norma fue ampliada y modificada por otra posterior, a la que nos referiremos.

  1. 3.Seguro de paro especial (II): resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social n.° 163/20 de fecha 20/03/20: amplía el ámbito de aplicación del seguro de paro especial creado por la resolución antecitada e incorpora al régimen especial de subsidio por desempleo establecido en la resolución del MTSS de 18/03/20 a “todos aquellos trabajadores incluidos en el ámbito subjetivo del Decreto Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981, modificativas y concordantes, que se encuentren también incluidos en alguno de los Grupos de Actividad establecidos para los Consejos de Salarios según clasificación del Decreto N° 326/08 de 7 de julio de 2008, modificativos y concordantes”.

Asimismo, en regulación novedosa y sumamente flexible, se expresa que el artículo 4 de la Resolución del MTSS de fecha 18/03/20[13] ampara a los trabajadores que hubieran agotado la cobertura por el régimen general de subsidio por desempleo, “tanto a quienes hubieran recibido cobertura por la causal despido como por la causal suspensión total de actividades, aunque no haya transcurrido el término previsto en el art. 6.4) del Decreto Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981 en la redacción dada por la ley N° 18.399 de 24 de octubre de 2008”.

  1. 4.Seguro de paro especial (III): Resolución del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social n.° 539/20 de fecha 03/04/20: extiende el seguro de desempleo especial del subsidio por desempleo otorgado por resolución n.° 143 del 18 de marzo del 2020 y n.° 163 de fecha 20 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2020. Asimismo modifica los artículos 2 y 3 de la resolución del MTSS n.° 143 de 18 de marzo del 2020 en los términos que se transcriben en nota al pie.[14] [15] Es decir que esta norma no solo extiende el plazo de vigencia, sino que, además, pone un tope al máximo de jornales reducidos en el mes sobre el que se aplica el subsidio por desempleo y modifica el monto del subsidio a cobrar por la parte proporcional del tiempo de trabajo reducido.
  2. 5.Adelanto de licencias 2020: decreto n.° 55/20 de fecha 20 de marzo del 2020 del Ministro de Trabajo y de Seguridad Social: autoriza, con carácter excepcional, el adelanto del goce de la licencia a generarse en el año 2020, siempre que este sea acordado entre el trabajador y empleador y se encuentre motivado en la situación de emergencia sanitaria decretada en el país. Dicho acuerdo tendrá que cumplir los requisitos previstos en el artículo 2 de esta,[16] y las remuneraciones correspondientes a la licencia remunerada y la suma para el mejor goce de la licencia deberán ser abonadas en la forma y oportunidad que establece la normativa vigente.
  3. 6.Decreto del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social n.° 526/20 de fecha 8 de mayo del 2020: flexibiliza el acceso al seguro de paro por causal suspensión total de tareas conforme define el artículo 5 literal B) del decreto ley n.° 15.180; y en tal sentido, aquellos trabajadores que al 31 de marzo del 2020 hayan revistado en la planilla de control de trabajo al menos tres meses tendrán derecho a un subsidio por desempleo equivalente al 25% de las remuneraciones promedio percibidas en los tres meses inmediatos anteriores, y tratándose de trabajadores jornaleros remunerados por día o por hora tendrán derecho si han revistado en planilla a la fecha indicada, entre 75 y 149 jornales, percibiendo en ese caso un subsidio equivalente a seis jornales mensuales. En todos estos supuestos, el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los 12 meses inmediatos anteriores a configurarse la causal correspondiente a períodos de trabajo efectivo. También flexibiliza para ciertos sectores de la actividad (servicios de enseñanza, servicios culturales de esparcimiento y comunicaciones, y entidades gremiales, sociales y deportivas) el acceso al subsidio por desempleo, no quedando excluidos los trabajadores que tengan otros ingresos por cuenta propia, pública o privada.
  4. 7.Resolución del MTSS de fecha 15 de mayo del 2020: extiende hasta el 30 de junio del 2020 el plazo de vigencia del régimen especial de subsidio por desempleo flexible otorgado por resolución del MTSS n.° 143 de 18 de marzo del 2020 y modificativas.
  5. 8.Resolución n.° 594/20 de fecha 10 de junio del 2020: extiende hasta el 31 de julio del 2020 el plazo de vigencia del régimen especial de subsidio por desempleo flexible otorgado por resolución del MTSS n.° 143 de 18 de marzo del 2020 y modificativas.

Después de cuatro meses de emergencia sanitaria, de a poco, los motores de la economía comenzaron a prenderse. Pero esto, a la fecha, no es suficiente para poder retomar la actividad con visos de normalidad por parte de las empresas y los trabajadores en seguro de desempleo, dado que existen muchos sectores de actividad que están actualmente inactivos.

Tan grandes son las incertidumbres que esta crisis provoca y provocará en las empresas y puestos de trabajo que los actores sociales (PIT-CNT, cámaras empresariales, Poder Ejecutivo), en forma excepcional, en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, están negociando una 8.a Ronda de Consejo de Salarios “puente“, que evite la apertura negocial de los 153 grupos que finalizarán sus convenios el 30 de junio del 2020, con iguales condiciones para todos los sectores de actividad, y que permita transitar los futuros meses sin conflictividad laboral.

Los postulados básicos de dicha ronda —si prospera el gran acuerdo nacional— son los siguientes:

  1. a)Priorización del empleo frente al salario; crear un ámbito nacional de diálogo social por el empleo, la sustentabilidad de las empresas y el trabajo digno.
  2. b)Plazo de vigencia de la 8.a Ronda de Consejo de Salarios: un año (1.o de julio del 2020 al 30 de junio de 2021).
  3. c)Con vigencia 1.o de julio del 2020, las empresas deberán abonar el correctivo inflacionario final regulado y previsto en la 7.a Ronda de Consejo de Salarios que vence. Pero no existirá aumento con dicha vigencia, que era imperativo para el caso de abrirse la negociación de la 8.a Ronda.
  4. d)Aumento nominal fijo del 3 % con vigencia al 1.o de enero de 2021. Los salarios sumergidos, definiéndose tales aquellos que al 1.o de enero del 2020 sean equivalentes a 5 BPC —$ 22.595 nominales o menos—, recibirán en dicha fecha un aumento adicional del 1 % (1.o de enero del 2021). Este 1 % no se descontará al final del convenio “puente” —30 de junio de 2021— del correctivo final.
  5. e)Los sectores más afectados por la pandemia podrán diferir el aumento establecido con vigencia 1.o de enero 2021 para el 1.o de abril del 2021. Se define como sectores más afectados a aquellos que a noviembre del 2020 registren un número de trabajadores cotizantes ante el BPS igual o inferior al 90 % de los cotizantes registrados a noviembre del 2019. Es decir que el criterio refiere a la caída del empleo —número de cotizantes igual o superior al 10 % interanual.
  6. f)Correctivo final: al 30 de junio de 2021 —final del convenio puente— se dispone un correctivo final nominal equivalente a la diferencia entre la inflación del año móvil 1.o de julio del 2020 al 30 de junio del 2021 verificada menos o descontando el aumento salarial otorgado en el período (3 % de enero del 2021), y también se descuenta la caída del PIB promedio del año 2020, cuyas estimaciones a la fecha se prevén en el 3 %.
  7. g)La pérdida de poder adquisitivo del salario que se verifique al finalizar la 8.a Ronda será recuperada en posteriores negociaciones, en la medida en que las condiciones de crecimiento del PIB lo permitan. El salario real perdido comenzará a recuperarse a partir del 1.o de enero del 2022 si la evolución del PIB del año 2021 indica crecimiento.
  8. h)Los sectores construcción, salud y transporte quedan excluidos de este convenio “puente” en mérito de sus particularidades y especificidades.
  9. i)Los convenios correspondientes a la 7.a Ronda de Consejo de Salarios que vencen con posterioridad al 30 de junio del 2020 (existen convenios que vencen en setiembre y diciembre) aplicarán al vencimiento los correctivos finales previstos en dicha ronda y tendrán un ajuste nominal del 3 % al 1.o de abril del 2021 (más el adicional del 1 % sobre los salarios sumergidos indicado), y se aplicará al final del convenio (30 de junio 2021) el mismo correctivo establecido precedentemente.

Estas acciones del gobierno y de los actores sociales tienen como norte primordial priorizar el empleo y evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo de los compatriotas que tienen sus contratos laborales suspendidos por estar amparados en el subsidio por el empleo.

En dicha línea de acción, el Poder Ejecutivo ha anunciado recientemente la adopción de instrumentos con la finalidad de acompañar la gradualidad de la reactivación de los comercios y distintos sectores de la economía y, también, de incentivar el empleo y la sustentabilidad de las empresas.

El 15 de julio del 2020 se cumplirán cuatro meses del envío al seguro de paro de la mayoría de los trabajadores que fueron puestos en esta situación a partir de la declaración de emergencia sanitaria por el gobierno. Es sabido que ese es el plazo máximo permitido por el decreto ley n.° 15.180 artículo 6.1 A) para el envío al seguro de paro por causal de suspensión total de trabajo.

Esto genera una gran incertidumbre sobre cuántos de esos cientos de miles de trabajadores en seguro de paro total configurarán causal de despido por no reintegro a sus puestos de trabajo (despido ficto: artículo 9 del decreto ley n.° 15.180).

Si bien la ley de seguro de desempleo prevé que se pueda obtener una prórroga al plazo de seguro por desempleo por causal suspensión total de trabajo hasta por un año (artículo 10 del decreto ley n.° 15.180), para ello es necesario promover el trámite correspondiente ante el MTSS, recabar la conformidad o consentimiento de los trabajadores que se verán beneficiados con la prórroga del seguro de desempleo y además, la empresa deberá por declaración, asegurar que dichos puestos de trabajo serán mantenidos.

En un contexto de tanta incertidumbre, para un número muy importante de empresas, será muy difícil asumir esos compromisos, lo que genera el convencimiento de que, lamentablemente, habrá muchas pérdidas de puestos de trabajo. Analistas estiman que estas podrán superar los varios miles.

En lo que hace al seguro de paro flexible, hoy, está prevista su vigencia hasta el 30 de julio del 2020. Pero el Poder Ejecutivo ya ha anunciado que se extenderá hasta el 30 de setiembre del 2020.

Creemos que esta noticia es muy importante, porque ese seguro de paro flexible viabilizará que la actividad comercial, de servicios e industrial pueda ir progresiva y gradualmente reactivándose, siendo compatible hasta dicha fecha la actividad parcial y el amparo al seguro de desempleo por horas o jornales reducidos o no trabajados.

Otra medida recientemente anunciada por el Poder Ejecutivo para promover el empleo y la sustentabilidad de las empresas, reduciendo los impactos de las pérdidas de las fuentes de trabajo, consiste en otorgar a estas una partida fija de $ 5.000 mensuales, durante tres meses, por cada trabajador adicional que contraten respecto a la nómina de trabajadores que tenían al 31 de mayo de 2020.

También, y conforme a la reglamentación que se determinará por el Poder Ejecutivo, las empresas gozarán del beneficio indicado ($ 5.000) por cada trabajador en seguro de desempleo que se reintegre a su puesto de trabajo.

Es aún muy prematuro para poder calibrar si estos instrumentos ideados por el Poder Ejecutivo son suficientes para contener y evitar la pérdida masiva de puestos de trabajo y la precarización de las condiciones laborales.

Lo que sí es claro es que, a nivel de las relaciones laborales, hay un antes y un después de la pandemia: las nuevas tecnologías, las ventas online y a través de aplicaciones informáticas, en celulares y tabletas, el teletrabajo, la flexibilidad horaria, la compensación horaria, la erradicación de las rigideces normativas sobre tiempos de trabajo, el goce de descansos intermedios, licencias, etcétera, serán los grandes paradigmas de los tiempos que vienen.


[1]Fuente: Sinae, Sistema Nacional de Emergencias. Informe de fecha 18 de junio del 2020.

[2] Véase: <https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm>.

[3] Véase: <https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_741222/lang--es/index.htm>.

[4] Cepal: Informe especial COVID-19 n.° 2: “Dimensionar los efectos del COVID 19 para pensar en la reactivación”, p. 7.

[5] Publicación diario El País, 13 de abril 2020, p. 3.

[6] Lineamientos del Poder Ejecutivo: 8.ª Ronda de Consejo de Salarios: Presentación ante el Consejo Superior Tripartito.

[7]Información presentada por el Poder Ejecutivo en “Lineamientos Salariales 8.ª Ronda Salarial, el día 18 de junio del 2020 ante el Consejo Superior Tripartito.

[8]Fuente: Poder Ejecutivo: Lineamientos 8.ª Ronda Consejo de Salarios.

[9] Hugo Bai; Paula Carrasco, Andrés Dean; Ivonne Perazzo: “Los seguros de desempleo ante un mercado en terapia intensiva. Insumos para enfrentar la pandemia”. FCEA, Instituto de Economía – Udelar, 20 de abril del 2020.

[10]Informe del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a los meses de marzo y abril del 2020.

[11] Decreto n.º 93/20 de fecha 13/03/20.

[12]Art. 6: “Exhórtase a todos los empleadores a instrumentar y promover, todos los casos que sea posible, que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios. Esta situación, deberá ser comunicada a la Inspección General de Trabajo a sus efectos. El Empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar la tarea encomendada”. La comunicación al MTSS se debe hacer vía remota, por mail: a la siguiente dirección: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

[13] Artículo 4: resolución n.º 143 de 18/03/20: “El régimen especial que aquí se establece amparará a los trabajadores que hubieren agotado la cobertura por el régimen general de subsidio por desempleo a la fecha de la presente resolución, a los trabajadores que cuenten con cobertura por el régimen general así como aquellos que cuenten con cobertura del subsidio por desempleo en el marco de la facultades previstas en el art. 10 del Decreto Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por el art. 1 de la ley N° 18.399 de 24 de octubre de 2008. El régimen especial al que refiere la presente resolución suspenderá el cobro del subsidio por desempleo correspondiente, reiniciándose el mismo al finalizar el amparo aquí previsto”.

[14]Artículo 2: “Quedan comprendidos los trabajadores en situación de suspensión parcial por reducción de número de días de trabajo mensual con un mínimo de seis (6) jornales en el mes y un máximo de diecinueve (19) jornales en el mes o la reducción del total de las horas de su horario habitual en un porcentaje del cincuenta por ciento (50 %) o más del legal o habitual en épocas normales y que reúna los demás requisitos exigidos por el decreto Ley No. 15.180 de 20 de agosto de 1981 en la redacción dada por la ley No 18.399 de 24 de octubre de 2008.”

[15] Artículo 3: “El monto de la prestación será equivalente al veinticinco por ciento (25%) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, calculando en forma proporcional al período amparado por el subsidio. Las remuneraciones a considerar comprenden aquellas actividades por las cuales se genera el subsidio. El monto a percibir en ningún caso, será inferior al setenta y cinco (75%) del promedio de las remuneraciones mensuales percibidas en los últimos seis meses, incluyendo la suma nominal abonada por el empleador por el período efectivamente trabajado”.

[16]Artículo 2: “Dicho acuerdo, deberá: a) ser consignado por escrito y presentado ante el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social tome conocimiento del mismo; b) corresponda a la totalidad del período de la misma o a la fracción convenida previamente, en este caso, el período nunca debe ser inferior a 10 días”.

}

El miércoles 21 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernando Mattos y el Vicepresidente, Conrado Ferber, hicieron entrega al Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, de la primera partida de dinero que el instituto donará al Fondo Solidario Covid-19.

En total serán 10 entregas, iguales y consecutivas, por un monto total equivalente a US$ 20 millones que aportará INAC.

Esta contribución se enmarca de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 19.874 del 8 de abril de 2020 y la resolución de Junta de fecha 11 de mayo de 2020.

También estuvieron presentes en la entrega el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, el Subsecretario de esa cartera, Ignacio Buffa y la Directora General de Secretaría del MGAP, Fernanda Maldonado.

El presidente de INAC, Fernando Mattos, dijo que “con mucho gusto transferimos estos fondos para apoyar el accionar del Poder Ejecutivo contra el coronavirus” y aseveró que este aporte “es un apoyo aprobado por unanimidad de la Junta y absolutamente necesario para mitigar las consecuencias de la pandemia”. 

 

Por su parte, el Ministro Uriarte valoró este gesto y declaró estar “doblemente orgulloso”, por un lado “por el esfuerzo del sector productivo” y “como integrante del gobierno y representante del Poder Ejecutivo”.  Agregó que ha sido testigo “de los dos lados” y subrayó sentirse “muy orgulloso” al ver “el gesto de solidaridad” que tiene el sector productivo. Deseó que “este tipo de gestos sea contagioso, porque la batalla aún no está ganada”.

El Secretario Álvaro Delgado agradeció “en nombre del Poder Ejecutivo y en nombre de la sociedad” la voluntad de aportar “un grano de arena” que definió como “más que un grano es un médano”. Destacó el hecho como “un ejemplo para que otras instituciones puedan ir en el mismo camino y sentir que esto no es un tema solamente de salud pública, pero también de la sociedad y del país, en el que todos estamos comprometidos”.

Delgado señaló que “es un gusto” venir en nombre del gobierno nacional a recibir este tipo de aporte genuino, que si bien “son recursos públicos, tienen origen privado”, porque “lo aportan los productores, la industria frigorífica y los consumidores, que hacen posible que funcione INAC y la Junta tomó una decisión histórica, tanto en el monto de donación, como en el gesto solidario”.

En ese sentido, agregó que esta acción tiene “un componente muy importante” dado que “INAC se siente parte de una solución” y por eso destacó que “es el ejemplo” de cómo “una institución muy particular y multipartita está dando una señal de involucramiento en un problema que nos compromete a todos”.

 

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