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Primera parte: alternativas de sistemas y la opción uruguaya
María Dolores Benavente
Economista (CCEA, Udelar)
Gerente general de UniónCapital AFAP
Presidente de la Academia Nacional de Economía

 

A lo largo de la historia es posible distinguir distintas evoluciones de los regímenes de previsión social. Desde los sistemas más antiguos, en que eran las propias familias quienes se ocupaban de los mayores, pasando por las reformas de Bismarck en el siglo XIX y hasta nuestros días, con sistemas de reparto puro, de capitalización pura o de una combinación de ambos.

 

Sistemas de reparto

Estos regímenes tenían sentido cuando la esperanza de vida era muy baja. En el siglo XIX, la mayor parte de la población vivía muy pocos años después de su retiro: la esperanza de vida promedio estaba en los 45 años.

A medida que la gente empieza a vivir más, estos sistemas han demostrado no ser sostenibles. La esperanza de vida al nacer ronda los 78 años, pero la esperanza de vida si la persona llega a la edad de 60 o 65 años, que es la edad de jubilarse, en la mujer es de 86 años y un poco menos en los hombres.          

A ello se agrega que, en las sociedades modernas, cada vez nacen menos niños, con lo que la relación entre los adultos mayores y los jóvenes ha crecido en forma ininterrumpida.

En resumen: vivimos 20 años dependiendo de nuestras familias, mientras somos chicos y estudiamos; ahorramos luego, durante 30 años de nuestra vida, el 22,5 % de nuestro sueldo con aporte patronal y personal (siempre y cuando no estemos en la informalidad), pero al jubilarnos queremos vivir más de 20 años con una jubilación que sea el 70 % del sueldo que teníamos en actividad (70 % es una especie de “número mágico” que las personas tienen en su cabeza cuando se les pregunta con cuánto se quieren jubilar respecto a su salario). Esa combinación es realmente muy difícil de lograr.

Sistemas de capitalización pura

El fracaso de los sistemas de reparto llevó a varios países a ir a nuevos regímenes como el de capitalización pura. Este es el caso de Chile, que, en perspectiva, si bien ha logrado importantes resultados en materia de rentabilidad para los trabajadores cotizantes, incremento del ahorro y contribución al producto interno bruto (PIB), no ha tenido el acompañamiento de otras políticas para lograr una mayor cobertura y suficiencia de las jubilaciones, puesto que no existe una red de contención mínima para quienes por algún motivo no pudieron —o no quisieron— aportar. Es muy difícil para una sociedad moderna resistir el hecho de que haya compatriotas que en su vejez quedan al margen de una prestación digna.

La opción uruguaya: el sistema mixto

Ante el colapso del sistema de reparto del Banco de Previsión Social (BPS), cuyo déficit alcanzó a más de cuatro puntos del PIB hacia fines de la década del noventa, en Uruguay se realizó una reforma de la seguridad social y se optó por un sistema mixto, que combina un régimen de reparto (BPS) con uno de capitalización individual en cuentas administradas por entidades especializadas: administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP).

Hasta un determinado nivel de ingresos, que hoy se ubica en los $ 62.800, no existe obligación de tener una cuenta en una AFAP y todos los aportes pueden ir al BPS.

A partir de ese nivel salarial sí existe la obligación de que los aportes se repartan entre BPS y la cuenta del afiliado en su AFAP. Igualmente, el 90 % de los trabajadores que ganan menos de $62.800 se afilian voluntariamente a una AFAP porque su tasa de reemplazo —jubilación estimada sobre sueldo­— es mayor que si solo aportaran al BPS, sobre todo cuando se es joven.

Esta reforma dio resultado y el déficit del BPS comenzó a reducirse año tras año. Sin embargo, la ley n.o 18.395 del 2008, que redujo los años de aporte necesarios para jubilarse, llevó a que otra vez este déficit resultara creciente y, así, se ubicó en más del 1 % del PIB en los últimos años.

Pero lo más grave es que los aportes patronales y personales financian solo el 50 % de los gastos del BPS, y toda la sociedad, a través de recaudaciones de tributos afectados y recursos de rentas generales, tiene que contribuir a cerrar esa brecha, con lo que el problema de sostenibilidad vuelve a ser acuciante.

Los sistemas mixtos han demostrado ser bastante más acordes al siglo XXI, por algo casi todos los países europeos están tendiendo a tener una base similar a la de reparto y un complemento obligatorio o voluntario de capitalización individual.

Así, pues, en Uruguay estos dos sistemas conviven y son complementarios: la mayor parte de los aportes jubilatorios siguen yendo al BPS (la totalidad del aporte jubilatorio patronal y aproximadamente el 50 % del aporte personal, ya que el restante 50 % va a la cuenta individual de cada trabajador en su AFAP).

Al momento de su retiro, el trabajador tiene dos ingresos complementarios: una jubilación que le otorga el BPS y, a partir de lo que ahorró en su AFAP, una renta vitalicia que le va a servir una compañía de seguros elegida por él mismo al momento de jubilarse.

Hoy hay ya más de 1.450.000 trabajadores afiliados a las AFAP, y esta es una cifra importante teniendo en cuenta que este sistema solo cubre a las cajas que están en el sistema del BPS; no incluye, por tanto, ni caja profesional ni policial ni militar ni notarial ni bancaria.

Y lo más interesante es que hoy los trabajadores tienen ahorros previsionales en sus AFAP por más de 14.800 millones de dólares: 26 % del PIB de Uruguay. Es una masa de ahorro como nunca se había dado en la historia del país.

Ese fondo se invierte en diversos instrumentos para generar rentabilidad en la cuenta de cada afiliado: títulos del gobierno, depósitos, bonos de organismos internaciones de crédito e inversiones en el sector productivo del país: forestal, agrícola, infraestructura (escuelas, energía, aeropuerto, rutas), entre otros. Ya hay más de 2.500 millones de dólares invertidos en el sector productivo y con potencialidad de invertir más aún.

El fondo total se compone de dos subfondos que se relacionan con la edad de los afiliados: subfondo de acumulación, para los trabajadores menores de 55 años, y subfondo de retiro, de los 55 en adelante. Así, a partir de los 55 años, pasa dinero del subfondo de acumulación al subfondo de retiro, gradualmente, hasta llegar al 100 % a los 60 años. Este subfondo de retiro tiene básicamente las mismas inversiones permitidas que el de acumulación, con menos duración y con exclusión de inversiones en el sector productivo.

En el sitio en internet de UniónCapital, la persona que está afiliada entra con su cédula y puede ver en qué están invertidos sus ahorros, y puede estimar con cuánto se va a jubilar, y eso es muy importante para reforzar el concepto de pertenencia: son ahorros propios, inembargables, que nadie le puede quitar y que están para complementarle la jubilación de BPS en su vejez.

Veamos dos ejemplos de personas con edades y sueldos diferentes y, por tanto, con distintos ahorros acumulados: en qué están invertidos sus ahorros y con cuánto se estima que se pueden jubilar si siguen la trayectoria observada hasta el momento.

Pero ¿cómo rindieron esas inversiones de los ahorros de los trabajadores afiliados? ¿Fueron, o no, rentables?

Si miramos todo el período desde que comenzaron a trabajar las AFAP (1996), se puede apreciar que han logrado una rentabilidad del 7 % anual, en términos reales, es decir, por encima de la inflación: una rentabilidad muy importante que difícilmente puedan igualar otras inversiones financieras, teniendo en cuenta que desde 1996 hasta ahora el país tuvo la crisis del 2002 y el mundo la del 2008.

Uruguay ha avanzado en materia de seguridad social respecto a otros países. Con ello evitó el colapso del régimen de reparto (BPS) hacia fines de los años 90. Sin embargo, estos sistemas son vivos, requieren reformas de segunda generación, máxime cuando las tendencias del pilar de reparto lucen preocupantes. No todas las normas aprobadas en los últimos años van en el sentido correcto. Es necesario corregir y avanzar en la consolidación de un sistema mixto sustentable y con prestaciones dignas para los trabajadores en su etapa de retiro.

En la próxima nota analizaremos los desafíos que tenemos por delante tanto en el pilar de reparto como en el de cuentas individuales, así como también en el de desacumulación —jubilaciones y rentas vitalicias—, y compartiremos algunas reflexiones de economía política y del comportamiento de los uruguayos.

La compañía presenta a los ganadores de la decimotercera edición del Concurso que tiene como objetivo distinguir la labor de los profesionales dedicados al periodismo tecnológico en Latinoamérica.

 

Montevideo, UruguayESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia a los ganadores de la decimotercera edición del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática, una iniciativa única en la región cuya finalidad es reconocer el trabajo y dedicación de quienes difunden información para lograr una mayor concientización de los usuarios en torno a la seguridad informática.

Con las mejores calificaciones globales en las evaluaciones de toda la mesa del jurado, el Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática es para Felipe Savioli Payão Cruz y Renan Pagliarusi de Brasil. Ambos periodistas obtuvieron las máximas puntuaciones gracias a su trabajo titulado Realidade Violada - Débito ou Crédito y publicado en el medio TecMundo.

El premio para el ganador principal es un viaje a Barcelona, España, para participar de la próxima edición del Mobile World Congress, uno de los mayores eventos de tecnología. Al mismo tiempo, tendrá la oportunidad de visitar las oficinas centrales de ESET ubicadas en Bratislava, Eslovaquia.

Por su parte, serán premiados también por la alta calidad de sus trabajos, los finalistas de cada una de las categorías del Concurso. En la categoría Prensa Gráfica, el finalista ganador es el argentino Juan Pablo Carranzadel diario La Vozdel Interiorcon su artículoDetectan fallas de seguridad en el DNI digital. La ganadora de la categoría Prensa Multimedia es Camila Inés Zuluaga, de Colombia, por su informe tituladoTecnología para monitorear la pandemia: salud vs. privacidad” de Blu Radio. Mientras que la categoría Prensa Digital fue para Ramon de Souza, de Brasil, con su notaDeus do Cibercrime: a ascensão e a queda do maior defacer do Brasilpublicada en Canal Tech.

Además, en esta edición del Premio ESET, se entregarán menciones especiales a los trabajos mejor puntuados de las siguientes regiones: Región Brasil, cuya ganadora es Bruna Bezerra Damasceno Santos, de Jornal O POVO con su trabajo Riscos e golpes cibernéticos aumentaram durante a pandemia”. La Región México, donde Christopher Holloway es distinguido por su trabajo “El estado de la seguridad IT en 2020: Las superficies de ataque se amplían y las personas nunca fueron tan importantes para la defensaen IT Masters Mag. La Región Andina tiene como ganadora a Sofia Pichihua de Perú, con su trabajo “Estafas y fraudes online: ¡Cuidado con las falsas ofertas de trabajo en redes sociales! de Agencia Andina. Por su parte, la Región Rioplatense tiene como ganadora a Irina Sternik por el trabajoLe robaron su Gmail, reclamó por el acceso a sus archivos y sentó un precedente localde La Nación de Argentina. La Región Centroamérica en la cual Tania Uríasde El Salvador es distinguida por su artículo El cibercrimen Le cuesta a américa latina unos $90,000 millones al año publicado en El Diario de Hoy. Además, en la Región Caribe Sudamericano resultó ganadora Mayreth Casanovade Venezuela con su artículo del medio “Enamorar por internet: la nueva estafa que busca víctimas extranjeras desde Cabimasdel medio El Pitazo.

Los trabajos fueron evaluados de acuerdo a la relevancia social del tema desarrollado, la originalidad de la investigación, el tratamiento de la información, la calidad narrativa y la correcta utilización de la terminología técnica.

Para conocer los ganadores de ediciones anteriores puede ingresar a: http://premios.eset-la.com/periodistas/

Visítanos en:     @ESETLA   /company/eset-latinoamerica

 

Dr. Pablo Durán Maurele
Abogado especialista en Derecho Laboral
Integrante del Consejo Superior Tripartito
Delegado empresarial en el Consejo de Salarios
Ex subinspector general de Trabajo

Han transcurrido casi cinco meses desde que se declaró el estado de emergencia sanitario en el país (decreto n.° 93/20 del 13/03/2020) y, como se esperaba, se están comenzando a conocer y cuantificar los efectos devastadores de la pandemia en la economía, el trabajo y el empleo.

Era sabido que el mes de julio del corriente sería clave para ver qué pasaría cuando venciera el plazo legal de cuatro meses que corrió desde marzo por seguro de desempleo por suspensión total de actividades (art. 6.1 del decreto-ley n.° 15.180 del 20/08/1981).

Es sabido, que el instrumento creado como consecuencia de la pandemia, el “seguro de paro flexible” —por resolución del ministro de Trabajo y Seguridad Social n.° 143/20 del 18/03/2020—, el cual tuvo ocho decretos regulatorios, fue prorrogado hasta el 30 de setiembre del corriente (decreto n.° 993 de fecha 17/07/2020).

Es este instituto la principal herramienta en la que basa el gobierno la gradualidad y progresividad de la reinserción laboral de los trabajadores en seguro de desempleo total, que lentamente se va dando ante la reanudación de la actividad comercial, industrial y de servicios en el país.

Como se informó, tiene la particularidad de que permite, en un mismo mes, combinar trabajo y reducción de horarios ­­—reducción del total de horas habituales en un 50 % o más de las legales o habituales en épocas normales— o jornadas de trabajo —un mínimo de seis a un máximo de 19—, percibiendo el trabajador un subsidio equivalente al 25 % del promedio mensual de las retribuciones nominales computables recibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, calculado en forma proporcional al período amparado por el subsidio, con los topes legales.

Lo trascendente de esta herramienta legal es que la pueden usufructuar y gozar de ella hasta el 30 de setiembre del 2020 aquellos trabajadores que hayan agotado los cuatro meses de cobertura de seguro de desempleo por la causal de suspensión total de trabajo.

A los efectos de visualizar la fortaleza de los institutos de seguridad social de Uruguay, y para calibrar la importancia de estos, se presentan datos e informaciones de solicitudes de seguro de desempleo:

Solicitudes de seguro de desempleo:

 

Marzo 2020                                                                                      90.732

Abril 2020                                                                                         84.600

Mayo 2020                                                                                        49.039

Junio 2020                                                                                        33.195

Julio 2020                                                                                          26.059

Total                                                                                                    283.625

 

Asimismo se proporcionan otros datos de interés:

 

Situación de trabajadores al 30/07/2020:

 

Trabajadores despedidos                                        25.025

Trabajadores reintegrados seguro paro                124.018

Trabajadores en seguro de desempleo                  122.037

 

Solicitudes de prórroga de seguro de desempleo presentadas ante el Ministerio de Trabajo de trabajadores que agotaron los cuatro meses de suspensión total de actividades:

 

Abril 2020                                                                             709

Mayo 2020                                                                           1.934

Junio 2020                                                                             2.558

Julio 2020                                                                              7.421

Se aprecia claramente en julio el incremento de las peticiones de prórroga de seguro de desempleo formalizadas ante el Ministerio de Trabajo, con la peculiaridad de que cada solicitud comprende un número variado de trabajadores por empresa.

La realidad numérica da cuenta del impacto trascendente que el COVID-19 —y el consecuente estado de emergencia— ha provocado en el empleo nacional, afectándolo estructuralmente, provocando informalidad, desocupación, precarización de los puestos de trabajo y, sobre todo, constituyendo un embate para el trabajo de los más vulnerables: jóvenes y mujeres.

También, como consecuencia de lo indicado, varias empresas están negociando con sus trabajadores “convenios de crisis” para evitar mayores pérdidas de trabajo.

No existe un derecho laboral de “crisis“, pero sí existen institutos en el derecho del trabajo establecidos para atravesar este tipo de coyunturas.

El ius variandi lícito, las reducciones horarias con la consecuente baja de salario, las novaciones laborales en cuanto a condiciones esenciales del contrato de trabajo — inclusive con rebajas salariales y pago de contraprestaciones por concepto de indemnización por despido parcial—, los procesos de descuelgues ante los Consejos de Salarios o convenios in pejus, o a la baja, son una realidad.

También, como una forma laboral que se ha impuesto a partir de marzo de este año, el teletrabajo o trabajo a distancia es una modalidad que ha venido para quedarse en Uruguay.

Ello nos llama a realizar algunas reflexiones sobre el asunto.

El teletrabajo no es nuevo para Uruguay, y es una realidad desde hace muchos años en el sector informático. Así, en el año 2010, AGESIC realizaba una encuesta de uso de tecnologías de la información, de la cual surgía que en el año 2016 existirían aproximadamente 100.000 teletrabajadores.

En la legislación comparada hay regulaciones legales en Colombia, Perú, Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, entre otros.

Hay también en el Parlamento un proyecto de ley sobre el teletrabajo, presentado por la senadora Carmen Sanguinetti. Pero, además, el Ministerio de Trabajo tiene a estudio dos proyectos alternativos.

Si bien no existe una definición única de teletrabajo, todas ellas giran en torno a dos elementos fundamentales: que el trabajo sea prestado a distancia y a través del uso de la informática y las telecomunicaciones.

El teletrabajo puede ser parcial (no en todas las jornadas de trabajo), semanal, o total.

Hay sistemas más regulatorios y rígidos; y otros más flexibles, que dejan a la autonomía de la voluntad el dar contenido a la forma de ejecución de aquel.

Más allá de los distintos modelos de trabajo —“online”, “offline”—, es imprescindible regular aspectos como la reversibilidad del teletrabajo, para volver al desempeño presencial, la jornada de trabajo flexible y la forma del registro de asistencia, métodos de contralor horario, de la fijación del lugar para la ejecución del teletrabajo y sus condiciones de seguridad, de la determinación por escrito del marco regulatorio en cada caso concreto, herramientas de trabajo y conectividad, protección de accidentes de trabajo, seguridad y salud en el teletrabajo.

Habrá que aguardar a la resolución legislativa para ver a qué modelo de teletrabajo se afilia Uruguay, esperando que sea lo más flexible posible, que deje a las partes darle el contenido sustantivo a la forma de su implementación, y que la reversibilidad y vuelta al trabajo presencial sea un derivado del poder de organización y dirección de la empresa.

En momentos de tanta incertidumbre laboral, la madurez de los interlocutores sociales, el diálogo social y la negociación colectiva son los principales caminos para transitar la ejecución de los institutos antedichos.

En este contexto, ha comenzado la apertura de la 8.a Ronda de los Consejos de Salarios, convocándose por el Poder Ejecutivo a los grupos madre (como se ha anunciado, no habrá apertura de los subgrupos o bandejas de actividad que conforman cada grupo en esta ronda), varios de los cuales ya han firmado acuerdos en un todo siguiendo los lineamientos emergentes del gran pacto nacional suscrito en el ámbito del Consejo Superior Tripartito de fecha 7 de julio del 2020 (Grupo n.° 20, Gremiales Sociales, Empresariales y Deportiva; Grupo n.° 4, Industria Textil; Grupo n.° 6, Industria de la Madera; Grupo n.° 19, Servicios Profesionales, Técnicos, etcétera).

También hay que destacar que —si bien fue expresamente excluido del ámbito de aplicación del acta de fecha 7 de julio del 2020 celebrada en el Consejo Superior Tripartito— el sector de la industria de la construcción, dadas sus particularidades, ha perfeccionado un acuerdo colectivo en el marco de los Consejos de Salarios, habiéndose firmado con fecha 27 de julio del 2020 el acta correspondiente.

El plazo del convenio de la construcción es por 35 meses, desde el 10 de mayo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2023. Los ajustes salariales se aplicarán en las siguientes fechas: 10 de mayo del 2020, 10 junio del 2020, 1° de abril del 2021 y 1° abril del 2022.

El resto de los grupos están en plenas negociaciones, con suerte diversa.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conformó y constituyó la Comisión por el Empleo y la Sustentabilidad de las Empresas, con representación del Poder Ejecutivo, trabajadores y cámaras empresariales. Como elemento de trascendencia, participan también representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha comisión se comprometió a que en un plazo de 30 días tendrá un diagnóstico de la situación del empleo en Uruguay.

Es de esperar que los actores sociales, con la misma madurez, patriotismo y responsabilidad con la que han perfeccionado un pacto o acuerdo nacional que dio contenido a los lineamientos de la 8.a Ronda de los Consejos de Salarios —en medio de un contexto absolutamente excepcional—, logren el acuerdo en la implementación de medidas de urgencia, de mediano y largo plazo, que atenúen y detengan las pérdidas de puestos de trabajo y empresas que están en amenaza día a día.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio un enfático respaldo al desarrollo de la hidrovía del río Uruguay, al hablar, a fin de julio, en la presentación en Paysandú de un buque portacontenedores que realizará el transporte de mercaderías entre esa ciudad del litoral y el puerto de Nueva Palmira. Abogó también por la realización de las obras para habilitar un baipás en Salto Grande que permitiría la navegación desde el alto Uruguay, dando salida fluvial a extensas zonas de Argentina y Brasil. Durante su intervención en la Cumbre del Mercosur, el mandatario anunció que había planteado el tema a su par argentino Alberto Fernández.

Luis Lacalle Pou participó, el 24 de julio, en la presentación del buque portacontenedores GF Paysandú, con capacidad para 400 contenedores de 20 pies y 6.200 toneladas. “No es el barco contra el camión, o el camión y el barco contra el tren. Es todo junto”, explicó el presidente, al referirse a la importancia de descentralizar el transporte y a la necesidad de reactivar la navegabilidad del río Uruguay.

“Hay un sueño de muchos uruguayos de utilizar en todas sus formas este precioso río”, aseguró el mandatario. Destacó que el transporte multimodal es el que tenemos que fortalecer, es decir, todos los medios juntos, como se hace en tantas partes del mundo.

“El río Uruguay está llamado a ser nuestro gran socio; y si logramos convencer a la República Argentina y a los brasileños de la utilización del río Uruguay, mediante la instalación de infraestructura, no me cabe la menor duda de que estamos ante un futuro muy promisorio para toda esta zona", expresó.

En ese sentido, el presidente agregó que el Estado hará lo que haga falta para concretar esa descentralización, “porque solo se puede llevar adelante si hay quien arriesga capital”. “Este barco, que lo vamos a ver surcando las aguas del río Uruguay y del Río de la Plata, va a contar con el apoyo del gobierno, y ojalá no sea el único”, precisó.

En la ceremonia de bautismo del buque GF Paysandú estuvieron presentes también el ministro y el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber y Juan José Olaizola, respectivamente; el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el de Defensa Nacional, Javier García; el subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, y autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP), de la Armada Nacional y de la compañía armadora del buque.

Heber destacó, por su parte, que el Estado generó las condiciones necesarias para que la empresa nacional Guaran Feeder Transporte Fluvial SA comience la operativa de contenedores en esa terminal portuaria, ubicada a 374 kilómetros al noroeste de Montevideo.

Agregó que la iniciativa contribuye a la reactivación del uso del río Uruguay y recordó las conversaciones entre los gobiernos de nuestro país y Argentina, tendientes a fomentar la navegabilidad en ese curso fluvial, en particular al norte del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, para consolidar la hidrovía.

Con la incorporación de este primer buque, Guaran Feeder lleva invertidos más de 5 millones de dólares en el proyecto de transporte fluvial de cabotaje en Uruguay.

El GF Paysandú fue construido en Malasia en el 2008, mide 100 metros de eslora y 25 de manga, y asegura capacidad para transportar 400 Teus (unidad de medida equivalente a la capacidad de carga de un contenedor de 20 pies) y 6.200 toneladas de porte bruto.

Se trata de la única embarcación portacontenedores con bandera nacional que brindará un servicio regular de cabotaje entre los puertos cabeceras de Paysandú y Montevideo, con posibilidades de operar también en Fray Bentos o Nueva Palmira.

En la misma línea de razonamiento, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, sostuvo que la incorporación de este barco a la operativa del puerto de Paysandú potencia el desarrollo de las terminales del litoral oeste. Además de crear fuentes de trabajo, la iniciativa mejora la competitividad de los exportadores uruguayos, apuntó.

 

Construcción de un baipás

El presidente Lacalle Pou se mostró favorable al proyecto de construcción de un baipás en el río Uruguay, en conjunto con Argentina. “Somos partidarios de hacer un esfuerzo binacional para concretar esta obra”, señaló. Dijo que el desarrollo del río Uruguay como vía navegable es uno de los objetivos de su gobierno.

En ese sentido, comentó que es una excelente noticia que el barco de una empresa privada usufructúe infraestructura del Estado y cumpla frecuencias semanales. Enfatizó en el hecho de que hay cargas suficientes para la adecuación económica, lo que hace que se abarate el costo del transporte y la logística de aquellos que producen, y que esta situación también beneficiará en breve al puerto de Fray Bentos y a otras embarcaciones y líneas que quieran seguir este camino.

Lacalle Pou indicó que la hidrovía del río Uruguay es “uno de los proyectos que está en las primeras intenciones de nuestro gobierno”, y recordó que conoció los planes para realizar un baipás en Salto Grande y Salto Chico en el 2010.

Se mostró partidario de hacer un esfuerzo muy grande a nivel nacional para llevar a cabo esta obra y subrayó que no tiene dudas de su factibilidad. En caso de concretarse, constituirá un antes y un después en el litoral del país para el precio del transporte y de mercadería. “Si se tiene igualdad de competencias, el litoral ha demostrado que le pone ganas, empeño, capacidad y esfuerzo al trabajo”, añadió.

Para concretar este proyecto binacional, es necesario tener el visto bueno de Argentina, y existe interés de gobernadores del vecino país. El presidente también consideró necesario hablar con Brasil, porque el baipás permitiría llegar 500 kilómetros adentro del país norteño, a través de dragados y otras obras.

“Es un proyecto ambicioso, pero posible; y cuando uno analiza costos y beneficios, creo que hay que dar el puntapié inicial”, indicó. Agregó que existen dos posibilidades de obras: una vinculada a la esclusa que ya está hecha en tierra binacional, del lado argentino, y la otra es el proyecto de las esclusas de San Antonio, que es un poco más oneroso. Relató que hay estudios técnicos sobre las dos obras y que los proyectos fueron enviados al presidente argentino, Alberto Fernández.

Lacalle Pou afirmó que, para captar inversiones, Uruguay debe ser eficiente, estar en precio, ser competitivo, tener seguridad jurídica y cumplir con los compromisos y acuerdos internacionales, además de contar con la capacidad de los ciudadanos. “Es un momento de mucha efervescencia, a pesar de la pandemia”, expresó.

Respecto a la apertura de los puentes con Argentina, ante la situación actual del coronavirus, consideró que “sería un sueño poder hacerlo”, pero “hoy es complejo”, porque no solo depende de Uruguay, sino de ese país y también de Brasil. “No podemos arriesgar, y por ahora no hay posibilidades de ningún tipo de fecha. Si abrimos las fronteras, estamos expuestos a contagios de COVID-19”, señaló.

 

Con el Mercosur

El mandatario había insistido en su interés por el desarrollo de la hidrovía durante su intervención en la reunión de presidentes del Mercosur, el 2 de julio pasado.

Dijo que en estos años se aceleró la interconexión logística y que nuestro país quiere impulsar la hidrovía del río Uruguay, para lo cual dialogó con el presidente argentino; si hay avances, lo hará también con su par de Brasil, Jair Bolsonaro. “Tenemos un río esperándonos para poder ser más eficientes y eficaces en el traslado de nuestros productos y gente”, concluyó.

Además, instó a promover el desarrollo vial, ferroviario y energético, y subrayó que esta región tiene en la conservación ambiental un deber moral para las nuevas generaciones.

(Notas y fotos: Presidencia y redacción).

Marcel Burgos, presidente de la Cámara Uruguaya de Franquicias y director de Marcel Calzados, afirmó a Somos Uruguay Revista que, superado el freno que la pandemia impuso en marzo a toda la actividad empresarial, a partir de abril el modelo de franquicias ha vuelto a recuperar rápidamente el impulso que traía de meses anteriores. “Hay inversores que han adoptado el sistema al momento de invertir y argentinos que están viendo la posibilidad de radicarse en el país”, aseguró

No hace falta ser analista económico para darse cuenta de que, cuando la pandemia del COVID-19 comenzó a provocar su impacto en todo el mundo, muy pocos rubros, y en particular las compras de alimentos y medicamentos, se mantuvieron en niveles aceptables. Todo lo demás se desplomó, provocando cierre de actividades comerciales, de tiendas y locales similares. Ese tiempo generó infinidad de problemas a empresarios de diferentes sectores, aunque también implicó la posibilidad de adaptar y variar estructuras hacia adentro, repensar el futuro del negocio y en particular de las franquicias.

Marcel Burgos, director de Marcel Calzados y presidente de la Cámara Uruguaya de Franquicias, explicó que, tras el primer impacto de la pandemia, la caída del consumo y los nuevos hábitos de compra “están llevando a los franquiciados a buscar alternativas junto a los franquiciantes para reacomodar sus propuestas comerciales, estructuras y costos”, y están tratando de renegociar alquileres, cánones, extensión de contratos, al tiempo que buscan fórmulas “para flexibilizar los plazos de pago de regalías y gestionan créditos bancarios que garanticen liquidez”.

La Cámara Uruguaya de Franquicias, Caufran, tiene más de 30 socios activos. Entre todos concentran 2.000 puntos de venta y emplean a más de 20.000 personas, fundamentalmente en los sectores de moda y gastronomía, rubros por demás golpeados por el coronavirus.

La Caufran se fundó en el año 2008, cuando cinco empresarios del segmento se nuclearon para comenzar la actividad. Hoy, a la treintena de empresas afiliadas se une el impulso “denotado por el incremento de marcas internacionales llegando a Uruguay, junto a muchos empresarios locales que comienzan a ver el sistema de franquicias como atractivo para su crecimiento”.

Durante los primeros años, desde su fundación, la Cámara fue presidida por Gabriel Grasiusso (Surplus), luego asumió Fabricio de León (Pappolino), y desde hace tres años la encabeza Marcel Burgos (Marcel Calzados).

“La búsqueda de trabajar en la comunicación del sistema, acuerdos que favorezcan su ejecución y el trabajo desde las universidades en el marco de la educación han sido los pilares del crecimiento del sistema en Uruguay y de las empresas miembros”, sostiene Burgos.

Según se explica en la web de Caufran, “el franchising es un sistema comercial de distribución de productos y expansión de negocios en donde una empresa, dueña de una marca reconocida y exitosa comercialmente, decide compartir con otra (ambas jurídica y financieramente independientes) el uso de su marca y su forma de hacer negocios, transmitiendo toda su experiencia de éxito”.

Sobre esto, Somos Uruguay Revista conversó con Marcel Burgos.

¿Cuáles son los elementos esenciales para mantenerse en el sistema?

Las empresas que trabajan bajo el modelo de franquicia viven en continua transformación, tanto por la tropicalización del modelo en los distintos países como por la lectura del comportamiento del consumidor.

 

¿Es vertiginoso su movimiento?

El movimiento es continuo y genera grandes picos, sobre todo cuando llega la apertura de un nuevo mercado, sea externo como interno.

 

¿Manejan exclusividad de marcas?

La Cámara en sí es abierta a todas las empresas que lleven en su ADN el sistema de franquicias, sea que ya está consolidado o en proceso de consolidación. Nucleamos marcas locales e internacionales que apoyan en la maduración y consolidación del sistema.

 

¿Cuál es la estrategia pospandemia?

La realidad es que si bien la pandemia disminuyó en principio el crecimiento en que venía el sistema, por lo incierto del momento, ya terminado abril retomó la senda de dicho crecimiento, y venimos con muchas consultas de personas que tenían puestos operativos de relevancia en empresas que hoy, luego de la reestructuración, han reducido esos puestos.

También hemos recibido consultas de inversores que han adoptado el sistema al momento de invertir, y también de argentinos que están viendo la posibilidad de radicarse en el país.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro de la industria del calzado, sector en el que usted desempeña su actividad comercial?

La industria del calzado vive y lucha, en competencia con productos que vienen de fuera, como les sucede a todos los sectores del mundo de la moda. Creo que aún hay mercado y oportunidades para la industria nacional, hay que aprender a leerlas. Es necesario identificar cuál es el mercado que tiene la industria para poder fabricar. Hay empresas que exportan en muy pequeñas cantidades.

Así como hay clientes dispuestos a pagar muy caro un par de zapatos italianos, también los hay para comprar un zapato de diseño uruguayo por un valor similar. Tenemos que desarrollar marca país para que eso pase. Se están llevando adelante algunas políticas, pero falta fortalecer más esa parte. Sobre todo, hacer cambiar el chip de los fabricantes; ya no es un tema de fabricar, sino de buscar mercados para ver qué desarrollar.

 

Costos

Según un informe del diario El País del 22 de mayo, “el rango de precios de las franquicias va desde los US$ 10.000 a los US$ 60.000, aunque también las hay más caras”. La inversión varía de acuerdo a la marca y el rubro, pero se ubica en un rango general de US$ 10.000 (microfranquicias) a US$ 60.000. Aunque, debido a la nueva normalidad, se está dando que algunas franquicias están empezando a bajar sus requerimientos para ser más accesibles.

El presidente del Inefop, Pablo Darscht, habló con Somos Uruguay Revista sobre la realidad económica del instituto, los desafíos en el corto y mediano plazo, los planes para su gestión y cómo debe reorganizarse para enfrentar los cambios en el mercado laboral, que se aceleraron con la llegada del COVID-19

 

¿Cómo se organiza y financia el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop)?

El Inefop es una persona pública no estatal que tiene por cometido trabajar en materia de empleo y formación profesional, y se financia con el Fondo de Reconversión Laboral, integrado por un 0,1 por ciento que se descuenta al empleado de su salario, y un 0,1 por ciento que paga el empleador. Toda esa masa de dinero es remitida por el BPS [Banco de Previsión Social] al instituto y con eso nos financiamos.

Una característica muy importante que define su funcionamiento es que es un instituto tripartito. El Consejo Directivo, su organismo de dirección, está integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo —Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Educación y Cultura, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto—, dos representantes del PIT-CNT y dos representantes de los empresarios, uno de la Cámara de Industrias y el restante de la Cámara de Comercio.

Esas siete personas tienen voz y voto en el Consejo Directivo y hay un octavo integrante que representa a la economía social, que tiene voz pero no voto.

Sus áreas de trabajo históricas tienen que ver en primer lugar con brindar capacitación a trabajadores en seguro de desempleo —por ley cualquier persona que acceda al seguro de desempleo tiene derecho a una capacitación gratuita en el Inefop— y, en general, brindar formación profesional a trabajadores tanto en actividad como desocupados y dar apoyo a las empresas para mejorar la competitividad. Estas son las características más relevantes, dentro de los 18 o 19 cometidos que la ley le asigna al instituto.

Tiene 19 sedes en todo el país, y en cada una de ellas trabajan una o dos personas. Tiene un ingreso anual que este año va a rondar los 1.000 millones de pesos y, como hasta el 2016 se invirtió menos de lo que ingresaba, fue acumulando, y al 2016 llegó a tener unos 80 millones de dólares de reserva.

¿Qué importancia le asigna a la formación y reconversión de los trabajadores en las políticas de trabajo?

Es un aspecto clave, y lo era incluso antes del 13 de marzo, porque tiene más que ver con que el mundo del trabajo cambia cada vez más rápido y eso hace que se produzca un desfasaje entre las capacidades que mucha gente tiene y lo que demanda el mercado laboral, a lo que se agrega el problema de un sistema educativo que sobre todo en Secundaria expulsa a siete de cada diez muchachos.

De modo que la cantidad de gente a la que le faltan capacidades para acceder a puestos de trabajo es grande, y por eso los desafíos son en varios frentes.

La pandemia nos desafía aún más, el desempleo va a subir cuatro o cinco puntos, vamos a llegar a un 15 o 16 por ciento. Se estima que, entre quienes vayan terminando el seguro de paro, una proporción importante no volverá a trabajar. Ojalá no sean tantos, pero sin dudas serán muchos miles.

La otra razón es que el COVID-19 generó una aceleración en los procesos de cambio, y muchos de estos puestos, que se pierden, se pierden porque se generan reestructuras dentro de las empresas que fueron disparadas por el coronavirus. Una empresa que descubrió que lo que hacía con diez personas lo puede hacer con ocho, aceleró un montón de procesos que iban a suceder quizás en una década, pero se desarrollaron en tres meses.

Eso genera muchas personas que salen del mercado de trabajo y necesitan reorientarse y adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Ahí tenemos un desafío.

Desde el punto de vista presupuestal el instituto ha gastado buena parte de esos fondos que vino acumulando desde el 2016, y de un superávit de 80 millones de dólares que tenía bajó a unos 30 millones, con un ritmo de ejecución que hace que, si nosotros no tomamos una serie de medidas efectivas, a mitad del año que viene quedaríamos sin reservas y casi sin capacidad de operar.

Ese es el escenario en el que estamos, una demanda cada vez más grande y un escenario presupuestal hacia el futuro mucho más exigente que el que se vivía hasta ahora.

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que impulsará en su gestión, y los principales logros de estos primeros meses?

Que el instituto haya seguido funcionando en el escenario de coronavirus es, de por sí, un logro importante.

El otro es que junto con empresarios y trabajadores logramos acordar un plan estratégico para el próximo período que le va a cambiar bastante el perfil y los focos al instituto.

Esta estrategia tiene tres grandes centros de trabajo. El primero es la formación permanente con las competencias transversales en toda la población en edad de trabajar. En la actualidad, si uno tiene un trabajo y no se está formando todo el tiempo, en cinco años probablemente deje de ser competitivo.

La idea no debe ser ayudar a quien perdió el trabajo, sino tratar de que no lo pierda, y para ello las competencias transversales son muy importantes, porque son aquellas que te sirven para cualquier trabajo y para la vida, como por ejemplo el tener habilidades digitales básicas, poder manejar una planilla de cálculo, poder escribir un mail, poder presentarte en una entrevista de trabajo haciendo un buen currículum, desarrollar empatía. Son habilidades en las que los Estados de todo el mundo están invirtiendo más, porque son las que se lleva el trabajador y no quedan en la empresa.

El segundo foco tiene que ver con brindar formación profesional y orientación que haga posible que la gente elija cosas sensatas, que se adecúen a sus características personales y a lo que el mercado les va a pedir.

El tercer foco tiene que ver con las empresas, y apunta a lograr que aprovechen mejor su talento, vamos a poner énfasis en ese aspecto de la competitividad.

El activo más importante, y lo que determina la productividad y la competitividad de la empresa, es básicamente la gente que tiene y cómo la gestiona, cómo retiene a los que son buenos y los ayuda a progresar.

¿Cómo evalúa los resultados del funcionamiento del Inefop en los años anteriores?

El instituto no tiene un sistema de evaluación de los resultados que obtiene a partir de los dineros que invierte. Esa fue una de las primeras preguntas que hice el 29 de febrero al directorio saliente, y la respuesta fue que se habían concentrado en ejecutar y no tenían una evaluación de los resultados.

Nosotros somos bastante críticos de las iniciativas que se hicieron, casi siempre porque no hay un estudio de resultados y en muchos casos porque los resultados parecen ser malos. Fue todo muy amateur.

¿Qué tan fácil es armonizar la demanda laboral con las posibilidades de capacitación de las personas que quedan sin trabajo?

Las dos cuestiones que nosotros encontramos como más débiles en el instituto fueron la utilización de la información de mercado para determinar qué tipo de capacitaciones se iban a ofrecer y el tema de las evaluaciones que mencionamos.

Hoy no tenemos un sistema de información que nos permita identificar y priorizar las capacitaciones en función de la demanda en el mercado. Manejamos algunas cosas que todo el Uruguay a esta altura sabe.

Por ejemplo, sabemos que se necesitan programadores. Eso es verdad en todo el mundo, no solo en Uruguay, pero con eso no alcanza para que alguien pueda emprender una formación para ser programador. Hay mucha de la gente que accede al instituto, que históricamente ha sido la más vulnerable, que no tiene una formación de base que permita suponer que en seis meses o un año pueda convertirse en un programador.

Sabemos cosas que son obvias, aunque muchas veces son para un segmento muy especial de la población, mientras que otras no las conocemos, o no tenemos un sistema para determinarlas.

Estamos trabajando junto con el Ministerio en eso. Por ejemplo, sabemos que se necesita personal de cuidados, más en un país envejecido como el nuestro, pero no sabemos cuánto se incrementa la demanda, en qué lugares del Uruguay eso es un problema y en cuáles no, qué competencias de entrada se necesitan para poder aspirar a una formación en ese ámbito.

Si le errás al cálculo, es plata perdida y gente frustrada. Quien viene acá, en cierta forma, viene buscando un futuro, y tratamos de convencerle de que se puede y de que le estamos dando una herramienta valiosa. Llegamos a un acuerdo entre lo que le gusta y lo que le sugerimos, y después las expectativas son grandes de que el mercado lo reciba.

Hay una anécdota que aquí se cuenta muy a menudo y que relata que en una población del interior de menos de 10.000 habitantes, que estaba en una situación crítica, el Inefop generó un curso para reparación de celulares, y lo hicieron como 25 personas. Si dividís el número de habitantes con el número de personas, te da una pauta de lo que pasó: casi que terminaron arreglándose los celulares entre ellos; ese tipo de cosas, que de repente son super bien intencionadas, requieren de una calidad de información que muchas veces es difícil de tener, y el instituto no ha generado las herramientas para tenerla y mantenerla actualizada.

¿Qué cambios hubo en materia de gerenciamiento?

En general encontramos un instituto con mucha gente capaz y con la camiseta puesta, y hemos encontrado buena sintonía con propuestas que van hacia cosas nuevas y a cuestionarse verdades indiscutidas.

La pandemia hizo innecesarias algunas discusiones filosóficas que prometían ser interminables, como por ejemplo si toda la capacitación tiene que ser presencial. Hay cosas que es necesario practicar, yo no me dejaría cortar el pelo por alguien que aprendió por internet, pero tenemos que utilizar la tecnología, porque de otro modo los números no nos dan para llegar a la cantidad de gente que debemos llegar, con los recursos que tenemos.

¿Cuántas personas se forman en el Inefop?

El año pasado el instituto formó algo así como 50.000 o 60.000 personas. Una de las cosas que hemos criticado es que el único indicador que se manejaba era eso. Cuántos cursos se contrataron, ni siquiera cuántos se cursaron. Estamos rediseñando para —a partir del año que viene— tener indicadores de gestión que realmente den cuenta de los resultados que se están obteniendo.

¿Este es un lugar sin lucha de clases?

Intentamos que lo sea, todos ponemos nuestro esfuerzo para darnos cuenta de que este es un espacio distinto y que estamos en un siglo distinto, no más en el XX, en el que prevalecía el paradigma de la lucha de clases como la única forma de interpretar las relaciones de trabajo. No sé si es un lugar sin lucha de clases, pero por lo menos no es el paradigma dominante.

El secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, habló con Somos Uruguay Revista sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en el deporte, tanto desde el punto de vista económico como sanitario, y contó cuáles son los planes de su secretaría a fin de poder dar infraestructura para el desarrollo del deporte y atraer eventos deportivos que sirvan para mover la economía del país.

¿Cuál fue el impacto del COVID-19 en el trabajo de la secretaría?

Asumimos el 3 de marzo. Yo estaba recorriendo las plazas de deportes y me llama el presidente para citarme al otro día a Torre Ejecutiva, porque habían llegado los primeros casos positivos [por coronavirus].

A partir de ahí, nos cambió todo lo que teníamos en la cabeza y en la propuesta para llevar adelante. Los primeros 30 días nos dedicamos exclusivamente a prestar nuestras instalaciones tanto al Ministerio de Desarrollo Social como al Ministerio de Salud Pública, para dar lugar al que vive en la calle. Después nuestras plazas de deportes, que estaban cerradas, se utilizaron para la vacunación de la gripe estacional.

Cuando nos empezamos a acostumbrar a la nueva normalidad, les pedimos a las 64 federaciones que tenemos que nos mandaran los protocolos para comenzar a ver de qué manera íbamos a volver a la actividad física.

Antes de asumir teníamos un 64 por ciento de obesidad y sobrepeso en la gente mayor y un 40 por ciento en jóvenes, y esta pandemia nos lleva a números peores. Sabíamos que la obligación de quedarse en casa, y de tener cerrados los clubes y los 4.500 gimnasios que tenemos repartidos en todo el país, iba a traer un caos económico muy complicado y también impactos en la cifra de obesidad y sobrepeso, y en problemas cardiovasculares y respiratorios provocados por no hacer deporte. Se nos presentó una realidad totalmente diferente a la que pensábamos.

¿Cree que el objetivo inicial se puede retomar?

Sí, seguimos trabajando en forma paralela en los protocolos y en la posibilidad de ir abriendo actividades de los deportes sin contacto. Las cifras nos fueron acompañando y los números que hay en Uruguay representan un atractivo para el resto de los países del mundo.

Sobre esa base empezamos a trabajar en las diferentes disciplinas y la posibilidad de recibir ciertos eventos deportivos que sirvan para mover la economía del país. Cada vez que le planteamos al presidente la posibilidad de organizar estos eventos siempre tuvimos el OK, tomando las precauciones y sin público; pero la posibilidad de organizar eventos aunque fuese solo para la televisión ya traía un cierto movimiento económico que era muy bueno.

Comenzamos a trabajar con la federación de automovilismo, con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con el rugby, que es con el que tenemos más adelantado para realizar una Copa América en el Charrúa, trayendo a cuatro o cinco selecciones de América, con una cuarentena primero para después comenzar el evento.

Lo mismo a nivel de la Libertadores. Nos presentamos para que se juegue aquí la final del 2022, y si la Libertadores avanzaba —y no toda la Libertadores, porque quedan 93 partidos, pero si avanzaba—, propusimos hacer en Uruguay semifinal y final, y también volver a tener actividad en automovilismo.

Seguimos trabajando para ayudar a todo lo que es hotelería y restaurantes de todo el país, para que gracias al deporte puedan tener movimiento.

La secretaría tiene la posibilidad de hacer mucho por el crecimiento de la actividad deportiva y todo lo que gira a su alrededor, tanto a nivel de rugby como una carrera de autos, con todo lo que mueve la televisión. Y no solo ayudando a poner en marcha el motor de la economía ahora, sino también por la posibilidad de mostrar un Uruguay serio, un Uruguay que ha reaccionado exitosamente frente a una pandemia, sin una cuarentena obligatoria.

Hasta que no haya una vacuna, es muy difícil abrir las puertas a cualquier escenario o estadio, eso hay que mantenerlo; pero sirve para que conozcan al Uruguay desde la televisación. En el caso del automovilismo o el fútbol, aprovechar que está la televisión para mostrar el país.

¿Cuál es el rol de la Secretaría y la Asociación Uruguaya de Fútbol?

Nosotros siempre pedimos respetar la independencia de las federaciones y las asociaciones. El principal ingreso que tienen las asociaciones y los clubes es la venta de derechos de televisión, y ahí es un evento entre privados, y nosotros lo único que podemos hacer es darles la tranquilidad a los privados de que el negocio es entre ellos, y el Estado no tiene que intervenir. Eso es fundamental para nosotros y también para el presidente de la República.

Con respecto a los negocios que pueden existir entre los privados, es fundamental tener un marco legal y que se cumplan las condiciones. Creo que el fútbol tiene un potencial enorme, como otras disciplinas también, nosotros estamos trabajando no tanto con el fútbol y con el básquetbol, que tienen desarrollada la venta de los derechos de televisión y la posibilidad de seguir creciendo, sino con los deportes menores.

Nuestra idea es que se consiga la posibilidad de tener un canal de televisión para los deportes menores que sirva para difundir las actividades y las disciplinas. Hablamos con el presidente de la Federación de Surf y de la Federación de Equitación; si nosotros mostramos por medio de las competencias las diferentes playas, le estamos haciendo un gran favor al Ministerio de Turismo.

Estamos mostrando el Uruguay por medio del deporte. Hicimos una campaña de tapabocas en que quisimos llevar ese mensaje de que Uruguay le ha tapado la boca al mundo entero gracias a los éxitos deportivos, y no solamente en el fútbol o en el básquetbol, también en el ciclismo y en el rugby.

Esa publicidad ha tenido consecuencias muy buenas no solo desde el punto de vista sanitario en Uruguay, sino en muchos países en los que la levantaron y nos llegaron las felicitaciones.

¿Cuál es la situación en cuanto a la cantidad de población que practica deportes, en este marco de crisis sanitaria?

Tenemos plazas de deportes con las que llegamos a mucha gente. De los 4.500 gimnasios que tenemos, muchos han cerrado y no sé si van a abrir. Hemos tenido contacto con la Cámara de Gimnasios, y están en una situación muy complicada porque, cuanto más chicos son, menos espalda tienen, y han pasado muchos meses sin abrir.

Nosotros no tenemos posibilidades de permitir que abra un gimnasio chico en el que el distanciamiento no se da y los vestuarios no se pueden utilizar. Los clubes más grandes han bancado y de a poco están abriendo, aunque seguimos exhortando a que no abran las piscinas y los vestuarios. Lo hacen más que nada por el uso del gimnasio.

La cantidad de gente que ha dejado de hacer deporte es muy grande y, principalmente, el público de más de 65 años, que fue al que se le pidió que no saliera.

Hoy el mensaje es: si antes del 13 de marzo sus médicos le habían mandado a hacer deporte, y hoy no tiene síntomas, salga a caminar con tapabocas, salga a hacer caminatas al aire libre, porque necesita hacer deporte.

En su visita a la comisión especial que trató la Ley de Urgente Consideración señaló que había algunos aspectos de la seguridad en el deporte que habían funcionado bien. ¿Le parece posible lograr ese sueño de que la gente vuelva a las canchas?

Lo que dijimos en la campaña fue que nosotros no vinimos a refundar un país; las cosas que se han hecho bien y han dado resultado las mantenemos, y las otras tratamos de cambiarlas.

Yo estuve en la AUF en el 2009, y sabíamos que el retiro de la policía de un día para el otro iba a llevar a que se suspendiera el fútbol, teníamos que ir por el camino de las cámaras con una licitación. Hoy tenemos cámaras y tenemos una lista de admisión, y siempre el gran responsable es el que organiza el espectáculo, sea la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Federación de Básquetbol o la Unión de Rugby.

Tiene que mantenerse esa misma lista en todos los espectáculos deportivos de alta concurrencia. Lo que sí agregamos fue el derecho de exclusión, que lo puede hacer tanto el Ministerio del Interior como la AUF.

Si la policía en cualquier estadio veía que había luces de bengala o una pelea, esta tenía que poder ingresar directamente sin el permiso de la AUF. Eso hoy lo planteamos y nos llena de alegría que lo hayan votado todos los partidos políticos, son cambios que se van dando porque la sociedad mostró que el derecho de admisión hay que mantenerlo en quien organiza, pero el derecho de exclusión tiene que ser tanto del que organiza como del Ministerio del Interior. Se ha avanzado mucho con esto.

¿Cuál es el objetivo principal para cumplir en este período de gobierno?

Hay varios, se ha hecho mucha cosa en infraestructura, pero tenemos que poder organizar un evento internacional a nivel de piscina; perdimos Neptuno y la idea es ir por el Campus de Maldonado y hacer una piscina de complemento para poder organizar un mundial o un sudamericano. Ese es uno de los grandes objetivos que tenemos.

También el desarrollo de los deportes menores y ese canal de televisión, que a nosotros nos parece muy importante. Queremos también lograr que el uruguayo tenga cada vez más posibilidades de hacer deportes, tener convenios entre las federaciones y las escuelas para poder llevar más deporte.

Queremos que las personas que están recluidas tengan la posibilidad de hacer deporte, y por eso estamos firmando convenios de las federaciones con el Ministerio del Interior, y que también esa gente nos ayude a armar infraestructura para las plazas de deportes. Ahí tenemos objetivos bien claros que ojalá los podamos llevar adelante.

El jerarca de Peñarol, Jorge Barrera, dijo a Somos Uruguay Revista que un club es una empresa, pero que en un club deportivo los ingresos tienen como objetivo la gloria deportiva; no hay ánimo de lucro, sino búsqueda de éxitos locales e internacionales. Añadió que el equilibrio en el manejo de los fondos y la racionalidad en el gasto también tienen que pensarse en función de los proyectos deportivos. Barrera habló de los desafíos ante la crisis del COVID-19 y la necesidad de la coordinación público-privada para afrontar el desarrollo del fútbol uruguayo

¿Cuál es la situación financiera del club en este momento?

El impacto del COVID trajo consecuencias sanitarias y económicas a todos en Uruguay, en la región y en el mundo, no es el mismo mundo el que tenemos hoy en agosto al que teníamos en marzo, por lo que desde el punto de vista económico indudablemente hay un impacto del que no escapan ni las empresas ni las familias ni las regiones, porque esta es una crisis sin precedentes.

Antes existían crisis regionales, que no afectaban a todos por igual. Hoy la situación ha llevado a tener que minimizar el impacto negativo.

Tenemos un club con evidentes dificultades financieras, que existen en todas las organizaciones que han visto afectado el desarrollo del negocio, pero con solidez económica, y principalmente con la apuesta a las divisiones formativas, que van a implicar no solamente un proyecto, sino la conformación de una realidad: que Peñarol a lo largo de estos últimos diez años es una institución abierta hacia el mundo y a la que los principales equipos de Europa y el mundo miran como un lugar o un valor para poder obtener recursos.

Siempre se puede mejorar el ingreso, siempre se puede mejorar el marketing, o generar mayores ingresos en sponsors, pero creo que es un club que desde el punto de vista económico es sólido, con las lógicas dificultades financieras que ya existían y los efectos negativos que trajo el COVID-19.

¿Cuál es el peso de las diferentes fuentes de ingresos para el club?

La cuota de los socios en los últimos diez años ha tenido un crecimiento importante; porque si uno analiza el año 2007 o 2008, teníamos un caudal social que estaba entre los 8.000 o 9.000 socios, y hoy multiplicamos por 12 el número de socios, pasó a ser una fuente de ingresos importante para el club, con un peso muy superior al que tenía a comienzos de los 2000.

Los ingresos por transmisiones internacionales también se han aumentado, los derechos que se perciben por copas Libertadores y por eventos internacionales también han crecido. Hoy no dependemos solo de un factor de ingresos, sino que, sumando los socios, los derechos de local y los derechos de televisión internacional, y la participación en esos partidos de copa internacional, tenemos un panorama de ingresos que no depende de una sola variable; así que en ese sentido hay distintos campos, distintos rubros para seguir perfeccionando y aumentando los ingresos.

¿Qué diferencias tiene administrar un club de fútbol con administrar cualquier otra empresa o presidir cualquier otra organización?

En primer lugar, la pasión. Peñarol es una institución que genera —no solamente en el ámbito de la racionalidad, sino también en el del corazón, de la pasión y el sentimiento— una motivación muy importante, porque la institución no persigue fines de lucro. Por lo tanto, hay que tratar de conjugar los logros deportivos con la situación financiera.

A diferencia de una empresa común y corriente, donde la motivación puede ser el lucro, acá los ingresos tienen como objetivo la gloria deportiva; por lo tanto, no hay ánimo de lucro en esta institución, sino objetivos deportivos de éxitos locales e internacionales.

Ese equilibrio en el manejo de los fondos, la solvencia patrimonial y la racionalidad en el gasto, tiene que combinarse también con las apuestas deportivas, porque el objetivo final sigue siendo la gloria deportiva, que es por lo que fue creado el club.

En estos tres años de gestión hemos tratado de generar un club cada día más atlético y competitivo. Nuestro club es el Club Atlético Peñarol en todas sus ramas. Por ello hemos desarrollado el fútbol femenino, que no solo es una rama esencial del club, sino que también nos ha dado glorias deportivas, porque somos tricampeones uruguayos. Hemos desarrollado el fútbol sala masculino y femenino, después de 21 años volvimos al básquetbol, y pudimos estar para la próxima administración ya en primera división.

Son objetivos institucionales que no persiguen una rentabilidad, sino que tienen el objetivo de generar fondos y recursos para hacer un club atlético y ganador. Para eso tenemos que tener parámetros que en algunos casos difieren con los que tomamos en cuenta para manejar una empresa que no tenga este fin.

¿Cómo ve las alianzas con clubes internacionales, como la que hizo Torque?, ¿ cree que es bueno para el medio?

Internacionalizar la marca Peñarol fue uno de los objetivos que me propuse en la actual administración, y en línea con eso hemos hecho todas las pretemporadas en el exterior, ya sea en Miami o en Los Ángeles; no solo por la infraestructura que pudieran tener esos lugares, sino como una forma de internacionalizar la marca, como hacen grandes equipos en el mundo, que hacen sus pretemporadas en el mundo como un elemento más de internacionalización.

Si lo entiendo oportuno para Peñarol, claro que considero bienvenido para el fútbol uruguayo la internacionalización, la llegada de capitales, la generación de reglas de juego claras para la inversión, el fair play financiero.

Soy de quienes creen que a través de la sana competencia y a través de los objetivos altos, y de tener la mirada alta, nos beneficiamos todos. No creo en la mediocridad, no creo en las chacras, no creo que haya que emparejar hacia abajo, creo que todos en forma coordinada y con reglas de juego claras podemos mejorar las bases de nuestro fútbol.

¿Cuáles le parece que son los principales cambios que deben hacerse en la estructura del fútbol uruguayo? ¿Es cierto que son muchos cuadros para pocos hinchas?

Acá hay un elemento clave, y es que no puede existir un producto fútbol que se juegue a pérdida; por lo tanto, tiene que equilibrar todo lo que signifique costos de organización, costos de seguridad, el costo del producto fútbol, que hoy está bastante elevado.

Lo primero que hay que tratar de ver es cómo ajustamos los egresos y cómo aumentamos los ingresos. Tener un producto en el cual jugar de local, para muchos clubes, sea deficitario habla por sí solo como para demostrar que se necesitan nuevas bases de racionalidad en el gasto y aumento en los ingresos, que pueda permitir generar sustentabilidad en el mediano y el largo plazo.

No hay una receta única. Como Asociación Uruguaya de Fútbol todos tenemos que estar comprometidos en que hay que mejorar el producto y aggiornarlo a esta realidad pospandemia y a la realidad de precios y transferencias.

Si todas las organizaciones y empresas tienen como objetivo el aggiornamiento a la nueva realidad y las nuevas reglas de juego, el fútbol no puede estar ajeno a eso.

¿Qué se espera de la gestión de Sebastián Bauzá desde la Secretaría Nacional de Deportes?

Como uruguayo, que tenga una gran gestión, en la medida en que soy de los que creen en la coordinación entre lo público y lo privado y no en la confrontación. Creo que los obstáculos que puedan existir en cualquier rama y actividad de la vida solamente se superan a través de la coordinación público-privada.

Mientras todas las instituciones y organizaciones intermedias puedan tener políticas acordadas con lo estatal y lo público, van a dar mejores resultados a todo el Uruguay. Espero una gestión de puertas abiertas, transparente, con profesionalismo, con la que se puedan tener objetivos y resultados que sean medibles y cuantificables.

En la medida en que le vaya bien al Uruguay y a la Secretaría Nacional de Deportes, en la medida en que le vaya bien a la Asociación Uruguaya de Fútbol, también les irá bien a los clubes, que tenemos que ser conscientes de que somos instrumentos importantes no solo en lo deportivo, sino en la función social que se cumple, en formativas, en lo que supone el hábito del deporte, la fortaleza mental, la educación en valores. Hace pocos días inauguré, por ejemplo, instalaciones nuevas de infraestructura en Los Aromos.

Para mí hay tres pilares en los que se tiene que basar la gestión y son: conocimiento, todo lo que significa el avance de la neurociencia, la ciencia, la mejora en los entrenamientos; la aplicación de la tecnología, en el sentido de que haya más y mejor tecnología aplicada al entrenamiento; y el proceso de relacionamiento intenso entre las formativas y el primer equipo, de forma tal de que esa transición pueda ser tomada como un proceso de mayor naturalidad.

Lo que creo para Peñarol lo creo para el fútbol en su totalidad, y eso se hace con coordinación público-privada y teniendo objetivos institucionales bien claros.

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